
En una reciente reunión de la Unión Argentina de Salud (UAS) advertí que iba a hacer un comentario que podía resultar políticamente incorrecto. Me refería a la forma en que a veces se utiliza la afirmación de que la economía debe estar al servicio de las personas, y no las personas al servicio de la economía. Tomada fuera de contexto, esa expresión puede resultar inadecuada si nos lleva a pensar que la economía y la sociedad son realidades separadas o necesariamente enfrentadas.
Durante su visita a la Argentina, el Papa León XIV retomó esa idea en su discurso del 8 de noviembre de 2026. Su antecesor, el Papa Francisco, había pedido “poner la economía al servicio de los pueblos”. En aquel mensaje, pronunciado en Bolivia en 2015, vinculó ese propósito con la administración de los bienes y con una vida digna. Comparto esa orientación. Mi objeción aparece cuando se interpreta esa idea como si atender las necesidades humanas permitiera prescindir de las condiciones económicas que hacen posible satisfacerlas.
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No entiendo la economía disociada de la sociedad. La entiendo como parte de ella y, por consiguiente, estrechamente vinculada con la salud. La economía es una ciencia social que estudia cómo las personas y las organizaciones producen, intercambian, consumen y distribuyen recursos. Trabaja sobre decisiones humanas, con sus razones, sus emociones, sus intereses y sus limitaciones.
Comprar, ahorrar, buscar protección o decidir qué necesidades atender son conductas que tienen consecuencias económicas. También las tienen las decisiones que tomamos pensando en otros o en el conjunto de la comunidad. La cultura, la educación, los valores y las instituciones influyen en esas conductas. Reconocerlo no significa reducir a las personas a su capacidad de consumo ni suponer que todo tiene un precio. Significa aceptar que el comportamiento humano y sus condiciones materiales deben analizarse juntos.
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En salud, esta relación nos compromete de una manera particular. Quienes administramos recursos sanitarios tomamos decisiones que afectan las posibilidades de atención de otras personas. Con frecuencia gestionamos recursos que provienen de impuestos, de aportes a la seguridad social o del esfuerzo de familias que pagan una cobertura. Debemos responder por su destino y por los resultados que obtenemos con ellos.
Por eso sostengo que la administración de los recursos es una responsabilidad eminentemente bioética. La bioética debe estar presente en la decisión clínica y también en la definición de un presupuesto, en la organización de una red de atención y en la evaluación de una prestación. Cuanto mayor es la escasez, más rigurosa debe ser esa responsabilidad. La dificultad económica obliga a justificar mejor cada decisión y a proteger especialmente a quienes tienen menos alternativas.
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Antes de distribuir recursos hay que generarlos. Parece una obviedad, pero muchas propuestas omiten explicar de dónde saldrán los fondos necesarios para sostenerlas. Un modelo puede estar inspirado en las mejores intenciones y resultar inviable. Prometer una cobertura sin prever cómo financiarla termina trasladando el problema a los pacientes, a los trabajadores y a las instituciones que deben brindar la atención.
Esto no habilita a postergar indefinidamente la atención de quienes necesitan ayuda hasta que llegue una prosperidad futura. Generar recursos y distribuir con justicia los disponibles son responsabilidades simultáneas. Necesitamos que quienes tienen capacidad contributiva sostengan el financiamiento y que la atención responda a las necesidades de las personas, incluso de quienes no pueden contribuir. Esa es una obligación central de un sistema solidario.
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También debemos distinguir entre lo bueno y lo justo. Una intervención puede ser beneficiosa para una persona y, aun así, exigir una evaluación de sus consecuencias para el conjunto. ¿Qué beneficio ofrece? ¿Qué alternativas existen? ¿Qué otras necesidades dejarán de atenderse si comprometemos allí una parte importante de los recursos? Hacerse estas preguntas forma parte de la responsabilidad de cuidar a una población.
Cada recurso desperdiciado reduce nuestra capacidad de atender. Los estudios innecesarios, las prácticas sin beneficio demostrado o la mala organización consumen dinero, tiempo profesional y capacidad asistencial. La eficiencia tiene, por lo tanto, una dimensión moral. Debe ayudarnos a obtener el mayor beneficio posible para las personas, considerando también cómo se distribuye ese beneficio. Un buen resultado promedio puede esconder un abandono inaceptable de los más vulnerables.
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Y aquí la palabra determinante es equidad. Distribuir equitativamente no significa asignar a todos la misma cantidad de recursos. Las necesidades son diferentes, como también lo son las barreras para acceder a la atención. Una persona sana y otra con una enfermedad compleja tienen la misma dignidad, pero requieren respuestas distintas. La igualdad de derechos puede exigir una distribución desigual de recursos para hacerlos efectivos.
