Policía Nacional reporta 512 denuncias por extorsión en 2026, casi la mitad que en 2025, pero las cifras no convencen a los peruanos

La gestión del presidente José Jerí enfrenta una creciente presión pública, no solo por el escaso avance en la lucha contra la criminalidad, sino también por las controversias surgidas tras reuniones con el empresario chino Zhihua Yang. A ello se suman las cifras oficiales sobre homicidios y extorsiones difundidas por la Policía Nacional del Perú (PNP), que han generado más cuestionamientos que tranquilidad en medio de una ola de violencia que golpea a diversos sectores sociales y económicos. La percepción de inseguridad persiste y las medidas adoptadas por el Ejecutivo no logran revertir la desconfianza ciudadana.

El inicio de 2026 ha estado marcado por una serie de protestas y movilizaciones, especialmente entre trabajadores del transporte, quienes denuncian ser blanco frecuente de la extorsión y el sicariato. A pesar de la publicación de nuevas leyes y la implementación de estados de emergencia, la sensación generalizada es que la criminalidad sigue desbordando la capacidad de respuesta estatal. Las estrategias gubernamentales, aunque exhibidas como avances, son vistas por distintos sectores como insuficientes.

En redes sociales y espacios públicos, la gente expresa su preocupación por la persistencia de delitos graves y la aparente manipulación de los datos, mientras expertos advierten sobre el riesgo de que los esfuerzos oficiales se limiten a respuestas coyunturales sin impacto estructural. La tensión social se refleja en paros sectoriales y en la convocatoria de nuevas marchas, con la exigencia de soluciones concretas y una mayor transparencia en la gestión de la seguridad.

Cifras de la PNP muestran leve descenso en extorsión

Entre el 1 y el 19 de enero de 2026, la Policía Nacional del Perú informó sobre 512 denuncias por extorsión, una cifra que, si bien representa una reducción respecto al mismo periodo de 2025 (1.101 denuncias), resulta apenas menor que la registrada en 2024 (833) y 2023 (597). Esta aparente disminución ha sido utilizada por la PNP para destacar una supuesta mejora en la seguridad.

“Presentamos los cuadros comparativos de homicidios y extorsiones a nivel nacional, correspondiente al periodo del 01 al 19 de enero de los últimos cuatro años. Esta información estadística permite orientar de manera estratégica las acciones policiales de prevención, control y lucha frontal contra la criminalidad en todo el país. Resultados en cifras, más seguridad en las calles. ¡Estamos trabajando!”, compartió la PNP en sus redes.

En cuanto a los homicidios, las cifras oficiales también muestran una tendencia descendente. Según el Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL), entre el 1 y el 19 de enero de 2026 se registraron 125 homicidios, mientras que en el mismo periodo de 2025 fueron 156, en 2024, 135, y en 2023, 137.

La reducción de los números, aunque significativa en comparación con 2025, no logra ocultar el hecho de que la criminalidad continúa siendo uno de los problemas centrales del país. La magnitud de la problemática ha obligado al Estado a prorrogar repetidamente los estados de emergencia, además de motivar protestas como el reciente paro de transportistas, uno de los sectores más golpeados por el crimen.

Usuarios ponen en duda los datos de la PNP sobre criminalidad

La presentación de las cifras por parte de la PNP no ha pasado desapercibida para la población. En la publicación oficial en Facebook, los usuarios manifestaron su escepticismo y lanzaron críticas directas sobre la fiabilidad de los datos. Varias personas sugieren que los números podrían estar “alterados” o ser consecuencia de denuncias no recibidas por las comisarías.

Entre los comentarios más destacados se encuentran: “Es fácil alterar los números; basta con no recibir denuncias en las comisarías, omitir ciertas denuncias y luego no registrarlas. Así cualquiera reduce la tasa de criminalidad”, “Es obvio que las cifras bajan si no quieren aceptar denuncias”, y “¿De qué nos sirven tus datos si los crímenes continúan? Mejor informen cuántos extorsionadores fueron detenidos, ese es su verdadero trabajo, no solo mostrar estadísticas”.

