
La reciente requisa en el penal de Barbadillo, donde se encuentran recluidos los expresidentes Pedro Castillo, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra, desató una ola de críticas y sospechas sobre la motivación real detrás del operativo. Diversas voces, tanto de los propios internos como de sus abogados, denunciaron que la intervención no solo expuso los privilegios de los exmandatarios, sino que habría sido utilizada como maniobra para desviar la atención pública de los cuestionamientos que enfrenta el actual jefe de Estado, José Jerí.
El operativo, ejecutado por la Dirección de Seguridad Penitenciaria del INPE con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), se llevó a cabo el domingo en el penal situado en el distrito de Ate, dentro de las instalaciones de la Diroes de la Policía Nacional.
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De acuerdo con el reporte oficial, Pedro Castillo es el mayor beneficiado en términos de comodidades. En su celda, los agentes hallaron un televisor, una bicicleta para hacer ejercicios, una radio, refrigeradora y una cocina completamente implementada. El reglamento del INPE establece que los artículos electrónicos deben autorizarse para uso colectivo, pero en Barbadillo fueron destinados para uso personal, una irregularidad para la que se ha solicitado el acta de autorización correspondiente al Consejo Técnico Penitenciario al director del penal, Héctor Sandoval.
Por su parte, Martín Vizcarra contaba con una radio, una refrigeradora y un ventilador, mientras que en la habitación de Ollanta Humala se encontró un microondas. En el caso de Alejandro Toledo, en cambio, no se informó sobre el hallazgo de algún objeto ‘irregular’.
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Apuntan a José Jerí
El exmandatario Vizcarra no solo relató que la requisa en su habitación fue exhaustiva, sino que cuestionó públicamente si se aplicaron tratamientos similares al expresidente Alberto Fujimori durante los dieciséis años que permaneció en Barbadillo.
“Fujimori tenía hasta una huerta que cultivaba con todas sus herramientas, incluyendo un tractor. Yo he tenido tres requisas en menos de 24 horas, con fotos publicadas al día siguiente en la prensa. ¡La orden viene de arriba! Reto a Jerí para que venga la próxima requisa a mi habitación, a ver si con ello disminuye la extorsión y el sicariato, hoy desbordados en el país”, señaló.
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El abogado de Ollanta Humala, Wilfredo Pedraza, calificó los hechos como una “indignante y tendenciosa filtración”, y denunció que en menos de veinticuatro horas se realizaron hasta tres revisiones en las celdas, además de la difusión de fotografías en medios.
Pedraza fue más allá y sugirió que la decisión no partió de los trabajadores penitenciarios, sino de instancias superiores, cuestionando: “¿La presidenta del INPE, el ministro de Justicia, el presidente Jerí? Pediremos las explicaciones, aunque es claro que burdamente quieren distraer la atención pública”.

¿Qué cuestionamientos afronta José Jerí?
El jefe de Estado afronta graves cuestionamientos que van desde encuentros clandestinos hasta contrataciones en el Estado de jóvenes que lo visitaron en Palacio.
En diciembre de 2025, fue captado ingresando encapuchado a un chifa para reunirse con Zhihua Yang, empresario vinculado a licitaciones estatales y a figuras investigadas por corrupción y tráfico ilegal de madera. El episodio, bautizado como Chifagate, generó sospechas de tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses.
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La Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar y Jerí, aunque goza de inmunidad presidencial, se ha visto obligado a rendir declaraciones y levantar el secreto de sus comunicaciones. Las versiones contradictorias sobre el motivo de la reunión y la presencia de empresarios investigados agravaron la crisis política y motivado mociones de vacancia y pedidos de renuncia por parte de varias bancadas.
A ello se suma la revelación de que un grupo de jóvenes profesionales logró reunirse con el presidente de la República, José Jerí, en Palacio de Gobierno y, días después de esos encuentros, sus nombres aparecieron vinculados a contratos con diversas entidades del Estado.
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El más reciente, que realizó una fiesta privada con parlamentarios, ministros e implicadas en red de prostitución del Congreso.
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