Durante los últimos años, el mundo científico ha reconocido de manera contundente que la Amazonía enfrenta desafíos de supervivencia sin precedentes y que pronto podría llegar a un punto de inflexión donde su recuperación podría ser imposible.
Llegar a estos extremos podría generar impactos socioeconómicos, culturales y ambientales devastadores, no solo en la Amazonia, sino que, tanto a nivel regional como mundial, con consecuencias devastadoras en la agricultura y el suministro de agua en zonas urbanas, así como amenazas significativas para la protección de los ecosistemas.
Esto ha sido sin duda uno de los temas de amplio debate en la COP 27 (la cumbre del clima organizada por la ONU) en Egipto.
Preservar la Amazonía de amenazas como la deforestación y la pérdida de biodiversidad, es asunto de interés global y debe convertirse en una de las grandes prioridades de nuestro tiempo. Nuestras acciones de hoy son nuestro futuro, y no debemos olvidarlo.
En este contexto, la representación de Naciones Unidas en Brasil y el Consorcio Interestatal Amazonia Legal lanzaron el Hub Amazonia Legal, un mecanismo programático-financiero cuyo objetivo central es el de promover el desarrollo sostenible de la Amazonia brasileña a través de la movilización de recursos. Esto, gracias a la creación de un fondo fiduciario, denominado Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible de la Amazonia Legal (MPTF de la Amazonia).
La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en línea con su fuerte compromiso en apoyo a los países en la mitigación y adaptación del cambio climático, y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) lideran esta iniciativa a través de la codirección del Grupo Temático Interinstitucional sobre Desarrollo Sostenible de la Amazonia Legal, compuesto por 17 agencias especializadas, fondos y programas de la ONU en Brasil.
El desafío al que nos enfrentamos con este nuevo fondo es lograr que las asociaciones y apoyos a la Amazonía no solo se limiten a la gestión de los ecosistemas, sino que también apunten a la creación de alternativas económicas inclusivas centradas en beneficiar a la población local.
No podemos olvidar que la región de la Amazonia Legal brasileña, que contempla nueve Estados, alberga a 29 millones de personas y tiene uno de los peores índices de pobreza y desarrollo humano y la mayor inseguridad alimentaria. Es inaceptable que su población viva con tanta pobreza, pese a estar en la zona de mayor riqueza natural a nivel mundial.
Desde la FAO estamos convencidos de que la suscripción de este acuerdo, realizado en el marco de la COP27, se materializará en una acción concreta de mejoras en la Amazonía, a través de la priorización de propuestas para mejorar la gobernanza ambiental, reducir las actividades ilegales, empoderar a la población de la región y apoyar los asentamientos humanos y las ciudades sostenibles, además de mejorar la gestión de las cuestiones socioambientales, y los impactos del cambio climático en la agricultura.
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