Fin del INPE y nacimiento de la SUNIR, ¿es una reforma pertinente para el sistema penitenciario?

La reciente publicación del Decreto Legislativo N° 1710 marcó un punto de quiebre en la administración penitenciaria en Perú. El Gobierno, encabezado por José Jerí, dispuso la disolución del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), una entidad que fusiona al INPE, el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ) y el Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (PRONAPRES), todos bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La medida, que se presenta como parte de una reforma integral para responder a la crisis carcelaria, llega en un contexto de extorsiones, fugas, corrupción y el avance del crimen organizado desde el interior de las cárceles. Sin embargo, la pertinencia y el impacto real de esta transformación han sido objeto de debate entre especialistas y exfuncionarios del sector.

De acuerdo con el decreto, la SUNIR asume la administración de los establecimientos penitenciarios, centros juveniles y la ejecución de medidas alternativas a la prisión, así como el seguimiento postpenitenciario de las personas excarceladas. Se le otorga autonomía administrativa, funcional y financiera, aunque no presupuestal, pues toda iniciativa de construcción o mejora de infraestructura seguirá dependiendo de la aprobación del Ministerio de Justicia.

La nueva entidad absorberá funciones relacionadas con la seguridad interna y externa, la formación del personal penitenciario y la coordinación con el sector privado y la sociedad civil para los procesos de tratamiento y reinserción social. El decreto elimina el Consejo Nacional Penitenciario y centraliza el mando en la figura de un jefe de Superintendencia, quien deberá contar con al menos diez años de experiencia general y cinco en cargos directivos. Además, se autoriza la designación de militares o policías en retiro como directivos superiores y se exige una década de experiencia para quienes asuman la dirección de un penal.

Durante el proceso de transición, que tendrá un plazo de noventa días hábiles prorrogables por treinta días calendario, la SUNIR contará con una Comisión de Transferencia que gestionará el inventario y traslado de bienes, personal y recursos. Mientras tanto, el Ministerio de Justicia podrá contratar empresas privadas para controlar el ingreso de visitas y bienes en los penales y centros juveniles.

Pese al anuncio de una reforma estructural, exjefes del INPE han cuestionado el verdadero alcance de la medida. En diálogo con Latina, César Cárdenas sostuvo que “no existe ningún tipo de reforma. ¿Cuál es la propuesta de rehabilitación social que están planteando realizar a propósito de esta reforma? El decreto legislativo no menciona”. El exfuncionario insistió en que la iniciativa resulta intrascendente, pues la SUNIR “mantiene absolutamente igual todo”, limitándose a fusionar estructuras sin modificar modelos de gestión, mecanismos operativos ni programas de rehabilitación.

También advirtió que la nueva entidad carece de autonomía económica real y que las limitaciones presupuestarias que afectan al sistema se mantendrán sin cambios. “Con las limitaciones que tiene el INPE, las limitaciones presupuestales que tiene el PRONACEJ, con esas mismas limitaciones van a funcionar la SUNIR, porque así se está estableciendo en esta norma”, señaló Cárdenas.

Wilfredo Pedraza, exministro del Interior y también exjefe del INPE, coincidió en que la reforma no fortalece la institución, sino que la debilita. Cuestionó la premura del proceso y sugirió que la entrada en vigencia debería posponerse hasta que el próximo gobierno decida si implementa la medida. Pedraza planteó: “Lo más razonable sería que se posponga su entrada en vigencia hasta que el nuevo gobierno decida si lo implementa o no”.

Ambos especialistas resaltaron la ausencia de medidas concretas para enfrentar el hacinamiento, el déficit de infraestructura y la falta de personal. Según Cárdenas, los programas de rehabilitación y capacitación que figuran en el decreto ya existían antes en el INPE, por lo que no habría innovación real en el enfoque de resocialización.