Entre 2023 y 2026, muchos indicadores se ordenaron. Se logró superávit fiscal luego del pago de intereses, se bajó la inflación, el dólar ganó estabilidad y la brecha cambiaria se redujo de forma drástica.
Eso genera un impulso natural a la inversión. Cuando el futuro se vuelve más fácil de proyectar, los escenarios desfavorables dejan de ser tan distintos del caso base y dejan de volver inviables a los proyectos. Además, la baja del índice de riesgo país reduce el WACC (Weighted Average Cost of Capital, -Costo Medio Ponderado del Capital-), lo que aumenta el valor presente de los flujos, es decir, su aporte de valor al proyecto y al ente que lo analiza.
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Sin embargo, falta un acuerdo político, amplio y profundo, sobre cómo se generaron esas mejoras y sobre otras políticas públicas de alto impacto, y ese orden macro todavía no llegó a la micro.
Con una macro ordenada, se puede proyectar hacia adelante con bases sólidas
La ventaja central es esta. Con una macro ordenada, se puede proyectar hacia adelante con bases sólidas. Significa dos cosas:
- Que los escenarios optimista y pesimista no sean radicalmente distintos al escenario base, sin poder asignarles una probabilidad de ocurrencia. Antes también se podía proyectar. Se armaba un escenario base y luego uno optimista y uno pesimista. El problema era que eran tan extremos que las diferencias entre sus TIR/VAN podrían llegar a ser ridículos, sin poder asignar probabilidades con alguna base sólida; sin eso, no era posible determinar el TIR/VAN esperado (promedio ponderado por probabilidad de los tres escenarios) y, sin eso, el directorio no puede aprobar el proyecto.
- Que el WACC no se mueva por riesgos económicos y/o ruido político. En la práctica, el riesgo país es por donde entra la incertidumbre política, la electoral y de que cambien las reglas de juego, y el riesgo de que un Gobierno no pueda pagar sus compromisos de acuerdo a las políticas que implemente. Ahí se encienden las alarmas y, entonces, sube el riesgo país, sube la tasa a la que se descuentan los flujos, cae el valor presente del proyecto, y se cae el proyecto.
Hoy los escenarios ya no son tan extremos. Se puede proyectar a varios años estimando un margen de error razonable. El pesimista es peor que el base, pero no es un mundo distinto. El optimista es mejor, pero no es una fantasía. Con esa base, puedo estimar probabilidades y calcular el TIR/VAN esperado y, por ende, el directorio puede decidir.
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En otros países, la amenaza de un cambio en el signo político o una crisis política tiene un impacto muchísimo menor. El ejemplo de estos días es Paraguay. El 29 de octubre colapsó el Ueno Bank, el mayor banco digital de Paraguay, y el riesgo país subió de 119 a 144 puntos, uno de los 5 más bajos de la región, junto a Uruguay, Chile, Perú y Panamá.
Argentina tuvo un ruido electoral y unos malos días en Wall Street, y su riesgo país saltó a 925 para después bajar un poco. Esa es la diferencia entre tener un piso de credibilidad y no tenerlo. En Paraguay, el sistema absorbe el shock. En Argentina, el shock se amplifica.
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Argentina tuvo un ruido electoral y unos malos días en Wall Street, y su riesgo país saltó a 925 para después bajar un poco
Inversión extranjera directa
Según el Banco Mundial, la Argentina recibió USD 48.140 millones de Inversión Extranjera Directa neta (IED) entre 2021 y 2023, cifra que depurando los USD 24.367 millones de aumento de la deuda comercial de importadores con empresas vinculadas que informa el BCRA (relacionados con la falta de divisas), llega a un total de USD 23.773 millones.
Si analizamos los 3 años siguientes, la Cepal informa USD 14.778 millones de IED neta en 2024 y 2025, período en el cual se cancelaron las deudas comerciales antes mencionadas, que generaron egresos de IED por USD 7.320 millones.
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Morgan Stanley estimó para 2026 ingresos netos por USD 2.500 millones, luego de lo cual la IED estimada daría USD 24.598 millones entre 2024 y 2026, un crecimiento anual promedio cercano al 1%, más que explicado por el RIGI.

En relación con el RIGI, hay que leerlo en tres niveles, porque de lo contrario se confunden conceptos.
- Lo presentado: USD 209.394 millones (correspondiente a 48 proyectos), según el Ministerio de Economía, en Rosario.
- Lo aprobado: 27 proyectos por USD 76.173 millones al 31 de octubre de 2026, según la Bolsa de Comercio de Rosario, en línea con las cifras del FMI, con compromiso de inversión total a 20 o 30 años.
- Lo desembolsado, es decir, el dinero que efectivamente ingresó al país. El BCRA informa ingresos netos de aproximadamente USD 760 millones entre octubre de 2025 y marzo de 2026. Sobre esa base, la estimación de USD 3.160 millones para el RIGI en 2026 contempla tanto los fondos ya ingresados como los desembolsos estimados para el resto del año.
Lo que falta desde lo macro: que llegue a la gente
Si el país se limita a ser uno donde se puede pensar en proyectos extractivistas —petróleo, gas, minería— y proyectos conexos, con base en los beneficios del RIGI porque son los únicos que no dependen del consumo interno, y que descuida su política industrial y plan de obras públicas, vamos a tener un país con crecimiento en el macro, al que le va a costar mucho llegar a la gente.
