Asesinato de defensor indígena kichwa Quinto Inuma: teniente gobernador y familiar son investigados por la Fiscalía

Luego de más dos meses de espera por parte de sus familiares y a pesar de que el ministro del Interior, Víctor Torres, anunció que los responsables tenían “sus horas contadas”, el último domingo la Policía dio a conocer que realizó la captura y detención de cinco sospechosos vinculados con el asesinato del defensor indígena kichwa Quinto Inuma de la comunidad nativa Santa Rosillo de Yanayacu.

Entre los detenidos figuran Segundo Jorge Ramírez Mandruma, teniente gobernador de Santa Rosillo de Yanayacu, nombre que llama la atención en el marco del caso, ya que pone sobre la mesa el posible involucramiento de autoridades locales en el crimen.

Pues, en septiembre de 2022, mediante una denuncia pública, se reportaron actos intimidatorios hacia Inuma por parte de Ramírez Mandruma, según un informe periodístico de Inforegión.

No obstante, mientras la investigación policial sigue su curso, la Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada ha dispuesto una detención preliminar de 15 días para determinar la implicancia de cada sospechoso en el asesinato, ocurrido el 29 de noviembre del año pasado, en el río Yanayacu, en San Martín.

Durante el operativo, a cargo del Tercer Equipo de la 3.° Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada Equipo Multidisciplinario Especializado (EME) y que involucró a personal especializado de Homicidios de Lima, la Fiscalía de Crimen Organizado de Lima y treinta agentes de la Unidad de Servicios Especiales (USE), se desplegaron acciones en el departamento de San Martín y la capital limeña.

En el primer punto, exactamente en la comunidad nativa de Santa Rosillo de Yanayacu, se ejecutó la detención del agente municipal Julio Barbarán Ojanama, Limber Ríos Ruiz y Jerly Saboya Saboya. Asimismo, Segundo Jorge Ramírez Mandruma, teniente gobernador del área, fue capturado en el distrito sanmartinense de La Banda de Shilcayo.

Mientras que a Genix Saboya Saboya, quien se encuentra investigado tras ser acusado de realizar los disparos durante la emboscada que acabó con la vida del defensor indígena kichwa, fue ubicado en Lima.

Como se recuerda, el ataque sucedió cuando regresaba a su hogar, desde la ciudad de Tarapoto, junto a su esposa, su hijo de 21 años, su hermano, un primo, el vice apu de Santa Rosillo y dos parientes más, identificados como Meister Inuma Pérez y Axeldina Barbarán Tapullima.

Después de haber concluido la operación policial, Infobae Perú conversó con Kevin Inuma (28), el hijo mayor de Quinto Inuma, para hablar un poco más a detalle sobre los hechos en torno al asesinato de su padre.

Al respecto, Inuma dijo que, en primer lugar, la relevancia de esta diligencia no solo radica en la captura de los involucrados, sino también en la implicación de un miembro de la familia del líder indígena fallecido entre los detenidos.

Una situación que viene causando gran consternación entre los miembros de su comunidad Santa Rosillo de Yanayacu, amenazada históricamente por grupos dedicados a la tala ilegal y siembra de cultivos ilícitos de hoja de coca dentro del territorio comunal, de acuerdo a Mongabay Latam.

Asimismo, el hijo mayor de Quinto Inuma comentó que su familia exige cadena perpetua para los principales autores del crimen, el cual pudo haber sido evitado, puesto que su padre interpuso 25 denuncias antes de ser asesinado y, además, contaba con medidas de protección otorgadas por el Ministerio de Justicia destinadas a salvaguardar su vida.

También, recordó que su padre, reconocido por su lucha firme en defensa de la Amazonía y la titulación colectiva de territorios, enfrentaba constantes amenazas debido a su oposición contra la invasión de tierras, el narcotráfico y la tala indiscriminada que afectaban a su comunidad, una realidad que enfrentan varios líderes indígenas en el territorio peruano en la actualidad.

Finalmente, Kevin Inuma recalcó que el caso de padre debe poner en agenda del Gobierno la insuficiente eficacia de las garantías personales y otros mecanismos de protección estatal frente a las amenazas que atraviesa la población indígena en su lucha por la justicia y la conservación de sus tierras ancestrales.

Así como la urgente necesidad de fortalecer las políticas de protección a los defensores ambientales y los derechos territoriales indígenas, a fin de garantizar su seguridad.