El Estado de derecho y nuestro contrato como sociedad

Un nuevo capítulo del Índice de Estado de derecho, en este caso correspondiente a este año 2019, fue publicado por el World Justice Project. Este remarca que el Estado de derecho efectivo reduce la corrupción, combate la pobreza y las enfermedades, y protege a las personas de las injusticias, grandes y pequeñas. Como sostiene el informe, el Estado de derecho es la base para que en una comunidad haya justicia, oportunidades y paz, cuyos cimientos son el gobierno responsable y el respeto de los derechos fundamentales.

Tradicionalmente, el Estado de derecho ha sido visto como el dominio exclusivo de abogados y jueces. Pero los problemas cotidianos de seguridad, derechos, justicia y gobierno no responsable nos afectan a todos. Todos somos partes interesadas. Es el Estado de derecho lo que hace posible nuestra vida en democracia. Es, sin dudarlo, un reaseguro democrático. El Estado de derecho nos afecta a todos en nuestra vida cotidiana. Si bien es posible que no lo sepamos, el Estado de derecho es profundamente importante, y no solo para abogados o jueces. Todos los sectores de la sociedad somos partes interesadas, ya que su transgresión o su ausencia alteran nuestras posibilidades como sociedad y como individuos.

De acuerdo con el índice, son cuatro los principios del Estado de derecho: 1) responsabilidad política: tanto el gobierno como los actores privados rinden cuentas ante la ley; 2) leyes justas: las leyes son claras, estables, se aplican de manera uniforme y protegen derechos fundamentales, incluyendo la seguridad de las personas, los contratos y los derechos de propiedad; 3) gobierno abierto: los procesos por los que se hacen las leyes son justos y eficientes y 4) mecanismos de resolución de conflictos accesibles e imparciales: la justicia es impartida en tiempo y forma, por autoridades competentes, independientes y neutrales.

Cuando prima el Estado de derecho, la ley se tiene como algo primordial, en la sociedad no existe el abuso de autoridad, la rendición de cuentas se hace habitual y la corrupción es excepcional. Sin embargo, en todo el mundo, en mayor o menor medida, este ideal no se cumple al cien por ciento. Pero hay países que se acercan mucho y otros que se alejan bastante.

En coincidencia con otros índices, WJP identifica que el crecimiento de los autoritarismos o el estancamiento de la democracia se traducen en poderes judiciales menos independientes, gobiernos propensos a no rendir cuentas ni abandonar el poder y medios de comunicación menos libres. Teniendo esto en mente, WJP indicó que en el 2019 por segundo año consecutivo más países han visto deteriorada su puntuación respecto de los que han mejorado. Los tres países más destacados son nórdicos: Dinamarca, Noruega y Finlandia. Mientras que los tres peores lugares se reparten entre África, Asia y América Latina: República Democrática del Congo, Camboya y Venezuela.

Con resultados que van de 0 a 1, donde 1 indica mayor concreción de Estado de derecho, a nivel regional, Uruguay es el único país latinoamericano en el grupo con mejores resultados al pasar el umbral de los 0,70 (0,71). Le siguen Costa Rica, con 0,69 y Chile, 0,68. Argentina y Brasil miden 0,58 y 0,53 respectivamente. Mientras que Colombia muestra un resultado de 0,50; México, 0,45; Bolivia, 0,38 y Venezuela, 0,28. El resultado de Venezuela es el más bajo de todos los casos estudiados.

Como conclusión, este estudio es una herramienta, pero sobre todo es un llamado de atención. La comunidad internacional, pero sobre todo los ciudadanos de cada uno de nuestros países deberíamos estar atentos al cumplimiento de las reglas de juego que nos definen como sociedad.

La autora es docente de Ciencia Política (USAL).