Venezuela, plantados por la democracia

El continuado embate de los demócratas venezolanos contra la dictadura castrochavista ha limitado la capacidad operativa de esta dentro y fuera del país y ha proyectado a la oposición como una alternativa de poder.

La participación ciudadana en manifestaciones contrarias al régimen demuestra que el venezolano promedio no se ha dado por vencido y conserva la esperanza de conquistar un futuro mejor. Los muchos años de despotismo que ha padecido no han mellado sus esperanzas de cambiar el país; por otra parte, la oposición, con independencia de sus desaciertos, sigue aprovechando los escasos espacios políticos que el régimen todavía no ha clausurado.

Las continuas marchas y protestas reducen la capacidad de gestión del régimen, hacen el país ingobernable, generan divisiones y conflictos entre las facciones que detentan el poder. Las acciones populares pueden ser el catalizador que quiebre la nomenclatura militar y civil, así que si las protestas alcanzan la dimensión y la continuidad necesarias, es probable que algunos pretores del chavismo deserten del gobierno y otros hasta cambien de bandera en busca de su redención.

No hay dudas de que es una estrategia costosa en vidas y bienes, empero es la única alternativa a una confrontación armada que sería mucho más traumática para la nación si se tiene en cuenta que la vía electoral está viciada por la parcialización, lo que determina que la oposición debe exigir un cambio completo de las autoridades electorales para que el fallo, en caso de que haya comicios, sea respetado por las partes.

Cierto que conducir el país a la ingobernabilidad lleva al régimen a recrudecer la represión y eliminar los limitados derechos ciudadanos, pero es un riesgo a correr y un incentivo para incrementar la ofensiva hasta dejar sin aliento a la dictadura. Lamentablemente es de esperar que se produzcan más incidentes trágicos, pero en esta coyuntura la apuesta por la libertad demanda grandes riesgos para todos, además, por ningún motivo el liderazgo de la oposición debe sugerir o disponer el cese de las protestas callejeras y menos si se aprecia que la población está dispuesta a seguir enfrentado los peligros que implica combatir un régimen represivo.

Los movimientos desestabilizadores con alta participación popular han demostrado ser efectivos en el derrocamiento de gobiernos democráticos como ha ocurrido en Argentina, Bolivia y Ecuador, entre otros países. Aunque falta ver cómo inciden las protestas populares en una autocracia que cuenta con la asesoría represiva de un régimen que lleva 58 años en el poder, hay precedentes de que las manifestaciones populares pueden causar rupturas en la clase gobernante, como fue el caso de Rumania, por sólo poner un ejemplo.

En Venezuela hay condiciones precisas para que la voluntad del pueblo logre la caída del Gobierno. El proyecto chavista está francamente debilitado por la corrupción y la ineficiencia, y el respaldo del pueblo ha disminuido a niveles sin precedentes.

Internacionalmente la situación no es mejor. El país está endeudado y gobiernos e instituciones internacionales como Naciones Unidas han expresado gran preocupación por lo que acontece en el país, como reflejan las declaraciones del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, quien dijo: "Mantener los espacios democráticos abiertos es esencial para garantizar que los derechos humanos están protegidos".

La continuidad gubernamental Maduro-Cabello, inspirada en las propuestas de Hugo Chávez, significará la agudización de la represión, el aumento de la corrupción, una amplia política de confiscación de bienes y el cese de las libertades de expresión e información.

Políticamente el régimen buscará cómo eliminar la oposición legal. Suprimirá el pluralismo político e ilegalizará la gestión pública de las personalidades más notables que sean adversas. Las parodias de democracia llegarán a su fin, porque gestarán una oposición que se ajuste a sus conveniencias.

Para esta gestión cuenta con las Fuerzas Armadas. Hay que tener presente que el gestor del actual modelo político venezolano fue un militar golpista. Nicolás Maduro patrocinó un golpe de Estado institucional usando como instrumento el Tribunal Supremo de Justicia; en consecuencia puede determinar, en asociación con los colectivos paramilitares, las milicias, y bajo el mando del general Vladimir Padrino López o cualquier otro testaferro, un cuartelazo que los mantenga en el poder para así no ir a la cárcel o al exilio.

Si la presión cesa, si el Gobierno retorna a la situación previa a las protestas, es de esperar que el control social y político se incremente y en alguna medida procure instrumentar las reglas del socialismo real vigentes en Cuba. A fin de cuentas, la aspiración de Hugo Chávez fue, y la de Maduro es, establecer en el país un régimen como el de los Castro.