Relatoras de la ONU condenan no ratificación del juez Oswaldo Ordóñez por parte de la JNJ: “Intento de silenciar”

Las relatoras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Margaret Satterthwaite y Gina Romero, condenaron la no ratificación del juez superior Oswaldo Ordóñez por parte de la cuestionada Junta Nacional de Justicia (JNJ), por criticar las denominadas ‘leyes procrimen’ ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Nos preocupa que estas acciones puedan constituir un intento de castigar y silenciar al juez Ordóñez por ejercer sus derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y por defender la independencia del poder judicial en Perú”, declararon Satterthwaite, quien es relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, y Romero, relatora especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.

Para las expertas, existe la preocupación de que la no ratificación del magistrado Ordóñez “constituya represalia cuya magnitud afecta a todos y todas las juezas del país”.

“Las y los jueces deben poder, individual y colectivamente, participar en el debate público sobre la organización, el funcionamiento y la independencia del poder judicial, de conformidad con sus deberes de discreción y responsabilidad, sin temor a presiones, medidas disuasorias o procedimientos que puedan obstaculizar el ejercicio de sus funciones institucionales”, aseveraron.

Las relatoras especiales siguieron de cerca el proceso de ratificación de Oswaldo Ordóñez, por lo que también cuestionaron las preguntas que se le formuló durante el procedimiento. Como se recuerda, los consejeros de la JNJ realizaron preguntas impertinentes, incluso algunas con intención de burla como las que planteó María Teresa Cabrera.

“Este tipo de preguntas en un proceso de ratificación estándar es muy inusual y es inaceptable que haya resultado en una decisión de no ratificación y separación del cargo”, reprocharon las expertas.

No ratifican al juez Oswaldo Ordóñez

La Junta Nacional de Justicia resolvió no ratificar en su cargo al juez superior Oswaldo Ordóñez Alcántara, tras considerar que al denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las llamadas ‘leyes procrimen’ promovidas por el Congreso peruano y el Ejecutivo, el magistrado habría comprometido su independencia en medio del creciente cuestionamiento internacional sobre el debilitamiento del sistema de justicia en el país. Esta decisión impide que Ordóñez continúe como presidente de la Primera Sala en lo Constitucional de Lima.

Solo los consejeros Francisco Távara y Jaime de la Puente se manifestaron a favor de la continuidad de Ordóñez, mientras que la ponencia que proponía su no ratificación fue presentada por Cayo Galindo y respaldada además por María Teresa Cabrera (presidenta), Víctor Chanduví y Gino Ríos. El consejero Germán Serkovic apoyó únicamente el punto según el cual las críticas de Ordóñez a las normas avaladas por el Congreso debían considerarse técnicas y, por tanto, amparadas por la libertad de expresión.

Durante la sesión de la JNJ, Galindo sostuvo que Ordóñez había “asumido una posición política determinada” ante la CIDH, afirmando que “una mayoría parlamentaria que controla el Congreso, en coordinación con el Gobierno, sistemáticamente viene desestabilizando el sistema de justicia”. Según Galindo, tales manifestaciones resultaron “contrarias o críticas respecto a la actuación de determinados actores políticos” pese a que Ordóñez no identificó explícitamente ni a congresistas ni a bancadas.

La ponencia fue más allá al poner en duda la autonomía del magistrado: “Un magistrado no se puede permitir referir y criticar públicamente a sectores del Parlamento sin que eso ponga en cuestionamiento el deber judicial que le asiste de mostrarse ante la ciudadanía como un magistrado independiente”. Las objeciones recayeron también sobre las advertencias hechas por Ordóñez respecto de leyes que, en sus palabras, estarían “maniatando a los jueces y fiscales en su lucha contra el crimen organizado” y “generando el incremento exponencial de la delincuencia y la inseguridad”.

El informe presentado por Galindo aclara que, si bien hubo una propuesta de no calificar las expresiones de Ordóñez —relativas a la prescripción de delitos de lesa humanidad, la limitación de la colaboración eficaz, el aumento de supuestos de crimen organizado y la legislación sobre minería ilegal— como una falta disciplinaria, esta perspectiva solo encontró el respaldo de Serkovic. El resto de los consejeros consideró que tales opiniones requerían una valoración negativa.

Durante la audiencia, Ordóñez alertó que las declaraciones atribuidas por la JNJ están siendo objeto de una investigación disciplinaria interna, lo que, a su juicio, hacía improcedente valorarlas nuevamente en el proceso de ratificación debido al principio de ne bis in idem, que impide ser sancionado dos veces por el mismo hecho. No obstante, la mayoría de los consejeros desestimó ese argumento.

El efecto inmediato de la decisión adoptada por la JNJ es que Oswaldo Ordóñez queda fuera de su cargo como juez superior de la Corte de Lima. Aunque prevé presentar un recurso de reconsideración, resulta improbable que la Junta revierta la resolución. Ante ese panorama, el magistrado podrá solicitar una demanda de amparo ante el Poder Judicial.

La negativa a ratificar a Ordóñez se enmarca en una serie de actuaciones del Congreso que el magistrado calificó como “leyes procrimen”, citando en particular las normas que afectarían la persecución penal en casos de lesa humanidad y crimen organizado.