Una barra de oro valorizada en más de 623 mil dólares fue recuperada a favor del Estado tras una sentencia clave obtenida por el Ministerio Público. El valioso mineral, de 12.45 kilogramos, iba a ser exportado hacia la India por una empresa que no logró sustentar su procedencia legal, lo que activó el mecanismo de extinción de dominio. El caso se vincula directamente con el delito de minería ilegal, una de las principales economías ilícitas que afectan al país.
La intervención fue liderada por la Quinta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima, que consiguió que se declare fundada la demanda presentada por el Ministerio Público. La sentencia, a cargo de la fiscal adjunta Cynthia Elizabeth Angulo La Torre, permite no solo incautar el oro, sino también reafirmar el uso de herramientas legales para combatir las actividades criminales y recuperar bienes para el beneficio del Estado peruano.
¿Cómo se descubrió el intento de exportación ilegal de oro?
La investigación determinó que el 7 de mayo de 2021, una empresa intentó exportar oro a la India, pero no contaba con documentación válida para acreditar la procedencia del mineral. Aunque declararon que el metal provenía de una concesión minera metálica, el análisis realizado por la División de Acciones Inmediatas y Masivas de la Sunat reveló que esa afirmación era falsa.
Según el informe técnico, la concesión mencionada no tenía instalaciones ni tecnología para producir barras de oro doré, lo que levantó sospechas sobre un posible origen ilegal. La intervención de Sunat fue determinante para evitar que el mineral saliera del país y que el delito de lavado de activos continuara oculto bajo operaciones supuestamente legales.
¿Qué argumentos sustentaron la demanda del Ministerio Público?
Con base en la información proporcionada por Sunat, el Ministerio Público presentó una demanda de extinción de dominio, mecanismo legal que permite al Estado recuperar bienes de origen ilícito sin necesidad de una condena penal previa. En este caso, el oro fue considerado un activo directamente vinculado con minería ilegal, un delito tipificado en el ordenamiento jurídico peruano.
El juzgado consideró que la empresa no pudo acreditar de forma fehaciente y documentada la tenencia y propiedad del oro. Además, se constató que su actividad real no era compatible con la fabricación ni comercialización de este tipo de productos. De este modo, se declaró fundada la demanda y se ordenó que la barra de oro pase al control del Estado.
Lucha contra la minería ilegal
Este importante fallo judicial fortalece la estrategia del Ministerio Público para enfrentar la minería ilegal, una actividad que genera daños ambientales, financia organizaciones criminales y promueve la evasión tributaria. Con esta decisión, se demuestra que la extinción de dominio es una herramienta eficaz para debilitar las estructuras económicas de los grupos delictivos que se enriquecen con recursos extraídos de manera clandestina.
Además, la recuperación del oro refuerza el mensaje de que el Estado no permitirá el uso del sistema financiero ni comercial para legalizar bienes ilícitos.
¿Qué es la extinción de dominio y cómo se aplica en el Perú?
La extinción de dominio es una figura jurídica que permite al Estado decomisar bienes que provienen de actividades ilícitas, sin necesidad de que exista una sentencia penal previa. Esta medida se aplica a propiedades, vehículos, dinero, minerales y cualquier otro activo que haya sido adquirido de forma ilegal o utilizado para cometer delitos.
En el Perú, esta herramienta es clave para desarticular las ganancias de organizaciones criminales, ya que permite actuar de manera más rápida y eficaz frente al crimen. En casos como el de la minería ilegal, donde la trazabilidad del oro es limitada y las operaciones suelen ocultarse bajo fachadas legales, la extinción de dominio se convierte en un recurso esencial para el recupero de activos a favor del Estado.
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