La visita de la presidente Keiko Fujimori a El Salvador para conocer las políticas de seguridad ciudadana en dicho país reaviva el debate sobre la restricción de comunicaciones ilegales en penales y centros juveniles del país, más aún cuando medidas en esta materia forman parte de las facultades legislativas otorgadas en octubre por el Congreso al Poder Ejecutivo.
Fujimori ha destacado dos medidas: desmantelar estaciones y antenas clandestinas, e implantar una política de “comunicación cero” en penales. Ninguna es nueva, y tanto la experiencia acumulada como la evolución tecnológica revelan, más bien, la oportunidad de adoptar una política de seguridad ciudadana de naturaleza integral, de forma mucho más eficaz respecto a lo que hemos tenido en la última década.
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El modelo PRISONTEC
En el año 2014, el Ministerio de Justicia (MINJUS) suscribió con la empresa PRISONTEC una concesión por 25 años para que, bajo un esquema autosostenible, esta empresa asuma el bloqueo de comunicaciones móviles y WiFi en 33 de los 69 penales existentes, a cambio de operar la telefonía pública para los internos.
Diez años después, los resultados no son positivos. El modelo nunca fue extendido al resto de penales en el país, careció de una supervisión técnica consolidada; dejó incomunicados a muchos residentes y pequeños emprendedores cercanos; y no actualizó sus equipos ante la masificación del 4G.
Una política multisectorial
La política de “cero comunicación” del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, no es replicable en el Perú, porque la enorme mayoría de nuestros penales está ubicada en zonas urbanas, por lo que el bloqueo externo afecta inevitablemente a quienes viven o transitan cerca.
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Sin embargo, las nuevas tecnologías ofrecen la oportunidad de un sistema multidimensional de inteligencia penitenciaria que sustituya el bloqueo externo por una combinación de bloqueo interno, provisto por un tercero, registro de comunicaciones de voz y datos por operadores y proveedores tecnológicos globales, acceso autorizado a esa información por el Ministerio Público, registro de transacciones financieras mediante operadores de billeteras digitales, mayor fiscalización del MTC para desmantelar antenas clandestinas, y control extremo del ingreso y circulación de dispositivos en los penales a cargo del INPE.
La interdependencia de estos componentes exige una política multisectorial, liderada por los sectores Justicia e Interior, que utilice la información de las comunicaciones para alimentar la inteligencia penitenciaria, en lugar de limitarse a bloquearlas.
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El Comando Unificado anunciado por la presidente podría articular este esfuerzo si, además de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Ministerio Público, incorpora -bajo una lógica de coordinación público-privada- cuando menos al MTC y OSIPTEL, a proveedores globales de plataformas tecnológicas y a autoridades y entidades financieras.
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