En medio de la creciente controversia generada por la Ley de Amnistía a policías y militares procesados por violaciones a los derechos humanos, que ha sido promulgada en agosto, la Presidencia de la República emitió un comunicado oficial en respuesta a la reciente decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). El tribunal internacional resolvió el pasado 3 de septiembre que dicha norma es inaplicable por contravenir la Convención Americana de Derechos Humanos.
Asimismo la Corte IDH recordó en su resolución que desde las sentencias en los casos Barrios Altos (2001) y La Cantuta (2006), emblemáticos en la historia del país por las graves violaciones de derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000, quedó establecido que las leyes de amnistía y prescripción son incompatibles con el derecho internacional en situaciones de crímenes de lesa humanidad. En ese sentido, ordenó al Estado abstenerse de aplicar la ley mientras emite un pronunciamiento definitivo.
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La respuesta de la Presidencia de la República del Perú, difundida en sus redes sociales oficiales el 6 de septiembre de 2025, fija la posición del Gobierno encabezado por Dina Boluarte ante los casos Barrios Altos y La Cantuta. Desde Palacio se rechaza tajantemente la decisión de la Corte, se subraya la autonomía del Estado y se abre incluso la posibilidad de revisar la permanencia del país dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Presidencia rechaza decisión de la Corte IDH sobre la Ley de Amnistía
El comunicado señala que el Gobierno “considera inaceptable” la resolución de la Corte IDH, recordando que la Convención Americana define el sistema interamericano como “subsidiario, coadyuvante o complementario”, por lo que —según el Ejecutivo— este no puede intervenir mientras no se agoten todas las instancias judiciales internas.
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“El Perú es un país soberano y democrático que, a lo largo de su historia, ha demostrado un firme y decidido compromiso con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, precisa el texto, en el que se hace énfasis en la autonomía de las instituciones nacionales para resolver controversias internas.
El pronunciamiento también contextualiza que el país vivió el “terrible embate del terrorismo” durante las décadas de 1980 y 1990, etapa en la que los derechos fundamentales de la población fueron vulnerados por los grupos subversivos. Bajo ese marco, la Presidencia sostiene que las Fuerzas Armadas, la Policía y los comités de autodefensa actuaron para “salvar la democracia y la sociedad peruana”.
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Finalmente, el documento reitera que el Ejecutivo evalúa un retiro del país de la Corte IDH. “El Perú seguirá evaluando su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como la necesidad de promover una revisión de las normas sustantivas y procesales que regulan la actuación de sus órganos”, concluye.
La controversial Ley de Amnistía
El comunicado se enmarca en un contexto de alta tensión tras la promulgación de la Ley N.° 32419, firmada por la presidenta Dina Boluarte en agosto de 2025. La norma concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa procesados o sentenciados por violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno.
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La medida fue duramente cuestionada por organismos internacionales y familiares de víctimas, quienes advierten que podría generar impunidad en casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) estima que más de un millar de procesados y sentenciados podrían beneficiarse de esta norma.
El choque entre el Gobierno y el tribunal internacional ha generado un nuevo frente de confrontación en el plano político y jurídico. Tanto el Congreso como el Ejecutivo han defendido la amnistía como un ejercicio de soberanía, mientras que la Corte reafirma que las disposiciones internas no pueden estar por encima de las obligaciones internacionales ya aceptadas por el Estado.
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La resolución del 3 de septiembre y el posterior comunicado de Presidencia evidencian que el debate sobre la vigencia de la Corte IDH en el país seguirá escalando, con un impacto directo en los procesos judiciales abiertos y en el reconocimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado interno.
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