Derecho al agua: la evidencia para transformar una deuda en una hoja de ruta

Un relevamiento a 600 hogares de 26 partidos del área de concesión de AySA descubrió que la cobertura formal verificada de agua potable y saneamiento es nula. El 93,3% se abastece mediante perforaciones con bomba o motor y el 87,7% utiliza pozos ciegos

Aysa
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El acceso al agua segura y al saneamiento no es solamente una cuestión técnica: es un derecho humano y una responsabilidad colectiva. Sin embargo, para millones de personas ese derecho todavía forma parte de una promesa pendiente. Reconocerlo es indispensable, pero no suficiente. También debemos saber dónde están las necesidades, cómo se manifiestan y qué condiciones pueden convertir una demanda social en una política pública eficaz.

Con ese propósito, el Instituto Universitario del Agua y el Saneamiento (IUAS) y la consultora Zuban Córdoba desarrollaron un estudio sobre la demanda de agua potable y desagües cloacales en áreas sin cobertura del conurbano bonaerense. Desde el Observatorio del Agua y el Saneamiento para el Desarrollo Humano Integral, perteneciente al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la institución educativa, entendemos que producir conocimiento significa generar herramientas para intervenir sobre la realidad.

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El relevamiento alcanzó a 600 hogares de 26 partidos del área de concesión de AySA, distribuidos entre las zonas Norte, Oeste y Sur. Se trabajó específicamente en territorios sin acceso efectivo a las redes formales de agua y cloacas. Por eso, los resultados no pretenden describir a todo el Gran Buenos Aires, sino comprender con profundidad qué sucede allí donde la infraestructura sanitaria todavía no ha llegado.

El primer dato es contundente: en los hogares relevados, la cobertura formal verificada de agua potable y saneamiento es nula. El 93,3% se abastece mediante perforaciones con bomba o motor y el 87,7% utiliza pozos ciegos. Esto implica que, muchas veces, la extracción de agua subterránea y la disposición de efluentes conviven en el mismo terreno, sin controles suficientes y con riesgos sanitarios acumulativos.

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No se trata solamente de carecer de una conexión. Se trata de vivir diariamente con una solución precaria que puede comprometer la calidad del agua utilizada para beber, cocinar y asearse. El 57,5% de los hogares no realiza ningún procedimiento de potabilización. Más de la mitad desconfía del agua que consume y el 68,6% identifica una presencia significativa de sarro. A esto se suma que muchos hogares deben comprar agua: el 53% declara gastos mensuales de hasta 40.000 pesos para consumo (al mes de junio 2026).

Los indicadores elaborados a partir del estudio permiten dimensionar esa situación. El 100% de los hogares presenta un riesgo sanitario compuesto alto o crítico y, dentro de ese conjunto, el 81,8% se encuentra en el nivel crítico. No estamos, por lo tanto, ante problemas aislados o excepcionales, sino frente a una vulnerabilidad estructural.

La investigación también permite corregir una mirada frecuente: aunque la necesidad de agua potable aparece con mayor claridad en la percepción de las familias, el saneamiento constituye el núcleo central del riesgo. Las simulaciones realizadas muestran que una obra exclusivamente de agua reduciría el riesgo sanitario compuesto en un 39,8%. Una intervención cloacal lo reduciría en un 46,3%. Pero una solución integral de agua y cloacas produciría una disminución del 86%.

Este es un dato que debe orientar las decisiones. La respuesta no puede limitarse a elegir entre agua o cloacas. La expansión de ambos servicios tiene que ser planificada como una política integrada, porque la provisión de agua segura pierde eficacia si los efluentes continúan infiltrándose en el mismo territorio.

Otro resultado relevante es que la demanda social existe. El 61,9% de los hogares manifiesta interés en conectarse a la red de agua y el 70,1% le asigna la máxima prioridad. La principal motivación no es el confort: es la salud. La mitad de quienes desean conectarse señala razones sanitarias y de higiene, mientras que el 61,2% considera que la falta de agua y cloacas afecta la salud de su hogar.

También existe disposición a realizar un esfuerzo económico. El 61,9% pagaría un cargo único de conexión y el 55,4% estaría dispuesto a aportar para financiar obras en su zona. Incluso entre los hogares de nivel socioeconómico bajo, dos de cada tres aceptarían pagar la conexión.

Pero esa voluntad tiene una condición decisiva: la confianza. El 52,5% desconfía del destino que podrían tener los fondos aportados. La resistencia no parece dirigirse al servicio ni a la necesidad de la obra, sino al riesgo de que el dinero se utilice sin transparencia o de que los trabajos no se concluyan. Cuando existen garantías de continuidad, buena atención o calidad del agua, la disposición a pagar supera el 70%.

Este hallazgo modifica el modo de pensar la expansión de los servicios. La infraestructura física debe estar acompañada por una infraestructura institucional de confianza. Los cronogramas públicos, la trazabilidad de los aportes, la rendición de cuentas y las garantías de inicio y finalización no son elementos accesorios: forman parte de la obra.

Los datos también permiten establecer una secuencia territorial. Mientras la zona Norte combina un elevado riesgo sanitario con problemas de calidad y continuidad en el abastecimiento, por lo que requiere una intervención inmediata; la zona Sur presenta la mayor disposición a conectarse y el nivel más alto de confianza, condiciones favorables para una expansión con fuerte adhesión social.

En tanto, en el Oeste, en cambio, el riesgo es muy elevado -el 87% de los hogares se encuentra en situación crítica y el 96% utiliza pozo ciego-, pero la demanda expresada y la confianza son menores. Allí será necesario acompañar la inversión con presencia territorial, comunicación sanitaria y construcción de confianza.

Este ordenamiento no significa que haya territorios que puedan esperar indefinidamente. Los puntajes son cercanos porque la necesidad atraviesa a las tres zonas. La priorización establece una secuencia posible para actuar, no una jerarquía entre ciudadanos con más o menos derecho al agua.

Hay, además, un dato que obliga a pensar las políticas de manera integral. El 77,1% de los hogares relevados pertenece a sectores socioeconómicos bajos o medio bajos; más de la mitad convive con niños; el 53,8% se encuentra sobre calles de tierra y casi el 80% carece de veredas adecuadas. Sin embargo, el 92,8% vive en casas de material y el 83,9% es propietario del terreno. La obra sanitaria puede ser, entonces, mucho más que la extensión de una cañería: puede convertirse en el punto de partida de un proceso más amplio de integración urbana y mejora de las condiciones de vida.

El derecho humano al agua se vuelve real cuando puede traducirse en obras, instituciones y capacidades concretas. Para eso necesitamos información rigurosa, planificación territorial y una comunidad que pueda confiar en que el esfuerzo que se le solicita tendrá un resultado verificable.

El relevamiento ofrece una línea de base y, al mismo tiempo, una hoja de ruta: atender de inmediato las situaciones críticas, priorizar el saneamiento, avanzar hacia soluciones integrales de agua y cloacas y establecer mecanismos transparentes de financiamiento y seguimiento.

La principal oportunidad que nos brindan estos datos es pasar de una carencia conocida a una estrategia posible. Allí donde hoy existen perforaciones, pozos ciegos y desconfianza, pueden construirse redes, salud y ciudadanía. Esa es la transformación que debe orientar nuestras decisiones.

Fuente de los datos: Informe Agua potable y cloacas en áreas sin cobertura GBA, 2026.

*El autor es Rector del IUAS, primera institución universitaria del país especializada en agua y saneamiento, creada por el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS).

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