El Ministerio Público de Guatemala atribuye a Barrio 18 el asesinato del exfiscal Solórzano Foppa y de Gustavo Aguilar

La fiscalía informó que dos presuntos miembros de la estructura criminal fueron capturados y enviados a proceso, mientras mantiene bajo reserva las pesquisas sobre eventuales responsables de ordenar el ataque

Un hombre con un saco azul y una corbata celeste está sentado en un sofá gris frente a una mesa de vidrio y una ventana
Juan Francisco Solórzano Foppa murió tras un ataque armado en las canchas de Campo Marte en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala. (Redes Sociales)
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El Ministerio Público de Guatemala confirmó que la pandilla Barrio 18 fue autora material del ataque que asesinó al exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa y a Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro el 17 de octubre de 2026, en el complejo deportivo Campo Marte, de la zona 5 de la capital.

La fiscalía mantiene abiertas líneas para determinar si hubo autores intelectuales y si integrantes de la Policía Nacional Civil participaron en la planificación o en el posterior desvío de la pesquisa.

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El fiscal general sostuvo durante una conferencia de prensa que la información divulgable está limitada por la reserva judicial.

“Efectivamente, fue el grupo terrorista denominado Barrio 18 el autor material del asesinato. Es lo que podemos indicar hasta ahora por la reserva judicial que se encuentra y para no dañar la investigación y para que se pueda capturar el resto de personas que fueron involucradas”, afirmó.

Tres hombres con traje y corbata se sientan tras una mesa con manteles que llevan el escudo del Ministerio Público de Guatemala
Tres representantes del Ministerio Público de Guatemala ofrecen una rueda de prensa sentados ante una mesa oficial con distintivos institucionales. (captura de pantalla)

Dos integrantes de Barrio 18 ligados a proceso por asesinato

Dos personas presuntamente integrantes de la pandilla ya fueron detenidas y ligadas a proceso penal por el delito de asesinato de ambas víctimas. El secretario general del Ministerio Público, Edwin Santiago Chavajay Chavajay, indicó que la estructura está catalogada en Guatemala como grupo criminal transnacional y terrorista conforme a la legislación contra maras y pandillas.

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Chavajay recordó que el Departamento de Estado de Estados Unidos designó recientemente a Barrio 18 como organización terrorista. También explicó que el Código Penal considera autores tanto a quienes ejecutan el delito como a quienes colaboran mediante actos sin los cuales el hecho no habría podido cometerse.

La fiscalía realizó más de 50 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de pruebas. Las actuaciones incluyeron requisas en el Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres Renovación 1 y en el Centro de Alta Seguridad Canadá.

Los investigadores identificaron vehículos utilizados en el lugar del crimen y remitieron armas de fuego para cotejos balísticos. El secretario general anticipó que durante las próximas semanas podrían concretarse nuevas capturas de autores materiales y de posibles responsables intelectuales.

Siete policías procesados por presuntas maniobras para desviar el caso

La primera detención vinculada con el caso derivó en una línea penal paralela contra agentes policiales. El coordinador nacional José Raúl López Lamadrid relató que, el mismo día del ataque, la Policía Nacional Civil informó la captura de los hermanos Choc Tos y reportó el hallazgo de una carabina como elemento de vinculación preliminar.

Durante la audiencia del 18 de octubre, la fiscalía detectó inconsistencias sustanciales en el procedimiento y concluyó que no existían elementos objetivos que relacionaran a los detenidos con los asesinatos. Por ese motivo solicitó la falta de mérito y el juez competente ordenó su liberación inmediata.

La sospecha de que el arma habría sido colocada de forma irregular para simular una prueba llevó al Ministerio Público a investigar la actuación policial. El análisis incluyó reconstrucciones videoforenses de desplazamientos, testimonios, peritajes científicos y cotejos entre la ubicación real de unidades policiales y los recorridos consignados oficialmente.

Como resultado, siete integrantes de la Policía Nacional Civil quedaron ligados a proceso: un comisario, un oficial, un inspector y varios agentes. Los delitos imputados son abuso de autoridad, simulación de delito, obstaculización a la acción penal y transporte o traslado ilegal de armas de fuego.

La fiscalía siguió además la ruta de la carabina presuntamente implantada para establecer su origen y revisar la documentación relacionada con su tenencia. El 10 de noviembre se realizaron nuevos allanamientos en los que fueron localizadas municiones y armas de fuego.

Esas diligencias derivaron en tres capturas adicionales: dos personas relacionadas con la titularidad del arma y con un traspaso considerado anómalo, acusadas de obstaculización a la acción penal, y una agente policial señalada por emitir una constancia irregular, por incumplimiento de deberes. La causa sobre las actuaciones posteriores al ataque acumula 10 personas ligadas a proceso.

El fiscal general defendió la reserva judicial al señalar que un juez controla esa medida para proteger a víctimas y testigos, preservar la presunción de inocencia, impedir que los prófugos conozcan los avances del caso y evitar que las pruebas sean comprometidas por una difusión anticipada. “Respetar la reserva es, en el fondo, garantizar que haya justicia”, afirmó.

La fiscalía continúa evaluando si alguno de los agentes procesados por las irregularidades tuvo participación en la organización o planificación de los homicidios. “Si entre esas hipótesis podemos llegar a demostrar con evidencia que tuvieron que ver con la organización o planificación también de los asesinatos, que no le quepa duda de que también serán puestos a disposición por el mismo delito”, señaló el fiscal general.

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