El gremio de transportistas de Lima y Callao reporta que las bandas de extorsionadores han triplicado el cobro de cupos a empresas de transporte, mientras los empresarios del rubro aguardan que el gobierno de José Jerí anuncie un plan de seguridad integral frente a la ola criminal que afecta al sector.
Según testimonios, los ataques violentos y el aumento de las exigencias económicas han generado preocupación y temor entre conductores y empresarios del transporte público.
La presión de los extorsionadores no ha dado tregua y, de acuerdo con el informe de Latina Noticias, el inicio de 2026 estuvo marcado por ataques armados, atentados con explosivos y asesinatos.
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Un conductor de la empresa Cinco Estrellas en Jicamarca expuso: “Ahorita quieres vivir, tienes que pagar, si no, olvídate. Mira, nosotros más o menos diario pagamos mil quinientos soles. Al mes, cuarenta y cinco mil soles. Quieres vivir, tienes que pagar”. Esta cifra representa un incremento drástico frente a los montos exigidos durante el año anterior.
Pese a que varias empresas llevan más de un año realizando pagos a diferentes bandas, los ataques continúan. En el caso de Cinco Estrellas, un explosivo fue lanzado en su local durante la madrugada, situación que redujo la presencia de conductores en las calles por temor a nuevos atentados.
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Un riesgo mortal
El rechazo a las exigencias de las bandas suele derivar en hechos de violencia extrema. La negativa del conductor Guillermo álvarez Valverde, perteneciente a la empresa Santa Catalina en San Juan de Lurigancho, a entregar veinte mil soles exigidos como cupo, terminó con su vida tras un ataque perpetrado por un sicario.
Las investigaciones policiales apuntan a Juan Carlos Ramírez Fallara, identificado como uno de los cabecillas de una organización criminal de Lima Este. De acuerdo con la policía, se trata de un individuo con antecedentes por extorsión y delitos contra el patrimonio, con operaciones también en Puente Piedra y el Cono Norte.
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La situación se agravó el 3 de enero, cuando en San Martín de Porres, el chofer de una custer de la empresa Etnemosa fue asesinado a balazos mientras realizaba su ruta. Ese mismo día, en Chaclacayo, César Robles López, conductor de la empresa El Nazareno, fue atacado y perdió la vida tras recibir cinco disparos en plena ruta con pasajeros a bordo.
En medio del fuego cruzado
La violencia no solo afecta a los trabajadores del transporte. En San Juan de Miraflores, una madre y su hija resultaron heridas luego de que sicarios dispararon en siete ocasiones contra una combi estacionada. Los ataques han dejado secuelas de miedo y desconfianza entre los usuarios del servicio público.
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El gremio de transportistas, representado por Martín Ojeda, reportó que el ochenta por ciento del transporte formal resultó extorsionado en 2025. Para este año, la tendencia no muestra signos de cambio, pese a que las autoridades han incrementado la presencia policial en algunas zonas. Un vocero indicó: “Conocemos dos casos de empresas que tenían hasta cinco y cuatro extorsiones, y ya bajaron a dos. Pero también tenemos el caso de otra empresa que solamente le pagaba a uno y ahora ese uno quiere el triple”.
Esperan un plan
Hasta el momento, ni Martín Ojeda ni la representación gremial han anunciado la realización de un nuevo paro de transportistas para enero. Los empresarios informaron a Latina Noticias que se mantienen a la espera del plan de seguridad que el gobierno de José Jerí se comprometió a presentar en los próximos días. La decisión sobre una posible paralización dependerá de la respuesta oficial frente a la crisis generada por la extorsión y la violencia en el sector transporte.
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Los ataques y exigencias de los extorsionadores se concentran en puntos clave como Lima Este, San Martín de Porres, Chaclacayo, San Juan de Lurigancho y San Juan de Miraflores. Empresarios y conductores mantienen la expectativa ante las acciones que implementará el Ejecutivo, mientras la inseguridad continúa afectando a quienes dependen del transporte público en la capital y el principal puerto del país.
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