Dinamita y túneles sin ley: así operan los exmilitares al servicio de la seguridad privada informal en la minería ilegal del Perú

El 26 de abril de 2025, trece hombres fueron secuestrados y ejecutados en un socavón de Minera Poderosa, en el distrito de Pataz, La Libertad. Tenían entre 20 y 30 años. Vestían de negro, portaban fusiles tipo AR-15, chalecos antibalas y cascos. Ninguno era policía ni militar activo. Eran vigilantes de seguridad privada, empleados por una compañía sin registro formal.

Algunos de ellos habían pasado por el Ejército Peruano como parte del servicio militar voluntario. Otros llegaron desde regiones como Amazonas, Loreto, Piura y Cajamarca, atraídos por una promesa de trabajo que ofrecía pagos de casi tres mil soles por turnos de veinte días. Nunca imaginaron que custodiar túneles mineros en territorio disputado por bandas criminales sería su última misión.

La crónica de estas muertes es solo una parte del fenómeno que Ojo Público ha documentado en una investigación publicada este domingo. El medio identificó un patrón: empresas de seguridad, tanto formales como informales, están reclutando a jóvenes con entrenamiento militar para proteger actividades extractivas al margen de la ley, sobre todo en zonas donde el Estado casi no tiene presencia.

Pataz es uno de esos territorios. Allí, la minería ilegal ha avanzado a tal punto que requiere seguridad armada permanente. Vigilantes equipados con fusiles, dinamita y chalecos antibalas protegen socavones de más de dos kilómetros de longitud. En muchos casos, las empresas que los contratan no figuran en los registros de la Sucamec (Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil), ni declaran trabajadores ante la Sunat.

Uno de los jóvenes asesinados en abril había publicado semanas antes un video en TikTok: sentado en un vehículo, mostraba una pistola, fajos de billetes y un reloj dorado. “A mí no me da vergüenza trabajar y andar sucio, vergüenza me da andar sin dinero”, decía el texto del clip. Su trabajo: custodiar un socavón para la empresa R&R (Rrgap S.A.C.), registrada solo cuatro meses antes del crimen. No estaba en planilla. No tenía seguro. Sí tenía un fusil.

Las convocatorias para este tipo de puestos abundan en redes sociales. Algunas son publicadas por empresas legalmente constituidas; otras, por páginas de dudosa procedencia. El perfil más buscado: licenciado del Ejército, experiencia en patrullaje, licencia para uso de armas largas (tipo L4). Los sueldos varían entre S/2 mil y S/3 mil, por turnos continuos de hasta 20 días, con alojamiento junto al socavón.

Según Víctor Manuel Quinteros, exgerente de Políticas de la Sucamec, esta situación bordea la ilegalidad, pero también revela un vacío de control. “Estas armas, como el AR-15, no están prohibidas si se adquieren bajo la categoría de uso civil, pero su potencia y diseño son prácticamente iguales al de sus versiones militares”, explicó a Ojo Público.

La Ley 30299 permite que personas naturales adquieran este tipo de fusiles, incluso múltiples unidades, sin límite numérico. Y si luego reportan su “pérdida” o “robo”, pueden terminar en el mercado negro. Así, el armamento que debería estar regulado puede terminar en manos de sicarios, extorsionadores o vigilantes de minas ilegales.

El portal de investigación ya mencionado identificó al menos 12 empresas registradas ante la Sucamec que operan en el distrito de Pataz, pero ninguna tiene sede allí. Es decir, se trata de servicios de protección sin arraigo local, lo que —según especialistas— busca reducir el riesgo de infiltración por parte de bandas o grupos comunales.

La empresa R&R (Rrgap S.A.C.), para la que trabajaban las 13 víctimas del crimen de abril, fue fundada en enero de 2025. Según datos de Sunarp, uno de sus fundadores, Segundo Nicolás Cueva Rojas, es también proveedor de Minera Poderosa. Testimonios recogidos por la Fiscalía de Pataz señalan que la compañía era manejada por dos policías en actividad: Gianpaul Alexander Bastidas Rodríguez y Franklin Yonathan Pérez Vargas.

En paralelo, se detectó a Dynamic Protection Perú S.A.C., otra empresa sin licencia de Sucamec. Su fundador, Manuel Antonio Chirinos Quiroz, fue intervenido en mayo en la frontera con Ecuador por presuntas actividades extractivas ilegales. En redes sociales, aparece dictando charlas a supuestos miembros del Ejército y promocionando entrenamientos tácticos, aunque las fuerzas armadas negaron haberlo contratado.

La militarización informal del oro ilegal no se limita a La Libertad. En Condorcanqui, Amazonas —otra zona con fuerte presencia de minería ilegal— no figura ninguna empresa de seguridad registrada en Sucamec. Según el exviceministro Julio Corcuera, eso responde a una lógica simple: donde hay actividad minera informal o ilegal, también aparecen servicios de protección del mismo tipo.

El uso de exmilitares para este fin se ha convertido en una práctica sistemática. “Son jóvenes con entrenamiento, que no encuentran oportunidades laborales dignas tras dejar el servicio. Algunos fundan sus propias empresas, otros se unen a firmas informales. El problema es que terminan expuestos al crimen organizado, muchas veces sin saberlo”, señala el investigador Christian Campos Vásquez a Ojo Público.

Los vigilantes armados de Pataz duermen junto a los túneles que custodian, posan con fusiles en redes sociales y reciben comentarios de jóvenes interesados en postularse. Algunos solo buscan dinero. Otros, una oportunidad de usar lo que aprendieron en el cuartel. La mayoría, como los trece que murieron en abril, lo hacen sin saber que trabajan para empresas sin permiso, sin protección legal y sin un Estado que los respalde.