Prohíben circulación en moto con dos personas: ¿Qué sucede si el conductor infringe más de una vez la norma?

Rafael Rivera, especialista legal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), detalló que la restricción afecta a todas las motocicletas clasificadas en las categorías L1 y L3

Guardar

El Gobierno de Perú implementó una medida que prohíbe a los motociclistas circular con dos adultos a bordo en zonas declaradas en estado de emergencia. La gestión de José Jerí señala que esta medida tiene el objetivo de reducir el uso de este vehículo en delitos como robos, extorsiones y sicariato. Desde el 20 de enero de 2026, esta restricción, vigente en Lima Metropolitana y Callao, cuenta con sanciones específicas para quienes la infrinjan.

El Ministerio de Transportes y
El Ministerio de Transportes y la Policía Nacional anuncian penalidades elevadas y la posible retención del brevete ante la reincidencia en la infracción de tránsito establecida para motociclistas| Andina

¿Qué sucede si el conductor infringe más de una vez la norma?

Rafael Rivera, especialista legal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), detalló a TV Perú que la restricción afecta a todas las motocicletas clasificadas en las categorías L1 y L3, incluyendo modelos eléctricos. La norma, que prohíbe que dos adultos viajen juntos, no contempla excepciones, ni siquiera para familiares o cónyuges.

La Policía Nacional del Perú (PNP) será la encargada de fiscalizar el cumplimiento. La primera infracción implica una multa de 660 soles, equivalente al 12 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), junto con la resta de 50 puntos en el récord del conductor.

En caso de reincidencia, la sanción aumenta a 1.320 soles (24 % de la UIT) y 60 puntos menos, lo que puede derivar en la suspensión de la licencia de conducir, según confirmó el general Humberto Alvarado López, director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial.

Un integrante de la Policía
Un integrante de la Policía de Transito habla con un motociclista este lunes, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Sanciones se aplican desde el 21 de enero

La prohibición de dos pasajeros adultos en motocicleta fue aprobada originalmente en octubre de 2025 por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), aunque hasta ahora no contaba con sanciones específicas. El Decreto Supremo N° 002-2026-MTC, publicado el 15 de enero de 2026, introdujo el régimen sancionador que permite la aplicación efectiva de la restricción.

La PNP comenzaría a imponer las sanciones desde el 21 de enero, luego de un periodo de sensibilización. Los operativos abarcan toda Lima Metropolitana y Callao, donde la emergencia fue prorrogada por 30 días mediante el Decreto Supremo N.º 006-2026-PCM.

¿Hasta cuándo estará vigente?

La vigencia de la prohibición se mantendrá mientras dure el estado de emergencia, según el MTC. Rivera recalcó que la infracción se extiende también a otras restricciones de tránsito establecidas durante situaciones excepcionales y que la norma no prevé excepciones para ningún tipo de relación entre los ocupantes.

“El viaje solo puede continuar con uno de los ocupantes”, precisó el especialista del MTC. Es decir, que una vez efectuada la multa, el acompañante debe bajar de la unidad.

A partir de hoy, la Policía Nacional del Perú (PNP) comenzó a fiscalizar la norma que prohíbe la circulación de dos personas en una motocicleta en Lima y Callao. La medida busca reducir los índices de delincuencia y establece multas de S/660 para los infractores. Panamericana TV

Cabe recordar que esta es una de las solicitudes del gremio de transportistas al presidente José Jerí en el paro realizado hace días. Asimismo, esta normativa también entró en vigencia en la gestión de Dina Boluarte, pero no se aplicó con multas.

Por su parte, la comunidad de motociclistas de Perú manifestó un rechazo abierto al nuevo decreto que prohíbe la circulación de dos adultos en una motocicleta, advirtiendo que, de no ser atendidas sus demandas, convocarán a un paro nacional. Los principales gremios del sector exigen la derogación de la norma, la implementación de una fiscalización focalizada en zonas de alta incidencia delictiva y mayor diálogo en la elaboración de políticas públicas.