Diciembre cerró un año marcado por la violencia extrema contra la prensa. El asesinato de dos periodistas, atentados a balazos, amenazas directas y agresiones desde el propio Estado configuran, según el Consejo de la Prensa Peruana (CPP), el escenario más grave para la libertad de expresión en décadas. Su informe mensual no solo documenta los casos, sino que advierte sobre un patrón de impunidad que pone en riesgo el derecho de la ciudadanía a estar informada.
El informe del CPP recoge como los casos más graves los asesinatos de Fernando Núñez y Mitzar Castillejos, ocurridos con pocos días de diferencia y en contextos vinculados al ejercicio periodístico.
Fernando Núñez, director del portal informativo Kamila TV, fue asesinado por sicarios en la región La Libertad cuando regresaba a su vivienda tras realizar una cobertura. Su hermano, que lo acompañaba, resultó herido de gravedad.
Núñez investigaba presuntas irregularidades en obras de infraestructura en el distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo. Cuatro personas fueron detenidas por su presunta participación, y las primeras investigaciones policiales apuntan a una coordinación criminal planeada desde un penal, con un pago de S/ 4.000. La principal hipótesis es que el crimen estuvo directamente relacionado con las denuncias difundidas en su programa.
Pocos días después, en Ucayali, el periodista Mitzar Bato Castillejos, conductor de Radio Latin Plus y director del portal Bato a Informarte Noticias, fue atacado por sicarios que le dispararon cinco veces. Aunque inicialmente sobrevivió, falleció días después debido a la gravedad de las heridas. Castillejos investigaba presuntas irregularidades en la gestión municipal de la provincia de Padre Abad.
Atentados armados y amenazas directas
El informe también documenta el atentado contra Anthony Rumiche Rodríguez, periodista de Prensa Callao TV, cuyo vehículo fue atacado con más de 20 disparos por sujetos a bordo de motocicletas. Rumiche no resultó herido, pero había publicado investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción vinculados al gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, actualmente prófugo de la justicia. El propio periodista señaló que no se trata de la primera represalia que enfrenta por su labor informativa.
En otro caso grave, la periodista Karla Ramírez, de Panamericana Televisión, denunció que un allegado del exministro del Interior Juan José Santiváñez habría ordenado su seguimiento y posible eliminación. La periodista accedió a la declaración de un colaborador eficaz, quien sería testigo protegido de la Fiscalía.
Agresiones desde el poder y control institucional
La violencia no solo se expresó en ataques criminales. En Tacna, el periodista Javier Rumiche y su camarógrafo John Altamirano, de RPP, fueron interceptados y retirados violentamente por un escolta presidencial cuando intentaron acercarse al presidente José Jerí durante un acto público al que habían sido convocados. Tras el incidente, el mandatario lamentó lo ocurrido y señaló que ordenó a su equipo de seguridad evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.
El CPP también incluyó en su análisis la designación de Cinthia Vanessa Ramírez Santillana como nueva jefa del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). La funcionaria es hija de la excongresista Robertina Santillana, de Alianza para el Progreso. El Consejo recordó que ha cuestionado reiteradamente la falta de autonomía del IRTP y alertó sobre coberturas sesgadas y despidos de periodistas por sus opiniones.
Leyes que amenazan el acceso a la información
Otro punto crítico del informe es la aprobación por parte del Congreso de una norma que modifica el Código Penal para incorporar el delito de “revelación de información reservada en investigaciones penales y actuaciones policiales”. Aunque la ley incluye una disposición que afirma garantizar la libertad de información y el secreto profesional, asociaciones de prensa advirtieron que la medida podría cerrar el acceso a fuentes clave y generar un efecto inhibidor en el periodismo de investigación.
En contraste, el CPP saludó que la Primera Fiscalía Superior Penal de Lima Este declarara infundada la denuncia del exministro Juan José Santiváñez contra periodistas de Latina por presunto marcaje o reglaje, y ordenara el archivamiento del caso. El reportaje cuestionado había revelado reuniones del exministro con altos funcionarios y el uso de vehículos del Estado.
Un año récord de violencia y una alerta urgente
Según el Consejo de la Prensa Peruana, los asesinatos de Fernando Núñez y Mitzar Castillejos, sumados a los de Gastón Medina y Raúl Celis, convierten al 2025 en el año más sangriento para el periodismo en décadas. De acuerdo con la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, el año pasado se registraron 458 ataques contra periodistas, más de uno por día, y el 70 % de las agresiones provinieron de actores estatales.
El CPP advirtió que la impunidad frente a estos crímenes envía un mensaje devastador para la sociedad y exige que el Estado investigue con rigor los asesinatos, sancione a todos los responsables y adopte medidas efectivas para proteger la vida de quienes ejercen el periodismo.
En un contexto de violencia creciente, amenazas legales y debilitamiento institucional, el informe concluye que defender la libertad de expresión no es solo una causa gremial, sino una condición indispensable para la democracia.
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