Divide y perderás: Petroperú y un error de cálculo del MEF que podría dejar en jaque al país

El reciente proceso de reorganización patrimonial de Petroperú, autorizado por el Decreto de Urgencia 010-2025, ha puesto en evidencia un error técnico de fondo: se pretende valorar la empresa estatal por bloques, con un enfoque estático y contable, en lugar de considerar su valor integral, basado en las sinergias y en la importancia estratégica de la integración vertical.

Esta decisión no solo debilita a la principal petrolera del país, sino que revive riesgos asociados a las privatizaciones de los años noventa, cuando la desintegración de activos estatales resultó en ventas a precios bajos y pérdida de segmentos clave del mercado frente a oligopolios privados.

Petroperú: ¿Un problema de integración vertical?

Jaime Luyo Kuong, director del Competitiveness and Sustainable Development Institute, profesor y excoordinador del Programa Doctoral en Energética de la UNI, explicó que, a pesar de los problemas financieros recientes, los análisis técnicos coinciden en que la crisis de Petroperú es de naturaleza coyuntural y responde a factores externos y a deudas históricas del Estado con la empresa.

La situación, explicó durante una presentación ante el Colegio de Ingenieros del Perú – CD Lima, no responde a una inviabilidad estructural, sino a desafíos puntuales que pueden revertirse con políticas adecuadas y el pago de las obligaciones estatales pendientes.

Jaime Luyo advirtió que el Decreto de Urgencia 010-2025, promulgado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el 31 de diciembre de 2025, abre la puerta a una “privatización encubierta”, bajo el argumento de asegurar la continuidad operativa de Petroperú.

Pero, ¿cuáles son los problemas con que Petroperú no cuente con integración vertical? Luyo explica:

• Menor rentabilidad y eficiencia: Sin integración, pierde las sinergias que aumentan la rentabilidad en toda la cadena de valor (exploración, producción, refinación, distribución y comercialización).
• Mayor dependencia de terceros: Al no controlar toda la cadena, debe depender de proveedores y empresas externas en etapas clave, lo que puede encarecer los costos y dificultar el abastecimiento.
• Riesgo para la seguridad energética: Al fragmentarse o privatizarse en bloques, se puede comprometer la continuidad del suministro nacional de combustibles, especialmente a regiones alejadas y estratégicas.
• Pérdida de poder en el mercado: Dividir la empresa reduce su capacidad de competencia frente a oligopolios privados, lo cual puede reflejarse en mayores precios para los consumidores finales.
• Débil respuesta ante emergencias: Sin una estructura integrada, se limita la capacidad para responder oportunamente ante crisis energéticas, catástrofes o necesidades estratégicas de defensa nacional.

La experiencia de otras petroleras públicas en la región, según Jaime Luyo

El decreto, aprobado entre gallos y medianoche, autoriza la reorganización patrimonial de Petroperú, habilita transferencias de capital público y faculta a ProInversión a gestionar el proceso.

Esto incluye la división de activos en bloques —tanto tangibles como intangibles, como la Nueva Refinería de Talara— y la posible selección de operadores privados para su operación y mantenimiento. El plan debe aprobarse en un plazo máximo de 60 días y prioriza el pago de pasivos críticos.

En la región, explica Luyo, las principales petroleras estatales (como Petrobras, Pemex y Ecopetrol) han mantenido modelos de integración vertical, a diferencia de Petroperú, que únicamente opera en refinación y distribución.

Para el también exviceministro de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), la fragmentación propuesta omite el valor sinérgico de la integración y debilita la capacidad del Estado para garantizar precios accesibles, abastecimiento seguro y control sobre el mercado energético nacional.

El Estado peruano también le debe a Petroperú

Según Luyo Kuong, el decreto surge en un contexto donde el 80% de la oferta energética y el 90% del consumo nacional dependen de hidrocarburos, y el país importa el 85% del petróleo que consume.

Petroperú enfrenta deudas históricas del Estado superiores a 3.000 millones de dólares, una de las causas de su actual situación financiera. Pese a ello, la empresa ha sido rentable en la mayor parte de sus casi 60 años de operaciones y proyecta recuperación tras la entrada en operación de la Nueva Refinería de Talara.

Por tal motivo, el ingeniero recomendó blindar a Petroperú frente a intereses políticos y particulares, evitar la venta o privatización por bloques, exigir el pago de las deudas estatales y definir una política energética de largo plazo basada en la integración y sostenibilidad.

Finalmente, propuso además derogar el Decreto de Urgencia 010-2025 y dejar las decisiones estructurales al próximo gobierno, que deberá abordar la situación con visión estratégica y nacional.