Salud mental: la ley debe garantizar que la ayuda llegue a tiempo

La salud mental es uno de los grandes desafíos sanitarios y sociales de nuestro tiempo. Detrás de cada diagnóstico hay una persona, una familia, una historia y, muchas veces, un pedido de ayuda que no encuentra una respuesta adecuada.

Durante muchos años, la Argentina tuvo una legislación que nació con una finalidad legítima: proteger los derechos de las personas con padecimientos mentales, evitar abusos y promover un modelo de atención respetuoso de la dignidad humana. Esos principios no están en discusión y deben seguir siendo el fundamento de cualquier política pública.

Pero también tenemos la responsabilidad de mirar la realidad. Y la realidad nos demuestra que, en numerosas ocasiones, el sistema no ha podido responder a tiempo.

Hemos escuchado a profesionales, especialistas, instituciones, organizaciones civiles y, especialmente, a familiares que conviven diariamente con situaciones profundamente dolorosas. Escuchamos testimonios de madres y padres que no saben dónde acudir, que recorren instituciones buscando asistencia y que sienten que el sistema les exige esperar hasta que una situación se convierta en una emergencia irreversible.

No podemos naturalizar esa realidad.

Como presidenta de la Comisión de Salud del Senado, asumí el compromiso de impulsar un debate amplio, plural y responsable. No se trataba simplemente de modificar una ley, sino de preguntarnos si las herramientas que tenemos hoy son suficientes para atender las necesidades reales de nuestra sociedad.

La respuesta exige una actualización.

El concepto fundamental de esta reforma es muy sencillo: llegar a tiempo.

No podemos esperar a que el riesgo sea inminente para permitir que el sistema sanitario actúe. La prevención, la evaluación profesional, el diagnóstico oportuno y la posibilidad de intervenir ante situaciones de riesgo grave son herramientas indispensables para proteger la vida.

También debemos recuperar el valor de la medicina, de la psiquiatría y de los equipos interdisciplinarios. La salud mental necesita profesionales capacitados, criterios científicos, instituciones preparadas y un sistema que permita respuestas concretas, sin prejuicios ni barreras burocráticas.

Hay otra cuestión que considero fundamental: las familias.

Durante demasiado tiempo, muchas familias se sintieron solas frente a situaciones que no podían resolver por sus propios medios. No podemos pedirles que acompañen, cuiden y sostengan a una persona sin brindarles herramientas, orientación y respaldo institucional.

La familia no debe ser considerada un problema del sistema. Debe ser reconocida como parte fundamental de la red de cuidado, respetando siempre los derechos, la voluntad y la dignidad de cada persona.

Quiero ser clara en algo: actualizar la legislación no significa volver al pasado ni habilitar prácticas abusivas. La internación debe continuar siendo un recurso terapéutico excepcional, sujeto a controles y garantías. Tampoco debemos confundir la necesidad de contar con instituciones especializadas con modelos de atención que vulneren los derechos humanos.

Lo que necesitamos es un sistema más amplio, más eficiente y con capacidad de dar respuestas diferentes según cada situación clínica.

El Senado de la Nación aprobó la reforma por 42 votos afirmativos y 21 negativos, y la iniciativa fue girada a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento. Ese resultado expresa la importancia que adquirió un debate que no puede quedar atrapado en diferencias partidarias.

No estamos discutiendo una cuestión ideológica. Estamos hablando de personas que necesitan atención, de familias que necesitan acompañamiento y de profesionales que necesitan herramientas para cumplir con su responsabilidad.

La política tiene que dejar de discutir solamente desde los conceptos y empezar a resolver desde la realidad.

Porque detrás de cada demora puede haber una vida que se deteriora, una familia que se quiebra y una oportunidad de tratamiento que se pierde.

Estoy convencida de que una sociedad verdaderamente comprometida con los derechos humanos es aquella que no solamente reconoce derechos en el papel, sino que crea las condiciones para que puedan ejercerse efectivamente.

La salud mental necesita menos indiferencia, menos prejuicios y más respuestas. Necesita prevención, ciencia, profesionales, instituciones y, sobre todo, un Estado capaz de actuar cuando todavía estamos a tiempo.