
El Centro Despachantes de Aduana de la República Argentina (CDA) formalizó ante el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado un pedido para revisar aspectos centrales del sistema aduanero. La presentación, firmada por el presidente de la entidad, Rubén Pérez, apunta a reencuadrar el rol profesional de los despachantes frente a las modificaciones introducidas por el DNU 70/2023, con consecuencias directas sobre las operaciones de comercio exterior.
La entidad, que nuclea a más de 3.000 profesionales distribuidos en todo el territorio nacional, planteó una serie de cambios concretos orientados a preservar la idoneidad técnica del sector y mejorar la transparencia del sistema.
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El pedido llega en un contexto de transformación normativa profunda que afecta la operatoria aduanera desde hace más de dos años.
Matrícula y acreditación: el núcleo del reclamo
Uno de los puntos centrales de la presentación es la eliminación de la matrícula profesional de los despachantes, consecuencia directa de las disposiciones del DNU 70/2023. Según el CDA, esta medida suprimió los mecanismos formales que permitían acreditar la capacitación técnica de quienes operan en el sistema, generando un vacío de requisitos que no existe para otras figuras equivalentes del comercio internacional.
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La entidad también advirtió sobre una contradicción normativa que considera relevante: los apoderados generales de despachantes de aduana deben cumplir exigencias de formación, mientras que los propios despachantes de aduana quedaron excluidos de esas obligaciones según la norma vigente. Esta asimetría, señalaron, genera inconsistencias en la cadena de responsabilidades dentro del sistema aduanero.

Perfil unificado: el problema de equiparar figuras distintas
Otro eje del planteo refiere a la implementación del perfil registral unificado “Despachante de Aduana/Declarante”. Desde el CDA explicaron que esta equiparación diluye las diferencias entre figuras con distintos niveles de formación y responsabilidad, lo que afecta la transparencia del sistema y complica la identificación de los operadores habilitados por parte de importadores y exportadores.
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La distinción entre un despachante y un declarante no es solo nominal: implica diferencias en el conocimiento técnico, en el alcance de las gestiones que pueden realizarse y en el nivel de responsabilidad ante eventuales infracciones. Para el sector, equiparar ambas figuras bajo un mismo perfil registral reduce la posibilidad de que los usuarios del sistema puedan distinguir entre operadores con distintas capacidades.
Propuestas concretas al Ministerio
En el marco de la presentación, el CDA elevó un conjunto de medidas específicas que propone implementar. Entre ellas, el reconocimiento institucional del despachante de aduana como profesional especializado, la creación de una diferenciación registral clara respecto de la figura del declarante y el establecimiento de instancias de capacitación técnica obligatoria para los operadores del sistema.
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Además, la entidad propuso analizar la posibilidad de implementar una matrícula profesional de carácter no obligatorio que permita acreditar idoneidad y excelencia técnica de manera voluntaria. Esta alternativa busca compatibilizar la flexibilización normativa con la necesidad de contar con mecanismos de diferenciación para quienes elijan certificar su nivel de formación.
“La falta de conocimientos puede incrementar la probabilidad de errores materiales o técnicos, aumentar la litigiosidad, comprometer el principio de eficiencia administrativa y derivar en responsabilidad infraccional. Resulta esencial requerir una capacitación técnica homogénea de los auxiliares del servicio aduanero", sostuvo Rubén Pérez, presidente del CDA.
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Impacto en la operatoria y el comercio exterior
La operatoria aduanera es una pieza clave en el funcionamiento del comercio exterior argentino: los despachantes intervienen en cada proceso de importación y exportación, desde la preparación de la documentación hasta la gestión de los trámites ante la autoridad aduanera. La calidad técnica de esa intervención incide directamente en los tiempos de despacho, en los costos logísticos y en la correcta clasificación arancelaria de las mercancías.
Un sistema con operadores de distinto nivel de formación, pero sin diferenciación formal, puede derivar en mayores errores declarativos, demoras en la cadena de abastecimiento y eventuales sanciones que afecten a importadores y exportadores. La propuesta del CDA apunta, en ese sentido, a preservar estándares mínimos que sostengan la eficiencia del sistema sin resignar la apertura a nuevos actores.
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