El jefe de Gabinete, Eduardo Arana, negó este miércoles una salida inmediata de Perú de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), al responder a una pregunta de una periodista sobre si ya estaba lista la carta de renuncia.
“Cuando estamos hablando de una eventual salida, estamos hablando primero de un estudio. Estamos en la etapa previa o en la etapa inicial que es la de estudiar. Es lo que he expresado y es lo que tenemos que evaluar”, declaró durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Arana explicó que tanto el portafolio de Justicia como el Ministerio de Relaciones Exteriores serán responsables de analizar el sistema interamericano. “Es un trabajo prolijo, no una cuestión de me parece o no. Me permitiría recomendar que revise sus fuentes porque no hay ninguna carta o proyecto de carta sobre el particular (en referencia a la posible renuncia)”, afirmó.
Un país que decide retirarse de la competencia de la Corte IDH, como Venezuela en 2013, no podrá ser juzgado en dicho tribunal por hechos ocurridos desde ese momento. Según organizaciones, esta situación puede dejar a la población vulnerable frente a posibles abusos del Estado.
El proceso formal para retirarse comienza cuando el gobierno denuncia la Convención Americana de Derechos Humanos, instrumento que sustenta a la Corte con sede en San José. La salida definitiva se concreta un año después de esa denuncia.
Las declaraciones de Arana surgieron luego de que la presidenta Dina Boluarte señalara en un acto oficial que “Perú seguirá evaluando su permanencia en el Sistema Interamericano”, así como “la necesidad de promover una revisión de las normas sustantivas y procesales que regulan el sistema”.
“A los de la Corte les digo ¿dónde está la reparación civil para patria, para nuestro Perú que amamos? De los 20 años que lo han condenado al hambre, al terror, al desangramiento, ¿dónde está la reparación civil para nuestro querido Perú? 20 años de terror, ¿dónde está la reparación civil para los 70 mil peruanos que fallecieron” tras el conflicto armado interno desatado por las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA)?, cuestionó.
Desacato
La jefa de Estado ha desacatado la disposición de la Corte que le instaba a no promulgar la amnistía para policías, militares y civiles de comités de autodefensa procesados o condenados por delitos en la lucha contra Sendero Luminoso y el MRTA.
La amnistía cubre a militares, policías y miembros de comités de autodefensa que se encuentren procesados por delitos en el contexto del combate a grupos armados subversivos o que ya hayan sido condenados y cumplido 70 años o más.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que acompañó y denunció varios casos de violaciones durante el conflicto interno, sostiene que la amnistía “borra décadas de lucha por justicia y verdad” y advierte que más de 150 condenas y 600 procesos “están en riesgo”.
Boluarte también creó un grupo de trabajo para presentar un “proyecto de Ley de Soberanía Nacional” que, según políticos opositores y analistas, buscaría limitar la acción de la Corte IDH en la esfera nacional o incluso plantear la salida del Pacto de San José.
Durante una reunión con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, manifestó su disconformidad con algunas sentencias emitidas por la Corte, aunque mostró apoyo a mantener la permanencia dentro del Pacto.
Pacheco consideró que “es importante tener una instancia supranacional”, con la condición de que “siempre respetemos los derechos y libertad del país en la Convención”.
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