Contraloría detecta irregularidades en obra del Hospital de Pomabamba en Áncash: S/ 81 millones de pérdida por retrasos y sobrecostos

Una nueva megaobra en el ojo de la tormenta. La Contraloría General de la República informó que las irregularidades en la ejecución del Hospital de Apoyo Pomabamba II-1, en la región Áncash, causaron un perjuicio al Estado que supera los S/ 81 millones.

La obra, que forma parte del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC), se ejecuta bajo un acuerdo de Gobierno a Gobierno entre Perú y el Reino Unido. Sin embargo, varios problemas en la gestión del proyecto incrementaron los costos y retrasaron la obra. El informe de auditoría revela que las fallas en la ejecución y la supervisión inadecuada afectaron la calidad del proyecto y generaron altos costos adicionales.

Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 28530-2024-CG/MPROY-AC, la falta de gestión eficiente y la toma de decisiones erróneas por parte de los responsables de la obra llevaron a pagos indebidos y aumentaron los costos de la construcción. La Contraloría determinó que los funcionarios involucrados deben asumir responsabilidades por las malas prácticas, que causaron un daño financiero al Estado.

Fallas en el diseño del talud causan millonarios gastos

El informe señala que el contratista subcontrató los trabajos de movimiento de tierras sin un diseño adecuado para el sostenimiento del talud colindante, es decir, una pendiente en el terreno. Esta falta de planificación resultó en excavaciones defectuosas, inestabilidad del terreno y daños a propiedades cercanas.

A pesar de que los problemas fueron atribuibles al contratista, este presentó una solicitud para un evento compensable (EC10), alegando que las condiciones del terreno afectaron el desarrollo de la obra. La falta de respuesta por parte del gerente del proyecto de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) permitió que la solicitud fuera aceptada automáticamente, lo que resultó en el pago de S/ 34.400.515 y la ampliación del plazo de la obra en 488 días.

Además, el gerente del proyecto aprobó el pago de S/ 47.416.876 para estabilizar el terreno, a pesar de que este problema debió ser cubierto por el contratista. Esta decisión violó las normas técnicas y las disposiciones del contrato. La falta de una respuesta adecuada ante la solicitud del EC10 resultó en un desembolso total de S/ 81.817.391, lo que afectó el presupuesto destinado a la obra.

Pagos indebidos aumentan costos del Hospital de Pomabamba

Las decisiones tomadas por los responsables del proyecto se basaron en una serie de eventos compensables que se aceptaron indebidamente. Un ejemplo de esto es el evento compensable (EC15), relacionado con el incremento de los costos de los equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado. El proveedor del subcontratista solicitó un aumento de precios, pero debido a que la subcontratación se realizó bajo la modalidad de suma alzada, no se debían reconocer incrementos de costos. Sin embargo, la solicitud fue aceptada, generando un perjuicio de S/ 451.888 al Estado.

El informe también señala que el gerente del proyecto aceptó un evento compensable (EC1) relacionado con el hospital de contingencia, alegando que el terreno presentaba modificaciones imprevistas. Sin embargo, las condiciones del terreno ya estaban contempladas en el contrato. A pesar de esto, se permitió reconsideraciones no previstas, lo que amplió el plazo en 21 días y generó un sobrecosto de S/ 857.012.

Además, el gerente del proyecto aceptó otros eventos compensables (EC6 y EC7) relacionados con el diseño y traslado de módulos COVID, a pesar de que el contratista no había incluido en su diseño los módulos existentes ni habilitado accesos diferenciados para pacientes. Esto resultó en un perjuicio de S/ 326.480 y una ampliación injustificada de 8 días más.

Las irregularidades en la ejecución del Hospital de Apoyo Pomabamba no solo afectaron la calidad del proyecto, sino que también generaron un impacto financiero negativo de más de S/ 81 millones para el Estado peruano. La Contraloría ha determinado que los responsables deben asumir las consecuencias de sus acciones y omisiones durante el desarrollo de la obra entre diciembre de 2020 y diciembre de 2023.