Más de 5,600 organizaciones civiles canceladas y opositores perseguidos en el exterior: lo que documentó la ONU sobre Nicaragua en 2026

Ninguno de los 222 presos políticos nicaragüenses excarcelados en febrero de 2023 y trasladados a Estados Unidos ha recibido asilo hasta ahora. Al menos ocho de ellos fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) entre 2025 y 2026, y uno fue deportado a Honduras.

El dato resume la paradoja que atraviesa hoy la respuesta internacional frente al colapso democrático de Nicaragua, según un informe de la Washington Office on Latin America (WOLA), organización dedicada al seguimiento de derechos humanos en la región.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desmantelado la separación de poderes y subordinado al Poder Judicial, la autoridad electoral y el Legislativo al Ejecutivo, mientras la represión se extiende cada vez más allá de sus fronteras.

Más de 5,600 organizaciones civiles perdieron su registro desde 2018

La maquinaria legal del oficialismo nicaragüense se construyó en etapas. En octubre de 2020, la Asamblea Nacional aprobó una ley que obliga a registrarse como “agentes extranjeros” a quienes trabajan para gobiernos, empresas o fundaciones foráneas.

En marzo de 2022 llegó la Ley General para la Regulación y Control de las Organizaciones sin Fines de Lucro, que faculta al Estado a cancelar el registro legal de entidades que considere promotoras de “campañas desestabilizadoras” y a confiscar sus bienes. Reformas adicionales de 2024 reforzaron ese control sobre las organizaciones que lograron sobrevivir.

El resultado, documentado por WOLA, es contundente: desde 2018 las autoridades cancelaron el registro de más de 5,600 organizaciones de la sociedad civil nicaragüense. El Mecanismo para el Reconocimiento de Presos Políticos contabilizó, al 31 de julio de 2026, 60 presos políticos en el país: 51 hombres y nueve mujeres, 15 adultos mayores y 23 personas en situación de desaparición forzada.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Nicaragua (GHREN) documentó, en su informe de marzo de 2026, 199 detenciones de motivación política entre abril de 2025 y mediados de enero de 2026.

Su reporte más reciente, del 22 de septiembre de este año, verificó 161 casos de desaparición forzada y ocho muertes bajo custodia estatal desde abril de 2018, varias de ellas vinculadas a torturas o tratos crueles.

Entre esos casos, el organismo destacó al líder miskitu Brooklyn Rivera, de 73 años, muerto el 1 de junio bajo custodia tras más de 900 días detenido sin que se conociera su paradero ni su estado de salud.

Otros presos de edad avanzada, como Víctor Boitano, Carlos Brenes y Salvadora Martínez, padecen enfermedades crónicas o terminales, según el mismo informe del GHREN.

La represión alcanza a opositores exiliados fuera de Nicaragua

El GHREN ha documentado también la expansión de la represión transnacional. El 19 de junio de 2025, el mayor retirado Roberto Samcam fue asesinado en Costa Rica, donde vivía exiliado.

Para febrero de 2026, los expertos de Naciones Unidas habían registrado más de una docena de asesinatos, intentos de homicidio y agresiones contra opositores en el exterior.

El caso más reciente es el atentado del 14 de septiembre contra el líder campesino Reinaldo Picado Miranda, exiliado en Costa Rica, quien ya había sobrevivido a otro ataque tres meses antes.

Organizaciones nicaragüenses en el exilio identificaron a 16 personas atacadas entre 2018 y 2026 —nueve en Costa Rica y siete en Honduras—, de las cuales once murieron.

A esto se suma la privación de nacionalidad a 452 nicaragüenses, muchos de ellos expresos políticos desnaturalizados tras su expulsión del país, y otros 200 a quienes se les impidió reingresar tras viajar al extranjero.

La OEA abrió un canal de seguimiento tras el retiro de Nicaragua del organismo

El 2 de octubre, la Organización de los Estados Americanos (OEA) convocó una reunión de consulta de cancilleres sobre Nicaragua, impulsada por Estados Unidos. La resolución adoptada exige la liberación de los presos políticos y la restitución de las libertades civiles, y crea un Grupo de Seguimiento Ministerial de carácter voluntario.

El texto establece que ese grupo deberá “buscar un acercamiento directo e inmediato con las autoridades nicaragüenses” y procurar una visita al país, de ser posible encabezada por cancilleres.

Frente a un régimen que ha logrado silenciar a la sociedad civil dentro del país y perseguir a sus opositores en el exterior, la respuesta latinoamericana ha sido limitada: solo un número reducido de gobiernos de la región mantuvo posiciones de condena sostenidas, mientras gobiernos europeos y los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas concentraron la mayor parte de las acciones de presión documentadas por WOLA.