
De acuerdo con un informe emitido por la Contraloría General de la República, la decisión de Petroperú S.A. de asumir el rol de garante corporativo de Altamesa Energy Perú S.A.C. en el Contrato de Licencia para la Explotación Conjunta del Lote 192 podría comprometer gravemente la sostenibilidad financiera de la empresa estatal. Este cambio, que se produjo tras el retiro de Altamesa como socio estratégico, implica que Petroperú se compromete al pago de las obligaciones económicas generadas por la compañía privada, lo que representa una carga económica no prevista.
El informe, titulado “Informe de Orientación de Oficio N° 002-2025-OCI/0084-SOO”, detalla que esta decisión podría dificultar el cumplimiento de las metas fiscales, presupuestales y de liquidez establecidas en el Decreto de Urgencia N.° 013-2024, el cual fue promulgado para enfrentar la delicada situación financiera de Petroperú. Según la Contraloría, esta medida no solo pone en riesgo la sostenibilidad de la empresa, sino que también podría afectar la reducción de gastos operativos y el manejo del endeudamiento avalado por el Gobierno Nacional.
Lote 192: contexto del cambio de garante corporativo
El cambio de garante corporativo se produjo tras el retiro de Altamesa Energy Perú S.A.C., socio estratégico en el contrato de explotación del Lote 192. Según el informe de la Contraloría, esta medida buscaba evitar que Perúpetro S.A. declarara la resolución del contrato y ejecutara las cartas fianza asociadas al mismo. Estas garantías incluyen una carta fianza de PETROPERÚ por US$16,77 millonesy otra de Altamesa por US$26,23 millones, entre otras posibles acciones legales y contractuales relacionadas con las empresas Altamesa Perú y Altamesa Canadá.
En este sentido, la Contraloría sostiene que la decisión de Petroperú de constituirse como garante corporativo de Altamesa, “si bien tuvo como objetivo evitar consecuencias inmediatas como la resolución del contrato y la ejecución de las cartas fianzas, debió analizarse críticamente en función del alineamiento con sus objetivos estratégicos, particularmente, en lo relativo a su sostenibilidad financiera”.

“Esta situación cobra especial relevancia considerando que cualquier acción futura derivada de su rol como garante y operador del Lote 192, como la recuperación de deudas o la búsqueda de un nuevo socio estratégico, podría representar un riesgo adicional para la empresa, pues al convertirse en garante corporativo, Petroperú asume responsabilidad solidaria o subsidiaria frente a obligaciones que originalmente correspondían a Altamesa”, refiere el documento.
Para la Contraloría, es determinante señalar que esta decisión fue adoptada en un contexto en el que Petroperú ya había ejercido su facultad de retirar a Altamesa del Acuerdo de Operación Conjunta (JOA), asumiendo su designación como nuevo operador del Lote 192. En consecuencia, quedó a cargo de la custodia de las instalaciones, el mantenimiento de los sistemas y la atención de compromisos en campo, “sin que previamente se haya evaluado con rigor su capacidad financiera para asumir dichas obligaciones adicionales”.

Altamesa y el impacto a la sostenibilidad financiera de Petroperú
Por otro lado, la Contraloría asegura no haber encontrado evidencia de que la decisión asumida en el Acuerdo de Directorio N.° 043- 2025-PP haya considerado una evaluación integral de alternativas menos gravosas, ni tampoco un análisis técnico-financiero que respalde la conveniencia de la medida que permita “verificar su compatibilidad con el objeto social de Petroperú, su política de gestión de riesgos o los objetivos institucionales vigentes”.
Finalmente, el organismo considera que la decisión de enlistarse como garante corporativo fue adoptada “pese a los reiterados incumplimientos contractuales de Altamesa y a su evidente incapacidad para cumplir con las obligaciones asumidas”.

Aunque la Contraloría rescata el interés de Petroperú por evitar la resolución del contrato de licencia por parte de Perupetro, así como la ejecución de las garantías contractuales, también advierte que la petrolera asumió “una carga económica no prevista, lo que adquiere especial relevancia considerando el contexto de severas restricciones financieras que atraviesa la empresa”.
“Por lo tanto, teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, resulta evidente que la actuación de Petroperú debió y debe de enmarcarse rigurosamente dentro de los límites establecidos por el Decreto de Urgencia N.° 013-2024. Esta normativa, adoptada en respuesta a la crítica coyuntura económica de la empresa, exige una gestión eficiente, responsable y transparente de sus recursos, priorizando siempre la sostenibilidad financiera institucional como condición indispensable para su viabilidad operativa”, relata la Contraloría.
Recomendaciones de la Contraloría
En su informe, la Contraloría recomienda que el presidente del directorio de Petroperú, el economista Alejandro Narváez, adopte medidas preventivas y correctivas para mitigar los riesgos identificados. Además, se solicita que informe al Órgano de Control Institucional en un plazo máximo de cinco días hábiles sobre las acciones tomadas, adjuntando la documentación correspondiente. Este plazo vence el próximo jueves 17 de abril de 2025.
La Contraloría enfatiza que estas medidas son esenciales para garantizar la continuidad del contrato de explotación del Lote 192 y evitar un impacto negativo en la sostenibilidad financiera de Petroperú. Asimismo, insta a la empresa a actuar con diligencia y responsabilidad en la gestión de los riesgos asociados a esta situación.

Petroperú a contrarreloj: inicia la búsqueda de un nuevo socio
Según informó Petroperú, el 15 de abril de 2025 se dio inicio al proceso de convocatoria pública para incorporar a un nuevo socio estratégico que asumirá la operación de este importante campo petrolero, ubicado en la provincia de Datem del Marañón, en plena selva peruana. Así, el nuevo socio del Lote 192 se conocería el 30 de mayo próximo.
“Petroperú cuenta con el 61% de participación en el Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote 192. A este porcentaje se sumará el 39% que le será cedido por Altamesa Energy Perú S.A.C., una vez obtenida la aprobación mediante Decreto Supremo, alcanzando así el 100% de participación”, dijo en un comunicado.
La convocatoria, denominada “Convocatoria Pública N° Petroperú-001-2025-L192″, señala que la empresa seleccionada será incorporada al Contrato de Licencia como Contratista-Operador, con el porcentaje de participación que le sea asignado, más el número de pozos de desarrollo adicionales que haya ofertado, respecto de un programa base de 20 pozos. Sin embargo, no especifica si el nuevo socio mantendrá el 39% dejado por Altamesa, sino que dicha participación se definirá sobre la marcha.
“Petroperú S.A. está dispuesto a ceder una parte de esta participación total. Para ello, ha convocado un Proceso de Licitación Pública con el fin de seleccionar a una Empresa Petrolera que opere campos en el Perú o en el extranjero, y que se convierta en su socio estratégico”, sentencia la estatal.

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