
Una madre de familia denunció que su hijo de 30 años, natural de Chiclayo (Lambayeque), habría sido llevado a Rusia bajo una supuesta oferta laboral y actualmente se encontraría en una zona vinculada al conflicto entre Rusia y Ucrania, en medio de reportes sobre presuntos reclutamientos de peruanos con engaños.
De acuerdo con su testimonio brindado a RPP Noticias, el joven trabajaba como agente de seguridad en una mina en Pataz, región La Libertad, cuando recibió una propuesta de empleo en el extranjero con un salario cercano a los 20 mil dólares.
La mujer aseguró que el viaje se concretó el 20 de marzo y que, tras llegar a Rusia, su hijo habría sido obligado a firmar un contrato en idioma ruso cuyo contenido desconoce, lo que habría modificado las condiciones del trabajo ofrecido inicialmente.
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Actualmente, sostiene que el joven se encontraría en la región de Crimea, bajo control ruso, en condiciones de salud complicadas y sin haber recibido el pago prometido, además de estar expuesto a ser enviado a zonas de combate.
“Solo quiero que mi hijo regrese con vida, soy una madre desesperada”, expresó, al señalar que no tiene comunicación con él desde hace una semana.
La familia también denunció que las cuentas bancarias del joven en el Perú habrían sido bloqueadas, lo que ha dejado sin sustento económico al hogar, ya que era el principal apoyo de la familia.
La madre pidió la intervención urgente de las autoridades peruanas para lograr su ubicación y repatriación, en un contexto en el que se han multiplicado las denuncias de ciudadanos peruanos que habrían sido captados con falsas ofertas laborales para ser enviados a zonas de guerra.
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Denuncian red de reclutamiento en Rusia que sería un caso de trata de personas
Las denuncias sobre peruanos que habrían sido enviados a la guerra entre Rusia y Ucrania bajo falsas promesas laborales continúan en aumento. Familiares y representantes legales sostienen que los ciudadanos fueron contactados principalmente a través de redes sociales y ofrecimientos de empleo en seguridad, cocina, mecánica o vigilancia, con salarios que alcanzarían los 20 mil dólares.
De acuerdo con testimonios recogidos en distintos casos, los viajes se habrían concretado tras la firma de contratos en condiciones poco claras, en algunos casos redactados en idioma ruso y suscritos en espacios informales. Una vez en territorio ruso, las condiciones habrían cambiado, siendo derivados a entornos militares donde recibirían entrenamiento previo antes de ser enviados a zonas de combate.
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El abogado de las familias, en declaraciones a medios locales, estimó que al menos 600 peruanos habrían viajado a Rusia desde octubre del año pasado, aunque precisó que la cifra podría variar. Además, señaló que existe un reporte preliminar de al menos 13 peruanos fallecidos en la guerra entre Rusia y Ucrania.
De los peruanos reclutados, solo una minoría correspondería a exmilitares o expolicías con permisos tramitados ante la Cancillería, mientras que la mayoría serían civiles sin formación castrense.
En paralelo, el representante legal advirtió que actualmente patrocina más de 130 casos de familias afectadas y que la cifra continúa en aumento conforme surgen nuevos reportes.
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El partrón de la red de reclutamiento
El informe presentado el 29 de abril de 2026 en Kiev por la FIDH, Truth Hounds y el KIBHR advierte sobre el reclutamiento de combatientes extranjeros por parte de Rusia en el contexto de la guerra en Ucrania. El estudio, elaborado tras nueve meses de investigación en América Latina, Asia Central y África, recoge testimonios de prisioneros de guerra y analiza posibles casos de explotación.
El documento señala que desde 2022 Rusia habría reclutado al menos 27.000 extranjeros de más de 130 países, con entre 1.000 y 8.000 provenientes de América Latina. También reporta un incremento superior al 30% en el número de combatientes extranjeros entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, y proyecta que podrían sumarse otros 18.500 antes de finalizar el año.
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Aunque Perú no figura mencionado en el informe, se advierte que la situación descrita en el estudio coincide con denuncias registradas en distintos países de la región, donde también se reportan casos de captación de ciudadanos mediante contratos que habrían sido presentados como legales, pero con presuntas prácticas de engaño o manipulación.
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