Políticas para combatir la informalidad han fracasado en Colombia: Contraloría reveló cifras alarmantes

Colombia enfrenta un desafío persistente en materia laboral: la informalidad. Así lo dejó en evidencia un estudio presentado por la Contraloría General de la República.

El análisis fue socializado en la Universidad Externado de Colombia, en un evento que contó con la presencia del contralor en funciones, Luis Enrique Abadía; el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino; el vicepresidente de Asuntos Jurídicos de la Andi, Alfonso Palacios Torres, y el economista Juan Camilo Villar Otálora.

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Uno de los hallazgos más contundentes del informe es que, en 2022, el Índice Multidimensional de Informalidad Empresarial (IMIE) reportó una alarmante tasa del 90,1%, con sectores como la minería (99,6%), transporte (98,7%), construcción (97,5%) y agricultura (95,3%) encabezando los niveles de informalidad.

El contralor Abadía fue enfático al señalar que “la falta de acceso a empleos formales mantiene a millones de colombianos en condiciones precarias, sin posibilidad de mejorar su calidad de vida”, y en ese sentido, llamó a concretar un gran pacto nacional por la formalización, que supere los ciclos de gobierno y los intereses políticos.

Sobre la reforma laboral y las oportunidades perdidas

El evento también sirvió como espacio para reflexionar sobre la reciente decisión del Congreso de archivar la reforma laboral. Para la Contraloría, este hecho representa una oportunidad para repensar las estrategias y avanzar hacia consensos más sólidos.

“En la Contraloría revisamos con rigor cómo la archivada reforma laboral impactaba la formalización del empleo y la sostenibilidad del mercado laboral. Si bien se incorporaban avances importantes en derechos laborales, también podía generar efectos no deseados sobre el empleo formal y acrecentar la informalidad”, afirmó Abadía.

No obstante, reconoció avances dentro de la misma, como la propuesta de regular el trabajo de plataformas de reparto. “Ese fue un paso positivo y un ejemplo del consenso posible entre Gobierno y sector privado”, agregó, insistiendo en que el archivo de la reforma no debe entenderse como el fin del debate, sino como un punto de partida para construir soluciones con realismo y visión de futuro.

Brechas por edad, género y educación

El estudio también revela cómo la informalidad afecta de forma desproporcionada a ciertos grupos poblacionales. Por edad, los trabajadores entre 41 y 60 años son los más impactados, seguidos por aquellos entre 29 y 40 años, lo que limita significativamente sus oportunidades de progreso económico.

En el análisis de género, se evidenció que los hombres siguen dominando el sector informal, mientras que las mujeres enfrentan barreras adicionales, como las responsabilidades de cuidado no remunerado. A pesar de algunos avances en su inclusión laboral, la desigualdad persiste.

Otro dato preocupante: entre 2020 y 2021, el número de trabajadores sin educación aumentó de 148.000 a 394.000, en parte por el impacto de la pandemia. Mientras tanto, la informalidad disminuyó entre quienes tenían educación secundaria, pasando de 3,1 millones en 2020 a 2,4 millones en 2021.

Las ciudades más afectadas y las barreras persistentes

La informalidad no golpea de igual forma a todas las regiones del país. Ciudades como Sincelejo (98,6%), Riohacha (97,9%), Cartagena (97,9%) y Santa Marta (97,7%) presentan las tasas más altas de informalidad empresarial, lo cual refleja una alta resistencia estructural a la formalización.

En contraste, Bogotá (75,1%), Tunja (69,3%) y Manizales (75,9%) registran cifras más bajas, aunque aún elevadas en términos internacionales.

Uno de los hallazgos clave del informe es que persisten barreras estructurales como los altos costos de seguridad social, trámites burocráticos complejos y fenómenos como la extorsión en algunas regiones, lo que desalienta tanto a trabajadores como a empresarios a dar el paso hacia la formalización.

Además, las estrategias implementadas por los entes territoriales no han sido efectivas. Las propuestas de reubicación de vendedores informales en espacios públicos, comunes en muchos Planes de Desarrollo Municipal, no han dado los resultados esperados porque no abordan las causas de fondo del fenómeno.

La conclusión del estudio es inapelable: Colombia necesita una estrategia nacional, integral y sostenida en el tiempo para superar la informalidad, y debe construirla escuchando tanto a los trabajadores como a los empresarios. De lo contrario, seguirá siendo una deuda estructural con millones de ciudadanos que hoy viven al margen del sistema.