La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha intensificado sus operativos de fiscalización para enfrentar el transporte informal durante el estado de emergencia. Desde el inicio de estas acciones, se han trasladado al depósito 281 unidades motorizadas, de las cuales 245 realizaban actividades sin autorización, lo que representa una medida directa contra la proliferación de servicios irregulares.
Los dispositivos de control se han desplegado en 83 procedimientos realizados en diversos sectores de Lima y Callao. De los cuales, 8 fueron coordinados con entidades que conforman el Comité de Fiscalización, liderado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
En las intervenciones participaron también efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), personal de la Sutran, Migraciones, la Sucamec y funcionarios de los municipios de San Isidro, Miraflores y San Juan de Lurigancho. El propósito principal es brindar condiciones seguras para quienes utilizan el transporte urbano y restablecer el orden en la vía pública.
Durante las inspecciones, se detectó que 115 automóviles tenían deudas acumuladas que ascienden a 4.622.092 soles. Además, 102 choferes no poseían licencia vigente, lo que generaba un peligro latente tanto para pasajeros como para transeúntes. Estas cifras reflejan la magnitud del problema y los riesgos asociados a la prestación de servicios informales de traslado.
Entre las principales faltas identificadas, 48 vehículos no contaban con el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT), condición indispensable para circular y que brinda respaldo en caso de siniestros.
Asimismo, 73 automóviles no habían pasado la revisión técnica, omisión que puede derivar en fallas mecánicas y accidentes, afectando no solo a quienes están dentro de las unidades, sino también a otras personas en las calles.
El vocero de la ATU, Pavel Flores, señaló durante una intervención en la avenida Ramiro Prialé, en el área del peaje, que la institución mantiene una postura firme frente a esta problemática.
Subrayó que la erradicación de vehículos informales es parte de una estrategia para construir un sistema de transporte público más confiable y estructurado. Además, reiteró que las labores de fiscalización continuarán, con el objetivo de combatir la inseguridad y proteger a la ciudadanía frente a delitos y peligros derivados de la informalidad.
Transporte público en Lima
El desplazamiento diario en Lima representa un desafío para millones de personas debido a la informalidad, inseguridad y sobrecarga en el transporte público. Esta situación genera que los usuarios destinen recursos y tiempo que podrían utilizar en otras actividades. Alternativas como el Metropolitano y el Metro solo cubren una pequeña parte de los trayectos realizados en la ciudad.
Especialistas advierten que el impacto va más allá de la movilidad, afectando la economía y la calidad de vida de los ciudadanos. Paola del Carpio, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, señaló en Latina Noticias que muchos transportistas formales enfrentan extorsiones y que los usuarios dedican varias horas al día a trasladarse, tiempo que podría tener un uso más productivo.
Un informe de Redes para el Desarrollo indica que los limeños desperdician más de la mitad de su jornada laboral en el tráfico. Un 10 % de los encuestados emplea hasta cuatro horas diarias para movilizarse, equivalente a perder media jornada de trabajo cada día. Además, el 20% ha tenido que reducir sus horas laborables por los retrasos vinculados al tránsito.
Desde una perspectiva económica, se calcula que cada persona deja de ganar cerca de 3.800 soles al año. Según Paola del Carpio, este estimado contempla el tiempo utilizado en traslados y las oportunidades académicas y laborales que se pierden debido a los retrasos frecuentes en Lima.
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