A pocas horas de que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema dicte sentencia por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo presentó un nuevo escrito para frenar el fallo, alegando graves vulneraciones a sus garantías procesales.
El recurso, ingresado esta mañana, solicita la inhibición de oficio de los jueces José Neyra Flores, Iván Guerrero López y Norma Beatriz Carbajal Chávez por “parcialidad manifiesta”, “adelanto de opinión” y afectación al juez natural.
En el documento, Castillo plantea la nulidad absoluta y no subsanable de todo lo actuado desde el inicio del proceso, afirmando que la Fiscalía “carecía de competencia” para investigarlo sin un proceso de antejuicio previo, debido a que era presidente en funciones al momento de los hechos. Por ello, invoca una supuesta “inobservancia del artículo 450 del Código Procesal Penal”, que regula los procedimientos aplicables en casos de altos funcionarios.
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Además, exige suspender de inmediato la audiencia de sentencia prevista para hoy, señalando que existe “afectación grave e insalvable” a las garantías de independencia e imparcialidad judicial. De manera adicional, pide que el video oficial de las audiencias sea incorporado como medio probatorio audiovisual y que todas las presuntas vulneraciones queden registradas expresamente para fines de apelación o eventuales revisiones constitucionales y supranacionales.
Un nuevo intento por detener el juicio
El escrito subraya que a lo largo del proceso se presentaron múltiples recusaciones en diferentes momentos, lo que, según Castillo, demostraría que no actuó con extemporaneidad ni abuso procesal. Dos de estas recusaciones, presentadas el 4 de marzo y el 16 de mayo de 2025, fueron declaradas improcedentes por el tribunal, decisiones que ahora también solicita anular.
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Aunque el exmandatario afirma que este pedido es “autónomo” e independiente de los recursos de otros procesados, la Sala Penal Especial ya había establecido que el juicio se encontraba en etapa final tras su autodefensa del 21 de noviembre, último acto antes del “pronunciamiento de ley”.
Hoy se da la sentencia tras 8 meses de audiencia
El pedido de Castillo ocurre cuando el tribunal está a punto de anunciar su fallo tras más de ocho meses de audiencias. El juicio oral reunió decenas de testigos, incidentes procesales y retrasos, pero llegó finalmente a su etapa conclusiva el viernes pasado, cuando los jueces cerraron el debate y anunciaron que la sentencia se leería hoy.
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Castillo enfrenta cargos por rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, delitos por los que la Segunda Fiscalía Suprema Especializada solicita 34 años de prisión. Para sus excolaboradores Aníbal Torres, Betssy Chávez, Willy Huerta y los oficiales PNP Manuel Lozada y Jesús Venero, el Ministerio Público plantea penas que oscilan entre 11 y 25 años de cárcel.
Sin embargo, durante el juicio la Sala comunicó que evaluaba la posibilidad de recalificar los hechos como una conspiración para la rebelión. En ese escenario, la pena para Castillo caería a 19 años y 30 días, según explicó el fiscal adjunto supremo Edward Casaverde.
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La sentencia también definirá si corresponde imponer una reparación civil superior a S/ 65 millones, como solicita la Procuraduría General del Estado.
La sentencia podría bloquear su candidatura
Una eventual condena por rebelión o conspiración —incluso en primera instancia— dejaría sin efecto la intención de Castillo de postular al Senado con Juntos por el Perú. La legislación electoral impide que un ciudadano condenado por delito doloso pueda ser candidato.
Lo mismo ocurriría con la ex primera ministra Betssy Chávez, actualmente asilada en la Embajada de México y también con aspiraciones parlamentarias.
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