La brecha entre la percepción ciudadana y el discurso oficial se amplía frente a la falta de información sobre el número de detenidos o la resolución efectiva de casos. Además, persiste la sospecha de que la reducción de denuncias responde más a una disminución de la confianza en la policía que a una efectiva mejora de la seguridad. El descreimiento es hoy un factor determinante en la relación entre ciudadanos y autoridades.

Estado de emergencia prolongado y restricciones a motociclistas

En respuesta al incremento de la violencia, el Gobierno prorrogó el estado de emergencia por treinta días en Lima Metropolitana y Callao, así como en provincias críticas como Tumbes, Zarumilla, Trujillo y Virú. La medida, respaldada por el despliegue conjunto de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, restringe derechos constitucionales y busca contener la expansión de las bandas organizadas mediante operativos focalizados y patrullajes. El Ejecutivo sostiene que esta acción es imprescindible para restablecer la seguridad, aunque el impacto real sigue siendo motivo de debate.

Entre las disposiciones implementadas destaca la reciente restricción a los motociclistas: desde el 15 de enero de 2026, en Lima y Callao, está prohibido que dos adultos circulen juntos en una motocicleta. La norma, justificada como una herramienta para combatir el sicariato y la extorsión cometidos en moto, fue recibida con rechazo por miles de trabajadores que dependen de este medio para su sustento. Solo dos mil efectivos policiales están asignados a fiscalizar el cumplimiento de la medida, un número considerado insuficiente por expertos y gremios.

El presidente de la Asociación de Motociclistas del Perú, Ricardo Millones, denunció que la norma es discriminatoria y carece de sustento técnico. “La sociedad ve mal a los motociclistas. Nos atacan con normas que afectarán la economía de decenas de miles de personas”, señaló Millones, subrayando que la medida vulnera derechos fundamentales al libre tránsito y trabajo. Desde el Gobierno, en cambio, se insiste en la necesidad de mantener la restricción mientras dure la emergencia, con la promesa de evaluar su eficacia a corto plazo.

Como parte de las estrategias para proteger al sector transporte, se promulgó la llamada “ley contra la extorsión”, que contempla un fondo estatal para la reparación económica de las víctimas, financiado con dinero público y bienes incautados a organizaciones criminales. Sin embargo, el reglamento publicado no establece con claridad los mecanismos de acceso ni las equivalencias económicas, lo que genera incertidumbre sobre su real alcance y aplicación.

Exigen respuestas concretas contra la criminalidad

Pese al endurecimiento de las medidas y la retórica oficial sobre la disminución de delitos, la criminalidad mantiene su peso sobre la vida cotidiana. El pasado 14 de enero, más de 20.000 unidades de transporte dejaron de operar en Lima y Callao durante un paro de 24 horas, convocado para exigir mayor seguridad tras diversos ataques y asesinatos de conductores y empresarios. La paralización evidenció el impacto directo de la violencia en el sector y la falta de respuestas satisfactorias por parte del Estado.

Al mismo tiempo, la indignación social se canaliza a través de nuevas movilizaciones. El colectivo Generación Z anunció una “Marcha de Sacrificio” para el 28 de enero, con la participación de delegaciones de regiones como Puno, Ayacucho y Cusco, que exigen justicia para las víctimas de la represión y la reactivación del equipo especializado en casos de violencia institucional. Bajo el lema “No heredamos el miedo, heredamos la memoria y la lucha”, los jóvenes buscan visibilizar que la demanda de justicia trasciende a las regiones y constituye una exigencia generacional.

La extensión de los estados de emergencia y las restricciones excepcionales no han frenado la persistencia del crimen ni han restablecido la confianza en las instituciones. Los peruano exigen respuestas profundas y efectivas que vayan más allá de las cifras oficiales y los anuncios coyunturales. El reto del Gobierno es recuperar la credibilidad y garantizar una seguridad real, mientras el país sigue enfrentando el desafío de la violencia y la desconfianza.