La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió otorgar medidas cautelares a favor del pueblo indígena Kakataibo en situación de aislamiento que habita la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur, ubicada entre Ucayali, Huánuco y Loreto. La decisión, adoptada el 1 de marzo de 2026 mediante la Resolución 13/2026, responde a una evaluación de riesgo que considera que sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan una amenaza grave y urgente.
La resolución se produce en un contexto marcado por denuncias sostenidas sobre deforestación, concesiones superpuestas, asentamientos irregulares, pistas clandestinas y actividades ilícitas violentas dentro del territorio protegido. Para la CIDH, los hechos reportados desde 2020 evidencian que la situación no solo persiste, sino que muestra un incremento progresivo sin que existan elementos que permitan constatar una mitigación efectiva del riesgo.
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CIDH advierte riesgo irreparable para el pueblo Kakataibo en aislamiento
De acuerdo con la solicitud presentada ante la CIDH, terceros estarían realizando tala ilegal, instalación de pistas de aterrizaje clandestinas, expansión de cultivos ilícitos y ocupaciones irregulares dentro del ámbito de la reserva. Estas actividades, además de afectar el ecosistema, pondrían en peligro directo a los Kakataibo en aislamiento, quienes se rigen por el principio de no contacto debido a su alta vulnerabilidad inmunológica y cultural.
La Comisión analizó información sobre denuncias y alertas emitidas desde 2020, incluyendo comunicaciones del Ministerio de Cultura. Según el organismo, los factores de riesgo no han sido neutralizados y podrían provocar una agravación inmediata de los derechos fundamentales de esta población, así como la pérdida de los recursos naturales indispensables para su subsistencia.
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En ese marco, la CIDH solicitó al Estado peruano adoptar medidas “necesarias y culturalmente adecuadas” para salvaguardar la vida y la salud de los beneficiarios. Entre los pedidos concretos figura reforzar la implementación del Plan de Protección de la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur, asegurar la actuación coordinada de todas las entidades involucradas y garantizar el seguimiento permanente de las alertas sobre actividades ilegales.
Además, el organismo requirió que se activen mecanismos inmediatos para evaluar y monitorear la calidad del agua en las zonas vinculadas a la reserva, ante la posibilidad de contaminación derivada de economías ilegales y extractivas.
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Crimen organizado, concesiones y violencia: el trasfondo en la Amazonía
La situación del pueblo Kakataibo no es nueva. En los últimos años, investigaciones periodísticas y reportes de organizaciones especializadas han documentado la expansión de economías ilícitas en la Amazonía peruana, donde confluyen tala ilegal, narcotráfico y minería ilegal. Esta presión territorial ha convertido varias zonas de Huánuco y Ucayali en áreas de alto riesgo para defensores ambientales e indígenas.
Un informe multimedia difundido en 2024 por periodistas de investigación en colaboración con la organización Amazon Watch reveló una compleja red de despojo de tierras y destrucción ambiental en territorios ancestrales kakataibo. El trabajo expuso transferencias irregulares de tierras durante gestiones regionales pasadas y señaló la existencia de una relación entre actores estatales y redes criminales dedicadas a la ocupación ilegal.
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En paralelo, líderes kakataibo han denunciado amenazas, desplazamientos forzados y violencia. Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, la presión sobre sus territorios se habría intensificado. Cinco dirigentes indígenas han sido asesinados en los últimos años en medio de disputas vinculadas al control territorial y economías ilegales, según reportes públicos.
En su respuesta ante la CIDH, el Estado peruano informó que viene ejecutando acciones en el marco del Plan de Protección: instalación de puestos de control, patrullajes, monitoreo y sesiones de los Comités de Gestión con participación de entidades competentes y representantes indígenas. También reconoció que persisten amenazas de alta gravedad y brechas de coordinación interinstitucional.
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La Comisión solicitó mantener y fortalecer los espacios de diálogo con organizaciones indígenas, asegurar la participación efectiva de las entidades estatales y concertar medidas adicionales que resulten necesarias para implementar la resolución. Asimismo, pidió informar sobre las acciones adoptadas para investigar los hechos que dieron origen a la medida cautelar y evitar su repetición.
La CIDH, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), recordó que el otorgamiento de medidas cautelares no constituye un prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el Sistema Interamericano, pero sí implica la obligación de adoptar acciones inmediatas frente a una situación de riesgo.
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