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Petroperú: Moody’s rebaja grado de la petrolera a Caa1 y la hunde en el grado especulativo tras abandono del MEF

Hoy los activos de Petroperú valen menos, y prestarle dinero cuesta más. La calificadora adelantó mayores recortes ante una potencial transferencia de la Refinería de Talara

Petroperu - Moodys
Moody’s rebaja la calificación crediticia internacional de Petroperú a “Caa1”, señalando un riesgo elevado de impago y calidad crediticia muy baja.
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La agencia Moody’s Ratings rebajó el 28 de enero de 2026 la calificación crediticia internacional de Petróleos del Perú – Petroperú S.A. de “B3” (equivalente a “B-”) a “Caa1” (“CCC+”), según informó la empresa a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

La perspectiva de la compañía pasó de “Estable” a “Negativa”, de acuerdo con el comunicado oficial. La decisión de Moody’s se vinculó al Decreto de Urgencia N° 010-2025, que contempla la eventual segmentación o transferencia de activos de Petroperú mediante mecanismos liderados por ProInversión.

Moody’s rebaja la calificación crediticia de Petroperú a “Caa1”

La calificación Caa1 se ubica en la parte superior del rango “especulativo” o “basura” y señala un riesgo crediticio muy alto combinado con baja calidad. Aunque sigue reflejando una situación financiera precaria, Caa1 implica que la probabilidad de impago inmediato es menor en comparación con las categorías inferiores como Caa2 o Caa3.

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Mientras que Caa2 indica una vulnerabilidad crítica ante condiciones económicas adversas, Caa3 representa el nivel más bajo, donde la posibilidad de impago resulta inminente. Previamente, Fitch Ratings anunció que retiraría las calificaciones de Petroperú debido a que el Gobierno peruano no brindó la información que requería.

Petroperú
La reciente política del Decreto de Urgencia N° 010-2025 podría debilitar aún más la posición financiera de Petroperú, según Moody’s Ratings.

Según Moody’s, estas medidas podrían afectar la base de activos de la firma, incrementar los riesgos de ejecución y gobernanza, y debilitar las garantías existentes para los acreedores, en especial en lo relacionado con la refinería de Talara, que ya fue anunciada como el primer activo en segmentarse antes de junio del 2026.

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La agencia calificadora señaló que, aunque los covenants actuales resguardan el núcleo de los activos, la implementación de lo estipulado en el decreto añade incertidumbre sobre la estabilidad operativa y financiera de la empresa.

¿MEF está ahogando a Petroperú, para luego justificar su privatización?

La calificación “Caa1” incorpora una suposición elevada de respaldo estatal en caso de necesidad, lo que se traduce en tres niveles adicionales respecto a la evaluación base de crédito (“ca”) de la compañía. Sin embargo, la agencia resaltó que el soporte del Gobierno del Perú ha sido históricamente reactivo y que la visibilidad sobre futuros apoyos es limitada.

Entre los principales factores que fundamentan la nota, mencionó la persistencia de una débil posición de liquidez. Al 30 de septiembre de 2025, Petroperú disponía de 33,9 millones de dólares en efectivo, monto insuficiente para cubrir compromisos inmediatos, incluyendo aproximadamente 400 millones de dólares anuales en pagos de intereses.

Moody’s
Moody’s. Lo único que sostenía el grado de inversión de Petroperú eran los rescates financieros del MEF.

El flujo de caja operativo fue negativo y la empresa mantiene una alta dependencia del refinanciamiento de corto plazo, así como acceso limitado a líneas de crédito no garantizadas.

En el tercer trimestre de 2025, Petroperú presentó EBITDA positivo, situación que representa un hito tras varios periodos de pérdidas, pero Moody’s advirtió que la empresa continúa con un alto apalancamiento, reportando una deuda total ajustada de 6.300 millones de dólares en septiembre, cobertura de intereses negativa y fuerte dependencia de apoyo gubernamental extraordinario.

Las transferencias de activos elevan el riesgo percibido, según Moody’s

La agencia indicó que el panorama negativo refleja la mayor incertidumbre en torno a la ejecución del respaldo estatal y la posibilidad de que los fundamentos crediticios se debiliten aún más a causa de transferencias de activos, insuficiencia de liquidez o restricciones al refinanciamiento. Petroperú es una empresa íntegramente estatal, creada en 1969.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) posee el 40% de la compañía y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el 60%. La capacidad de procesamiento actual de Petroperú es de 122.500 barriles diarios.

La incertidumbre sobre la transferencia de activos clave, como la refinería de Talara, aumenta los riesgos operativos y de cumplimiento para Petroperú. REUTERS/Luisa González
La incertidumbre sobre la transferencia de activos clave, como la refinería de Talara, aumenta los riesgos operativos y de cumplimiento para Petroperú. REUTERS/Luisa González

Moody’s agregó que, en el corto plazo, no se prevé una mejora en la calificación. Para revisar la perspectiva serían necesarios apoyo gubernamental oportuno y efectivo, así como una mejora crítica en la liquidez y en la previsibilidad de los flujos de caja.

Por el contrario, la calificación podría rebajarse aún más si se deteriora la liquidez, se concretan transferencias de activos que reduzcan las protecciones a acreedores o si la empresa realiza operaciones que Moody’s considere intercambios de deuda en condiciones de dificultad.

¿Qué dijo el STAPP de Petroperú?

El sindicato STAPP advirtió que la rebaja de Moody’s confirma el riesgo de que la segmentación de activos impulsada por el DU 010-2025 debilite la protección de la Refinería Talara y comprometa la sostenibilidad operativa de Petroperú, agravando la incertidumbre sobre su papel estratégico en la seguridad energética nacional.

El gremio subraya que, al 30 de septiembre de 2025, la caja de Petroperú solo alcanzaba 33,9 millones de dólares frente a obligaciones de corto plazo que superan los 400 millones de dólares anuales en intereses y una deuda total ajustada de 6.300 millones de dólares.

Para los trabajadores, el decreto no ha traído inversionistas ni mejoró la situación financiera; por el contrario, profundizó la crisis, elevó la presión sobre la liquidez y encareció el acceso a financiamiento, lo que llevó al sindicato a exigir el cambio del equipo económico y el abandono de cualquier ruta de “descuartizamiento” de la empresa.

STAPP también cuestionó la narrativa oficial del Ejecutivo y del MEF sobre un supuesto interés de inversionistas en refinanciar la deuda, señalando que la rebaja de Moody’s demuestra que ese escenario nunca se concretó.

Además, el sindicato vinculó la urgencia del Plan Comercial y la coordinación con ProInversión a una estrategia de privatización por partes, respaldada por el rechazo de otros gremios y actores sociales, y demandó la renuncia de los titulares de Economía, Energía y Minas y la Presidencia del Consejo de Ministros.

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