A siete meses de ser condenado por corrupción, Walter Bento podrá salir del penal todos los viernes por la mañana y deberá regresar los lunes, a las 14. El exjuez federal obtuvo la autorización provisoria para ampliar su régimen de vinculación familiar por el deterioro de la salud de su esposa, Marta Boiza, cuidadora principal de uno de sus hijos.
De esta forma, Bento tendrá la posibilidad de estar todos los fines de semana en su vivienda del barrio Palmares, en Godoy Cruz, aunque no equivale a una prisión domiciliaria. De lunes a viernes, seguirá alojado en la Cárcel Federal de Cacheuta.
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La resolución fue firmada por Jorge Gamal Abdel Chamia, juez federal de La Rioja que actúa como integrante subrogante del Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza. Las juezas de San Juan y San Luis que integraron el tribunal durante el juicio no participaron de esta decisión.
La ampliación fue definida como “excepcional, provisoria y revisable”. La Fiscalía se opuso al planteo y analizaba recurrir la resolución ante una instancia superior.
Una vez que Bento fue destituido como juez y arrestado el 8 de noviembre de 2023, su defensa letrada, integrada por Mariano Fragueiro Frías, Felipe Salvarezza y Gustavo Gazali, impulsaron permanentemente obtener el beneficio de prisión domiciliaria, a partir de la situación de salud de su hijo con discapacidad. Sin embargo, esa autorización permanente -por el momento- sigue siendo denegada.
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La salud de su mujer: los motivos para salir de prisión
Los abogados insistieron con el cambio en el régimen de encierro por el agravamiento del estado de salud de Marta Boiza. La mujer padece problemas en una de sus piernas desde 2024, cuando sufrió una fractura de tibia y peroné en julio, seguida de infecciones y otros tratamientos médicos.
Facundo Bento, uno de los tres hijos del matrimonio, tiene una discapacidad severa causada por una encefalopatía crónica no evolutiva. Necesita ayuda para alimentarse, higienizarse y trasladarse, y en decisiones judiciales previas se describieron episodios de angustia, insomnio, pérdida de peso y crisis de auto y heteroagresión.
La Fiscalía sostuvo que el joven cuenta con cuidadoras las 24 horas, kinesiólogo, centro de día y transporte adaptado. También recordó que Nahuel y Luciano Bento, los otros hijos de la pareja, mantienen obligaciones familiares respecto de su hermano.
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Chamia consideró que esos recursos no sustituyen necesariamente la contención afectiva de los padres. Los informes y testimonios incorporados al expediente indicaron que Facundo reacciona favorablemente a la presencia de su padre y reduce algunos episodios de crisis.
El defensor público de Menores e Incapaces, Pablo Mesa Sánchez, respaldó una mayor presencia paterna. Para el magistrado riojano, los hermanos no compensan la situación derivada del estado de salud de Boiza.
La defensa había presentado pedidos para modificar las condiciones de detención desde el inicio del encarcelamiento de Bento, en noviembre de 2023. El primer planteo de prisión domiciliaria fue rechazado, pese a que se fundamentó en la necesidad de asistir a Facundo.
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Durante 2024 se sucedieron nuevas presentaciones. Entre el 14 y el 17 de octubre de ese año, Bento recibió una salida extraordinaria de cuatro días para acompañar a su hijo y facilitar su adaptación a los cuidadores.
El 25 de noviembre obtuvo 15 días de prisión domiciliaria provisoria, mientras Boiza permanecía internada y el estado emocional y físico de Facundo se había deteriorado. Al vencer ese plazo, solicitó permanecer definitivamente en la vivienda familiar, pero el tribunal dispuso su regreso a prisión el 11 de diciembre y Casación confirmó luego esa negativa.
Bento cumple su detención en el penal federal de Cacheuta, en Luján de Cuyo. No podrá trasladarse por sus propios medios entre la cárcel y el country Palmares, ubicado en Godoy Cruz, dentro del Gran Mendoza.
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El Servicio Penitenciario Federal deberá encargarse de los traslados. Gendarmería Nacional realizará controles aleatorios en el domicilio y el juez ordenó evaluar la factibilidad técnica de colocarle una tobillera electrónica para monitorear sus movimientos.
La autorización puede ser modificada si mejora el estado de salud de Boiza, cambia la situación familiar o una decisión judicial superior revoca el beneficio. La posibilidad de una apelación fiscal permanece abierta.
La condena
Walter Bento fue titular durante años del Juzgado Federal N°1 de Mendoza, un cargo con competencia electoral y entre los de mayor jerarquía dentro de la Justicia federal de la provincia. La investigación determinó que encabezó una organización que, al menos desde 2007, cobraba dinero y recibía bienes a cambio de obtener beneficios judiciales para personas involucradas principalmente en expedientes federales.
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El Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza lo consideró jefe de una asociación ilícita y responsable de ocho hechos de cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado, falsedad ideológica en dos hechos y ocultamiento e inutilización de un objeto destinado a servir como prueba.
El 6 de febrero de 2026, Bento fue condenado a 18 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y una multa superior a los $540 millones. La sentencia no está firme porque fue recurrida ante Casación.
La causa también alcanzó a integrantes de su familia. La propia Marta Boiza fue condenada a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado y falsedad ideológica.
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Nahuel Bento recibió una pena de cinco años de cárcel por lavado de activos agravado. Luciano Bento llegó a juicio acusado por el mismo delito, pero fue absuelto por falta de acusación fiscal, aunque la Justicia dispuso el decomiso de bienes vinculados con el expediente.
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