La ley de Cabotaje y una deuda histórica con el federalismo

Modificar el régimen de navegación de los ríos interiores puede transformar ventajas geográficas en oportunidades concretas para las economías provinciales

Barco de carga en la Hidrovía
Barco de carga en la Hidrovía
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La historia de la organización nacional argentina también puede leerse a través de las disputas por sus ríos, sus puertos y el control del comercio. Desde los primeros años posteriores a la Revolución de Mayo, las provincias del Litoral reclamaron que los ríos Paraná y Uruguay fueran vías efectivas de comunicación e intercambio, y no quedaran subordinados a un esquema comercial concentrado en Buenos Aires.

El control del puerto y de la Aduana porteña fue durante décadas uno de los principales focos de conflicto. Para las provincias, la libre navegación significaba superar el aislamiento, acceder a los mercados y desarrollar sus propias economías. La Constitución de 1853 recogió aquella reivindicación al consagrar la libre navegación de los ríos interiores.

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Más de un siglo y medio después, aquella discusión conserva una sorprendente actualidad. La Argentina cuenta con una de las redes fluviales más importantes de América del Sur, una extensa costa marítima y puertos distribuidos estratégicamente a lo largo de su territorio. Sin embargo, todavía estamos lejos de aprovechar plenamente ese potencial. El transporte por agua tiene una participación limitada frente al terrestre y persisten restricciones normativas y operativas que dificultan una mayor integración entre los puertos nacionales.

La geografía nos ofrece una ventaja que todavía no conseguimos transformar plenamente en oportunidades de desarrollo. Y cuando hablamos de aprovechar nuestros ríos, hablamos también de federalismo: de que las posibilidades de producir y comerciar no dependan exclusivamente de la cercanía a los grandes centros económicos o de la disponibilidad de determinados corredores logísticos.

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Por eso, el debate sobre una nueva Ley de Cabotaje representa una oportunidad que va mucho más allá de una modificación en las reglas de navegación. El proyecto que se aprobó en el Senado propone una transformación del régimen vigente, habilitando la participación de buques de bandera extranjera en el transporte entre puertos argentinos y modificando distintos aspectos operativos, aduaneros e impositivos vinculados a la actividad.

El objetivo es ampliar la oferta de transporte, facilitar la circulación de cargas entre puertos nacionales, simplificar procedimientos y generar condiciones para un mejor aprovechamiento de la infraestructura disponible. En términos económicos, esto puede traducirse en menores costos logísticos, nuevas conexiones y mayores alternativas para las producciones regionales.

Para las economías regionales, esto tiene una importancia particular. Muchas actividades productivas compiten en mercados donde el transporte representa una parte significativa del precio final. El Norte Grande conoce especialmente esa realidad: aprovechar mejor la Hidrovía Paraguay-Paraná, ampliar las conexiones entre puertos y facilitar la circulación de cargas puede mejorar la competitividad de sus producciones agropecuarias, industriales y comerciales. Pero la oportunidad alcanza también al Litoral y a otras regiones del país.

No se trata de reemplazar el transporte automotor ni el ferroviario, sino de complementarlos y avanzar hacia un sistema multimodal que permita elegir las alternativas más eficientes según las características de cada carga, las distancias y los destinos. Una Argentina mejor conectada tiene mayores posibilidades de desarrollar sus economías regionales y aprovechar su potencial exportador.

Esta agenda también nos obliga a discutir qué entendemos por desarrollo y qué papel deben cumplir las instituciones. En Por qué fracasan los países, Daron Acemoglu y James A. Robinson explican que la prosperidad está vinculada con la capacidad de las instituciones para generar oportunidades, ampliar la participación económica y evitar que las reglas queden al servicio de intereses concentrados.

Esa reflexión interpela directamente el debate sobre el cabotaje. Defender la Marina Mercante nacional, el empleo argentino y la industria naval es una preocupación legítima y necesaria. Pero esa defensa no debería confundirse con la preservación de cualquier regulación, aun cuando termine limitando la competencia, encareciendo la logística o restringiendo las oportunidades de otras actividades productivas. La protección cumple su verdadero propósito cuando fortalece capacidades y genera empleo; no cuando se transforma en una barrera que el resto de la economía debe pagar.

Modernizar el cabotaje exige contemplar el desarrollo de la Marina Mercante, la industria naval y el empleo argentino. No se trata de elegir entre apertura y protección, sino de construir reglas que promuevan la competencia y la eficiencia sin desatender las capacidades productivas nacionales. Una Marina Mercante más fuerte y una economía más competitiva no deberían ser objetivos contrapuestos.

Desde mi labor parlamentaria vengo impulsando esta agenda, convencido de que mejorar las condiciones de navegación y transporte es también una manera de ampliar las oportunidades de desarrollo de las economías regionales. Remover obstáculos, facilitar la conexión entre puertos y aprovechar mejor nuestra infraestructura son pasos concretos para avanzar hacia un sistema de transporte más eficiente e integrado.

Porque la discusión sobre el cabotaje también es una discusión sobre el federalismo. Aquella histórica reivindicación de las provincias del Litoral para que los ríos fueran verdaderas vías de comunicación y desarrollo sigue teniendo plena vigencia. Hoy, las provincias del Norte y las economías regionales necesitan que esas vías se traduzcan en oportunidades concretas de producción, comercio e integración.

La Constitución reconoció hace más de un siglo y medio la libre navegación de nuestros ríos. El desafío actual es que ese principio se traduzca también en condiciones reales para aprovecharlos económicamente. Modificar las reglas del cabotaje puede ser un paso en esa dirección: recuperar nuestros ríos como caminos de desarrollo y hacer que la infraestructura y las ventajas geográficas del país estén al servicio de todas sus regiones.

Porque construir una Argentina más federal también significa que ninguna provincia tenga que resignar oportunidades por las dificultades para conectar su producción con los mercados.