Lo mismo sucede con las posibilidades de reclamar. Pensemos en alguien que vive en una ciudad, tiene educación, dispone de algún recurso económico y cuenta con un abogado cerca. Comparemos sus posibilidades con las de una persona que vive lejos de los servicios, tiene escasa información y apenas puede afrontar el traslado a una consulta. Ambas tienen derechos. Su capacidad para hacerlos valer es profundamente diferente.
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Si el sistema termina asignando recursos según la capacidad de presión, de exposición o de litigio, corre el riesgo de ampliar la brecha que debería reducir. El reclamo judicial puede ser indispensable frente a una vulneración de derechos. Pero una política sanitaria debe considerar también a quienes no llegan a un tribunal y a quienes ni siquiera logran ingresar al sistema. La ausencia de un reclamo nunca debería confundirse con la ausencia de una necesidad.
La responsabilidad de conducir esa priorización corresponde al Estado. Su función de rectoría y contralor es indelegable. Debe establecer prioridades sanitarias y reglas de asignación explícitas, con fundamento en la evidencia, en las necesidades de la población y en los recursos disponibles. Debe hacerlo con participación, transparencia y mecanismos de revisión, y explicar de qué manera se financiarán las obligaciones que se establecen.
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Cuando esa conducción falta, las prioridades igualmente aparecen, pero quedan determinadas por la urgencia, la capacidad de negociación o el peso de cada reclamo. Los límites que no se discuten de manera pública terminan expresándose en demoras, barreras de acceso o gastos que las familias deben afrontar por su cuenta. La omisión también distribuye recursos y oportunidades, aunque nadie asuma la responsabilidad por sus consecuencias.
A quienes gestionamos nos corresponde interpretar y llevar a la práctica esa política, aportar nuestra experiencia y advertir sus dificultades. Eso no nos convierte en ejecutores sin responsabilidad propia. Debemos asegurar el buen hacer médico, organizar adecuadamente los servicios y rendir cuentas. Nuestra tarea consiste en transformar los recursos que recibe el sistema en atención oportuna, segura y efectiva para las personas.
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También debemos decir con claridad que la sostenibilidad de una institución sanitaria afecta a sus pacientes. Una institución necesita pagar remuneraciones, adquirir insumos y conservar su capacidad de atención. Si sus ingresos resultan insuficientes o los pagos se demoran de manera persistente, la continuidad del cuidado se compromete. Postergar una obligación puede ofrecer un alivio transitorio, pero deja pendiente la solución del desequilibrio que la originó.
Esto exige que evaluemos el sistema como un conjunto de vasos comunicantes. Lo que ocurre en el sector público repercute en la seguridad social y en el sector privado; las dificultades de uno pueden trasladar demanda y costos a los demás. Cada decisión debe analizarse también por sus efectos sobre el conjunto. Ningún subsector puede sostener indefinidamente aquello que los otros dejan de resolver.
Y el sistema sanitario está inmerso, a su vez, en las políticas de un país. De poco sirve ampliar la capacidad de un hospital si desatendemos las condiciones que enferman a la población. La educación, el trabajo, la alimentación, el agua potable, las cloacas, la vivienda digna y el cuidado del ambiente forman parte de las condiciones necesarias para una vida saludable. Por eso la salud debe estar presente en todas las políticas.
Una economía que se deteriora limita las posibilidades de financiar esos bienes y aumenta las dificultades de las familias. A la vez, una población que no puede cuidar su salud encuentra más obstáculos para estudiar, trabajar y desarrollar sus capacidades. La relación funciona en ambas direcciones. El crecimiento económico, por sí solo, no garantiza equidad; una distribución injusta puede frustrar sus beneficios. Pero tampoco podemos sostener el bienestar colectivo sin una base económica que lo haga posible.
No estoy de acuerdo con que se nos obligue a elegir entre sensibilidad social y responsabilidad económica. Quienes gestionamos tenemos la obligación de reunirlas en decisiones concretas. Debemos procurar más recursos, utilizarlos mejor y asignarlos con criterios que den prioridad a las necesidades y a la vulnerabilidad. El voluntarismo no paga una prestación ni garantiza su continuidad. La indiferencia frente a quien queda afuera tampoco puede justificarse con una planilla.
Una política sanitaria responsable tiene que explicar qué propone, cómo lo financiará, a quiénes alcanzará y cómo protegerá a quienes hoy tienen menos posibilidades de acceder. Debe responder tanto por lo que hace como por aquello que deja sin atender. La economía y la bioética deben formar parte de esa misma respuesta. Nuestra responsabilidad es que los recursos de la sociedad lleguen a las personas, especialmente a quienes más los necesitan y menos posibilidades tienen de hacerse escuchar.
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