
Cualquiera que conozca cualquier puerto de la Argentina reconocerá el logo de inmediato, tres letras negras en un contenedor color mostaza. MSC, o la Mediterranean Shipping Company, es una de las mayores empresa marítimas del rubro de cargas, con operaciones en las terminales de Buenos Aires y otras seis en el territorio argentino, mil navíos a nivel global, 300 rutas en el mar y una conocidísima ala de cruceros turísticos. Pero en los últimos años, su oficina porteña, por así decirlo, tuvo un extraño agujero en el casco.
A mediados del mes pasado, en un fallo que pasó completamente bajo el radar y al que accedió Infobae, el magistrado Mariano Amaduri, a cargo del Juzgado N°7, ratificó el curso de una denuncia realizada en 2025 por un alto ejecutivo de la Mediterranean Shipping Company Sociedad Anónima, la filial local de la empresa, con dos abogados presentados como querellantes.
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Cuatro ex ejecutivos de la firma eran el blanco de la presentación, con otros siete acusados ligados a empresas que hicieron diversos negocios de MSC. Seis de estos imputados intentaron un planteo de falta de acción e inexistencia de delito para derribar la causa, investigada por el fiscal Marcelo Munilla Lacasa. El juez Amaduri rechazó los planteos. La causa, delegada en el fiscal, sigue adelante.
La maniobra que MSC Argentina denunció fue, al menos, inquietante: estos cuatro ex ejecutivos de altísimo rango fueron señalados por una defraudación con facturaciones truchas de más de 70 millones de dólares, plata sucia que cruzó el mundo, obtenida con diversos trucos de los negocios reales de la empresa.
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La querella apuntó a “un universo de complejas maniobras cometidas durante un amplio margen temporal y mediante las cuales se habría defraudado a la firma MSC Argentina mediante operaciones que involucran comisiones” así como “facturación de servicios ficticios; sobrefacturación en corretajes cambiarios; y compra venta no autorizada de bonos por montos de miles de millones de pesos”, asevera el reciente fallo.
La empresa, inicialmente, sospecha de un daño base de cinco millones de dólares. La cuenta final podría ser de mucho más. “Conforme surge de la prueba que se produjo e incorporó de momento, la suma total que se habría movilizado y sobre la que se habría obtenido ese porcentaje que integra la defraudación que se investiga, sería una suma superior a los setenta millones de dólares”, continúa el fallo.
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El posible destino de esta supuesta fortuna: Ginebra, Suiza, a través de operaciones de contado con liqui, con el uso de supuestas sociedades pantalla en Argentina y Panamá. La connivencia con una conocida casa de cambios, también denunciada por MSC, habría sido clave.
Los ex ejecutivos imputados son Martín Adrián Silman, ex director financiero de MSC, acusado de ser “el organizador y beneficiario” de la maniobra. Lo sigue Ariel Lista, ex gerente financiero “quien participó de la aprobación, procesamiento y gestión contable de las comisiones indebidas”, Ariel Borrometi, tesorero de la firma “a cargo de la coordinación y ejecución” y Hugh Gavin Skellorn, antiguo gerente comercial y “deputy general manager” de la filial local.
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La lista de imputados se completa con figuras de tres empresas que se habrían encargado de proveer sociedades de pantalla y estructura para contener el dinero, así como la supuesta facturación de servicios inexistentes, así como el jefe de la casa de cambios involucrada, acusada de cobrar doble comisión por sus operaciones. La defensa de Silman, por su parte, intentó separar a MSC Argentina del rol de querellante.
Había ciertos pasos, niveles en la presunta maniobra. El fallo los detalla. Primero, los involucrados “habrían simulado servicios de intermediación, ubicándose estratégicamente en operaciones comerciales ya existentes de MSC Argentina y sus clientes, asegurándose de ese modo poder cobrar comisiones sin que medie ningún tipo de contraprestación de su parte”, asegura un documento de la causa. Luego, las sociedades pantalla emitían “facturas para asegurar el cobro de fondos desviados”. Brokers y financieras se encargarían de repartriar el dinero para luego repartirlo en efectivo, siempre según la denuncia.
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La causa regresó a la fase de producción de prueba luego el rechazo del planteo de las defensas. El fiscal Munilla Lacasa avanza con la toma de testimonios, tras requerir informes a organismos públicos y privados.
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