Defensor del Pueblo busca que el TC se tumbe el decreto de urgencia que privatiza Petroperú

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el decreto de urgencia 010-2025 que “establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la reorganización patrimonial de Petroperú y garantizar la continuidad de la cadena de producción”.

En la demanda a la que accedió Infobae, Gutiérrez denuncia que la referida norma vulneraría la naturaleza y finalidad de un decreto de urgencia, así como los principios de separación de poderes y jerarquía normativa.

En base, el defensor busca que el TC declare inconstitucional el decreto de urgencia que interviene Petroperú y se ordene su expulsión del ordenamiento jurídico. Pero eso no es todo.

Josué Gutiérrez también pide que se declare que toda reforma estructural, reorganización integral o modjficación del régimen jurídico de Petroperú solo puede disponerse mediante una Ley emitida por el Congreso. Esto, dice, con el fin de garantizar el debate parlamentario y la seguridad jurídica.

Asimismo, el titular de la Defensoría requiere que se establezca como criterio vinculante que los decretos de urgencia no pueden “introducir reformas estructurales, reorganizaciones permanentes o alteraciones al régimen de propiedad de las empresas del Estado”. Dichos cambios, sostiene, solo debe hacerlo el Parlamento.

La demanda está dirigida contra el presidente interino José Jerí y el premier Ernesto Álvarez, aunque quien deberá responder en el proceso de inconstitucional, en representación del Poder Ejecutivo, es el procurador público en materia constitucional.

Fundamentos

Según la demanda, el decreto urgencia que interviene Petroperú es “claramente inconstitucional” porque ordena una reforma “permanente y compleja” a una empresa del Estado “estratégica” para el abastecimiento de combustible, sin que, dice, “exista una situación extraordinaria. imprevisible ni urgente”.

Con la emisión del decreto urgencia, sostienen, el Ejecutivo sustituyó indebidamente al Congreso y desnaturalizó la figura de un decreto de urgencia.

Gutíerrez también cuestiona que el Gobierno justifique la medida en la situación financiera de Petroperú cuando esta es “notoriamente estructural y prolongada en el tiempo”, y ha sido advertida “desde muchos atrás” por el Ministerio de Economía y la Contraloría.

“Por tanto, podemos concluir que la crisis de Petroperú no constituye un hecho extraordinario, sino una situación conocida, prolongada y agravada por decisiones de carácter político y no técnico, lo oue excluve de plano su habilitación constitucional para que se emita un decreto de urgencia”, dice la demanda.

El defensor también advierte que el decreto de urgencia no tiene efectos inmediatos, sino “progresivos”, tanto así que “requieren implementación técnica, reglamentación posterior v ejecución a mediano y largo plazo”. “Por ende, podían -y debían- ser discutidas en sede parlamentaria”, señala.

“Así, el Ejecutivo ha creado artificialmente la urgencia, incurriendo en una lamentable usurpación de la función legislativa del Congreso”, dice y sostiene que el decreto implementa cambios permanente y no transitorios como debería ser.

Por otro lado, Josué Gutiérrez afirma que el decreto de urgencia contraviene el principio de jerarquia normativa porque deroga la Ley 28244 que excluyó a Petroperú de las modalidades de promoción de la inversión privada.

Finalmente, saca a colación que en el Congreso se debate un proyecto de ley para privatizar Petroperú, donde se ha solicitado opiniones técnicas a ministerios, asociaciones. Ello, dice, demuestra “el debate y el estudio más profundo que se realiza a nivel legislativo en el marco de un cambio estructural de una empresa del Estado que va a tener impacto en el interés público”.