Alerta de incendios forestales amenaza a 47 comunidades indígenas de la Amazonía: exigen derogación inmediata de ‘Ley Antiforestal’

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que representa a 9 organizaciones regionales y más de 2.400 comunidades nativas, emitió un contundente pronunciamiento exigiendo acciones inmediatas para controlar los incendios forestales que están afectando vastas áreas de la Amazonía peruana y otras regiones.

De acuerdo a la organización que agrupa a los pueblos indígenas amazónicos, los focos de calor amenazan a 47 comunidades nativas en regiones como Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Pasco, San Martín y Ucayali, lo que representa una grave riesgo para su seguridad alimentaria, acceso al agua limpia y la biodiversidad.

Según Aidesep, la falta de medidas estatales adecuadas para mitigar los efectos del cambio climático, como las sequías, ha agravado la crisis, resultando en la pérdida de vidas humanas y la destrucción de miles de hectáreas de bosques.

Por ello, hacen un llamado a la comunidad internacional para que brinde apoyo técnico y financiero al Perú, resaltando la urgencia de integrar a los pueblos indígenas en los planes de respuesta y recuperación, respetando sus conocimientos ancestrales y derechos territoriales.

Exigen derogación inmediata de ‘Ley Antiforestal’

Asimismo, en su pronunciamiento, Aidesep condenó la demora del Gobierno de Dina Boluarte en declarar en emergencia las zonas afectadas y critica la falta de recursos suficientes para la prevención y control de los incendios.

La organización indígena también rechaza las políticas que permitirían la degradación forestal, como la Ley 31973, a la que se refieren como ‘Ley Antiforestal’, exigiendo su derogación inmediata.

“Reiteramos nuestro rotundo rechazo a la emisión de normas y políticas agresivas como la Ley 31973, más conocida como Ley Antiforestal, que agravan la situación y representa un retroceso significativo en la lucha contra la deforestación, degradación forestal y el cambio climático”, afirmaron.

“El cambio en los artículos 29, 33 y la única disposición complementaria final respecto al procedimiento de clasificación de tierras tierras y reglas sobre cambio de uso para actividades agropecuarias existente, genera incentivos perversos para que las personas puedan obtener tierras, depredando los bosques mediante la tala o quema. ¡Por ello, exigimos su inmediata derogatoria! Estas leyes lesivas promueven y legitiman comportamientos ilegales que afectan nuestros bosques y vulneran nuestros derechos colectivos”, resaltan.

¿Quiénes apoyaron en el Congreso la polémica norma?

Esta norma, aprobada en diciembre de 2023 por el Congreso de la República, limita la participación del Ministerio del Ambiente en la planificación forestal y permite reclamar tierras sin la obligación de clasificar su uso, lo que podría llevar a un manejo irresponsable de los recursos naturales, facilitando así la tala o quema de bosques, según advierten organizaciones indígenas, organismos internacionales y diversos especialistas en materia ambiental.

Las bancadas que promovieron su aprobación fueron Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Alianza Para el Progreso, Bloque Magisterial, Unidad y Diálogo, Acción Popular y Perú Bicentenario.

Entre los congresistas que votaron a favor se encuentran Elizabeth Medina, Alex Paredes, Germán Tacuri, Hamlet Echevarría, Waldemar Cerrón, Lucinda Vásquez y Alex Flores de Perú Libre; Lady Camones, Eduardo Salhuana, María Acuña, Héctor Acuña, Manuel Idelso García, Elva Julón, Magaly Ruíz y Heidy Juárez de Alianza Para el Progreso; Edwin Martínez, Jorge Flores Ancachi, Darwin Espinoza, Elvis Vergara, Karol Paredes, Luis Aragón y Juan Carlos Mori de Acción Popular, así como Alejandro Cavero, Norma Yarrow, Patricia Juárez y Kira Alcarraz.

En ese marco cabe resaltar que, desde hace varios meses, el Parlamento, a través de la Comisión Agraria, tiene pendiente la discusión sobre la derogatoria de la ‘Ley Antiforestal’. Además, la Comisión de Pueblos Andinos ya emitió un dictamen en el que propone derogar esta normativa, que ha sido ampliamente criticada por su impacto negativo en la deforestación y el medio ambiente.