El mercado empezó a pedir política

“Los mercados no se crean, regulan, estabilizan ni sostienen por sí mismos” - Dani Rodrik, La paradoja de la globalización.

Luis Caputo llegó a la Conferencia Industrial de la UIA con un paquete de medidas que incluyó la suspensión de embargos de ARCA para las pymes, la extensión del plan de 18 cuotas para deudas impositivas, el uso de saldos a favor por exportaciones para cancelar deudas aduaneras y créditos del Banco Nación para la compra de vehículos. Antes de que la escena pudiera interpretarse como un cambio de doctrina, aclaró que aquello “no es un plan platita”.

La aclaración resultó más reveladora que los anuncios. Durante gran parte de su gestión, el Gobierno presentó a la política como una interferencia que debía retirarse para liberar las fuerzas productivas. Ahora utiliza crédito dirigido, alivio fiscal y una propuesta de coordinación fiscal con las provincias para evitar que el freno de la actividad se profundice. La realidad comenzó a corregir el diccionario oficial.

El reclamo empresario se concentró en crédito, infraestructura, un pacto fiscal federal, condiciones de competencia semejantes a las de otros países y una estrategia que preserve capacidades productivas construidas durante décadas. En septiembre, la producción manufacturera cayó 1,8 por ciento interanual y la utilización de la capacidad instalada se ubicó en 60,1 por ciento, por debajo del registro del año anterior. La producción de maquinaria y equipo retrocedió 26,8 por ciento.

El mercado empezó a pedir política.

La palabra incomoda porque la Argentina confundió demasiadas veces política económica con arbitrariedad, privilegio o gasto electoral. Una economía de mercado depende de tribunales que protejan contratos, bancos que financien proyectos, infraestructura, educación, reglas comerciales, estabilidad monetaria y organismos capaces de corregir abusos. El Estado puede desempeñar mal esas funciones; cuando se retira, las tareas que sostienen al mercado quedan sin reemplazo.

El verdadero debate empieza cuando preguntamos qué instituciones necesitamos, quién define sus prioridades y cómo se reparten los costos y beneficios de cada decisión.

En esa discusión suele faltar la otra mitad del mercado. Las empresas producen, invierten y emplean. Los hogares trabajan, consumen y sostienen la demanda que vuelve posible buena parte de esa producción. Cuando el salario se termina antes que el mes, el problema excede la situación personal de una familia y empieza a recorrer las cajas de los comercios, las órdenes de compra, los turnos de las fábricas y las decisiones de inversión.

Los últimos datos oficiales muestran esa tensión. En septiembre, el índice de salarios aumentó 1,3 por ciento, con una caída de 0,8 por ciento en el sector privado no registrado. En octubre, la inflación general fue de 2,2 por ciento, mientras la canasta básica total subió 3,5 por ciento y la alimentaria, 3,1. Las ventas reales de los supermercados habían caído 3,7 por ciento interanual en agosto y, ese mismo mes, la mora de las financiaciones a las familias se ubicaba en 12,8 por ciento.

Quien paga el supermercado con tarjeta, posterga una consulta médica o utiliza un préstamo para completar los gastos cotidianos participa de la misma economía que discuten el ministro y los industriales. Es trabajador, consumidor y contribuyente del sistema productivo. La duración del salario también funciona como un indicador industrial.

El alivio financiero puede evitar que una empresa cierre o reduzca personal. La reactivación exige además que haya compradores. La prudencia fiscal protege la moneda y evita que una expansión artificial del consumo termine financiada con inflación. Esa experiencia forma parte de la memoria económica argentina. Convertirla en una prohibición ideológica de cualquier política de ingresos, crédito o desarrollo dejaría fábricas más ordenadas y mercados cada vez más pequeños.

El consumo sostenido sin productividad compromete el futuro, mientras una producción que no encuentra poder adquisitivo acumula stocks, reduce turnos y posterga inversiones. Una estrategia razonable debe trabajar sobre las dos dimensiones: empresas capaces de competir y ciudadanos capaces de vivir de su trabajo.

Eso también impone obligaciones al sector privado. La protección productiva se justifica cuando compra capacidades futuras. Los créditos, beneficios fiscales o ventajas arancelarias deben traducirse en inversión, innovación, empleo formal, desarrollo de proveedores y exportaciones. Una empresa que recibe alivio público adquiere una responsabilidad pública, aunque siga perteneciendo a sus accionistas.

Ese pedido abre una oportunidad: la política debe responder y, al mismo tiempo, exigir resultados.

Durante años, la Argentina ensayó dos atajos. El primero sostuvo el consumo con desequilibrios que terminaron devorando los ingresos. El segundo confió en que la estabilidad reconstruiría por sí sola la inversión, el empleo y los salarios. El momento actual obliga a abandonar ambos caminos.

Las medidas anunciadas por Caputo representan una corrección parcial, todavía insuficiente para convertirse en una política productiva. Su importancia reside en otra parte: muestran que incluso un gobierno decidido a reducir al mínimo la intervención estatal necesita elegir instrumentos, coordinar intereses y atender sectores cuyos tiempos no coinciden con los de una campaña electoral.

La reactivación será algo más que un crédito para una fábrica o una prórroga impositiva. Tendrá sentido cuando la inversión se convierta en empleo formal, la productividad mejore los salarios y la estabilidad abra una perspectiva de futuro para quienes hoy terminan el mes endeudados. Las máquinas deben volver a trabajar, pero el desarrollo empieza cuando quienes las operan pueden vivir de su sueldo y comprar una parte de lo que producen.