El Ministerio Público emitió un fallo que marca un nuevo capítulo en el proceso judicial seguido contra Natalia Málaga, luego de dos años de investigaciones y diligencias.
La exintegrante de la selección peruana de vóley fue declarada culpable por daños materiales ocasionados a los vehículos de Francisco Ayllón y de su esposa, Jessica Zegarra. La resolución establece una reparación civil y la reserva del fallo condenatorio, tras la aceptación expresa de los cargos por parte de la acusada.
El caso, que tuvo amplia exposición mediática desde marzo de 2024, avanzó hasta una sentencia producto de un acuerdo entre la defensa, la Fiscalía y la parte agraviada.
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El fallo fiscal y la aceptación de responsabilidad

La resolución fue emitida el 23 de enero y señala que Natalia Málaga aceptó el delito imputado luego de coordinar con su defensa legal. En el documento judicial se precisa que la exdeportista reconoció su participación en los hechos investigados, lo que permitió cerrar el proceso mediante una sentencia de conformidad.
El fallo dispone la reserva del pronunciamiento condenatorio, figura legal que suspende la imposición inmediata de una pena privativa de libertad, siempre que se cumplan determinadas condiciones. Esta medida fue adoptada tras la admisión de culpa, elemento clave para la reducción de la sanción originalmente solicitada.
Según se detalló en el expediente, la denuncia fue presentada por Francisco Ayllón, hijo de la cantante Eva Ayllón, tras registrarse daños en su vehículo y en el de su esposa. La investigación concluyó que los hechos sí ocurrieron y que la responsabilidad recaía en la exvoleibolista.
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Daños a los vehículos y hechos acreditados en el proceso

El caso se originó en marzo de 2024, cuando se difundieron imágenes que mostraban actos de daño contra los automóviles de la pareja denunciante. En un primer momento, Natalia Málaga negó los cargos y sostuvo que el incidente se produjo por un resbalón accidental. Sin embargo, las pruebas recopiladas durante la investigación permitieron acreditar la afectación material.
El proceso judicial determinó que los rayones no ocurrieron en una sola ocasión. De acuerdo con la información consignada en la sentencia, los hechos se registraron en dos fechas distintas: el 18 y el 27 de marzo de 2024. Este detalle fue determinante para la evaluación del caso y la calificación de la conducta.
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Durante las diligencias también se incorporó material audiovisual que reforzó la versión de los denunciantes. La Fiscalía consideró que existían elementos suficientes para sostener la acusación, lo que derivó en la aceptación de cargos como vía para concluir el proceso.
Reparación civil y reglas de conducta impuestas

Como parte de la sentencia, se estableció que Natalia Málaga deberá pagar una reparación civil ascendente a S/5.000. El monto será cancelado en tres cuotas: una inicial de S/2.000 y dos pagos posteriores de S/1.500 cada uno. Esta suma corresponde al resarcimiento por los daños ocasionados al vehículo de Jessica Zegarra.
Además del pago económico, la resolución fija una serie de reglas de conducta que la acusada deberá cumplir durante el periodo establecido. Entre ellas figuran la obligación de no cometer otro delito doloso, presentarse periódicamente al control biométrico y cumplir con el íntegro de la reparación civil fijada.
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En cuanto a la sanción penal, el pedido inicial de un año de prisión efectiva quedó en suspenso. La pena acordada fue de diez meses y trece días, la cual se mantiene en reserva siempre que se respeten las condiciones impuestas por la autoridad judicial.
La posición de la defensa de la parte agraviada

El abogado de Jessica Zegarra, Julio César Barrenechea, explicó que la sentencia fue el resultado de un acuerdo alcanzado entre las partes involucradas y el Ministerio Público. Según indicó, la aceptación de responsabilidad permitió reducir la pena y cerrar un proceso que se extendió por dos años.
“Se ha emitido sentencia porque fue producto de un acuerdo, primero con el Ministerio Público y luego con la parte agraviada. Ella se declara culpable de haber rayado el carro de mi patrocinada, a cambio de obtener una reducción de la pena”, señaló el letrado.
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Barrenechea también precisó que la reparación civil inicialmente solicitada era mayor y que el monto final respondió a una evaluación de los daños acreditados. Asimismo, destacó que la resolución reconoce la afectación sufrida por su patrocinada y establece mecanismos para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto.
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