Cifras de la Policía y Fiscalía sobre extorsión muestran desfase de más de 2 mil casos y una extraña caída abrupta que genera desconfianza

El analista de datos Juan Carbajal advirtió sobre un desfase significativo y una caída abrupta en los registros de denuncias por extorsión durante 2025, además de la ausencia de información sobre conductas indebidas del personal policial desde septiembre. Según Carbajal, esta situación cuestiona la transparencia y confiabilidad de los datos oficiales en materia de delitos y faltas policiales en el Perú.

“Hoy quiero llamar la atención sobre una situación muy particular que genera desconfianza (por decir lo menos) en los registros de denuncias por extorsión: desfase y reducción abrupta de registros”, escribió el experto en su cuenta de X.

Las discrepancias en los registros oficiales han generado inquietud entre expertos y ciudadanía, quienes observan que la información pública disponible no refleja adecuadamente la magnitud real de la criminalidad. Carbajal señaló que la reducción abrupta de reportes y la falta de actualización en plataformas oficiales alimentan la desconfianza respecto al manejo y publicación de estadísticas sobre seguridad ciudadana.

La falta de claridad en los datos oficiales deja en evidencia la necesidad de mecanismos de control y verificación independientes que permitan evaluar la gestión y respuesta de las instituciones encargadas de combatir el delito y las faltas policiales.

Inconsistencias en las cifras oficiales sobre extorsión en 2025

Durante 2025, los datos oficiales revelan un desfase sostenido entre los registros del Sistema Informático de Denuncias Policiales (SIDPOL) de la Policía Nacional del Perú y los del Ministerio Público. A nivel nacional, el Ministerio Público reportó 28.948 denuncias por extorsión, mientras que el SIDPOL solo registró 26.585, una diferencia de 2.363 casos. En Lima Metropolitana, el desfase también es notorio: el Ministerio Público reportó 12.159 denuncias, frente a las 11.192 del SIDPOL, lo que representa una diferencia de 967 casos.

Este fenómeno se mantiene de manera constante a lo largo del año. Por ejemplo, en abril, el Ministerio Público consignó 2.742 denuncias a nivel nacional, mientras que el SIDPOL registró 2.642. En octubre, la diferencia volvió a ampliarse, con 2.553 casos reportados por el Ministerio Público y 2.414 por el sistema policial. Estas cifras demuestran que una parte significativa de los casos denunciados no sigue el mismo recorrido institucional, o es registrada en momentos distintos por cada entidad.

El desfase se vuelve todavía más evidente hacia el cierre del año. En diciembre, el SIDPOL reportó solo 1.259 denuncias, mientras que el Ministerio Público registró 1.835 casos. Esta brecha podría explicarse por retrasos en la carga de información, diferencias en los canales de denuncia o cambios administrativos ocurridos tras el relevo gubernamental. La persistencia de este desfase apunta a una falta de articulación entre los sistemas de registro y genera interrogantes sobre la verdadera dimensión de la extorsión en el país.

Caída inusual y falta de datos en las denuncias por malas prácticas policiales

“La caída abrupta en los registros de denuncias por extorsión en los meses de noviembre y diciembre de 2025 se contradice con la realidad actual del país, donde las extorsiones no cesan ni muestran una disminución. ¿Qué está pasando?”, cuestionó Carbajal.

Las denuncias por conductas indebidas del personal policial y del Sector Interior, gestionadas por la Central única de Denuncias (CUD) del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, mostraron una evolución irregular a lo largo de 2025. Durante el primer semestre, los registros se mantuvieron altos y relativamente estables, con picos de 418 quejas en enero y 417 en junio, lo que evidenciaba una demanda constante de atención ciudadana sobre el comportamiento policial.

A partir de agosto, la tendencia cambió de forma drástica. En ese mes, los registros descendieron a 173 denuncias y en septiembre a 166, marcando una caída abrupta en comparación con los meses previos. Lo más preocupante es que, desde septiembre, no existen registros visibles de meses posteriores, lo que sugiere una interrupción en la publicación o actualización de los datos, más que una disminución real y sostenida de las denuncias.

La ausencia de información reciente ha generado numerosas dudas sobre la continuidad y confiabilidad del sistema de reporte. Entre las principales denuncias destacan negligencia en el ejercicio de funciones, abuso de autoridad, actividades ajenas al servicio y negarse a recibir o registrar denuncias. Este vacío informativo podría estar vinculado, según Carbajal, a cambios administrativos, ajustes en la plataforma de la CUD o problemas en la consolidación de los datos, pero en cualquier caso afecta la transparencia y dificulta la vigilancia ciudadana sobre el desempeño policial.

Jerí defiende resultados contra la criminalidad

El presidente José Jerí afirmó el 8 de enero que las cifras sobre criminalidad en el país “han comenzado a descender”, aunque reconoció que no ha sido sencillo revertir la situación. Jerí explicó: “No ha sido fácil poner en verde la situación”, aludiendo a las dificultades enfrentadas por la administración actual para recuperar la capacidad de respuesta de las instituciones de seguridad.

Jerí anunció que en los próximos días se presentarán oficialmente los resultados junto al nuevo plan de seguridad ciudadana, señalando que la publicación de estas cifras será parte de la antesala para explicar las acciones emprendidas por el gobierno. Además, el presidente adelantó que se declarará en emergencia la provincia de Pisco, en respuesta a los altos niveles de inseguridad detectados en la zona, cumpliendo así un compromiso previo asumido por el Ejecutivo.

A pesar de este anuncio, la persistencia de brechas en los registros y la falta de información actualizada alimentan la preocupación pública respecto a la transparencia y efectividad de la gestión en materia de seguridad. Las declaraciones oficiales contrastan con la percepción ciudadana y las advertencias de analistas sobre las deficiencias en los sistemas de registro y la necesidad de garantizar datos confiables y accesibles para evaluar el avance en la lucha contra la criminalidad.