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Lo que hoy mete ruido es la política, ejercida por todo el arco político. Si la macro se ordenó y aún así los proyectos no arrancan y, si lo hacen levemente es por el RIGI, es porque lo que hoy mete ruido no es la macro. Es la política.
El orden macro que se logró todavía no derramó a la micro. Todavía no llegó a la gente
Y aquí, a mi criterio, los responsables son todos, porque si después de tantos años de haber logrado nuestra tan ansiada democracia, no podemos tener nuestras principales políticas públicas acordadas por todo el arco político, el responsible no puede ser el otro, el que estuvo antes, el que está en frente.
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El arco político tiene que, de una vez por todas, acordar entre 15 y 20 políticas públicas que no cambiarán drásticamente cuando cambie el gobierno, sino que lo hará en matices menores, porque lo principal ya fue acordado.
Es verdad que en algunas cuestiones pareciera que estamos todos de acuerdo: el sistema democrático, la soberanía de las Islas Malvinas, la salud y educación públicas, el desarrollo de nuestros recursos naturales cuidando el medio ambiente, la economía del conocimiento, entre otras.
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Por supuesto, todos conocemos los problemas en relación al financiamiento que enfrentan la salud y educación públicas, los cuales deben resolverse a la brevedad, pero pareciera que todos acordamos en que estos sistemas deben existir.
En otras cosas, a mi criterio, falta acordar, y falta mucho, a modo de ejemplo:
- Un régimen impositivo que se mantenga a lo largo del tiempo. Lo importante será definir qué actividades financiará el Estado (Nacional, Provincial o Municipal) siempre, sin excepción, qué recursos necesita para ello y de qué forma es justo recaudarlos (los sistemas progresivos claramente lo son más). La simplificación también debería ser un objetivo.
- Una política industrial. Según los decretos de rebaja arancelaria de 2024 y 2025, se bajaron aranceles en más de diez puntos en promedio para indumentaria, calzado, electrodomésticos y autos, sin dar tiempo a las empresas para reconvertirse y poder competir con el mundo, lo cual les hace muy difícil. La libertad de mercado es un objetivo, pero se necesita un plazo, un sendero arancelario previsible y financiamiento para reconvertirse. El proteccionismo eterno tampoco ayuda. Es pedir lo que hicieron todos los países que hoy compiten: un período de transición acordado.
- Una política de obra pública que permita proyectar la construcción, rubro que no puede vivir de que cada gobierno decida si hace obra pública o no, si la hace con fondos públicos, con PPP o con concesión. Sin un marco estable, no hay empresa que pueda comprar equipos, tomar gente y proyectar a 5 años. Y sin construcción, no hay empleo ni infraestructura para los otros proyectos.
El listado de temas pendientes de acuerdo es extenso, pero hay que empezar en algún lado, y hacerlo ya.
RIGI: dónde nos quedamos
El RIGI claramente es útil y necesario para los empresarios. Y también puede ser razonable que se lo cuestione en algunos puntos. Las dos cosas son ciertas a la vez.
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Es útil no solo por la fuerte adhesión que los datos demuestran, sino también porque, ante el riesgo político, el RIGI, según la Ley 27.742 (Ley Bases), da estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años, y la posibilidad de recurrir al Ciadi, a la Cámara de Comercio Internacional de París o a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, a elección del inversor, con sede fuera de Argentina. Esa protección es real y es valiosa.
¿Por qué digo que nos quedamos a mitad de camino? Porque como no fue acordado por todo el arco político, cada elección vuelve a ponerlo en duda, lo cual, si bien quizás no perjudicaría a los proyectos ya en curso, sí genera inseguridad a los nuevos inversores que piensan en nuestro país como posible destino.
Cómo no fue acordado por todo el arco político, cada elección vuelve a ponerlo en duda
¿Por qué se lo cuestiona? Porque quizás no está del todo bien que no exista algún tipo de fomento al trabajo y la industria local, quizás permitiendo que una empresa argentina pueda igualar las ofertas del exterior si fuesen más convenientes, y tampoco es lógico que una empresa no liquide divisas en el país a partir del año 4 para proyectos estándares y hasta el año 30.
Lo que creo que habría sido más razonable —y lo que todavía se puede acordar hacia adelante— es que el proyecto no tenga obligación de liquidar divisas hasta tanto recupere la inversión inicial por su valor actual descontado a la tasa WACC, a partir de lo cual el régimen especial habrá cumplido su función y el proyecto vuelve a las reglas generales.
La conclusión parece ser clara: ya no hay más atajos
La Argentina probó todos los atajos: controles, cepos, devaluaciones bruscas, planes sin acuerdo político, regímenes especiales para cada sector, parches para cada elección. Ninguno funcionó de manera duradera, porque todos dependían de que el próximo gobierno no los desarmara.
Ya no hay más atajos que podamos usar. Lo que queda es lo más difícil y lo más simple a la vez: reconocer lo que se ordenó, decir con honestidad lo que falta —que derrame a la micro—, y ponerse de acuerdo en entre 15 y 20 políticas públicas y sostener lo acordado a futuro.
El orden macro no garantiza que los proyectos salgan bien. Pero la falta de orden macro casi garantiza que muchos ni siquiera se intenten. Y sin acuerdo político sobre las reglas básicas, el orden macro, por sí solo, tampoco alcanza para que se intenten.
El autor es contador público y profesor de Cálculo Financiero en la FCE-UBA con más de 20 años de experiencia evaluando proyectos de inversión en el ámbito corporativo
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