El Colegio de Abogados de CABA cuestionó los concursos para designar jueces y advirtió por cambios en los órdenes de mérito

Bajo el título “Designación de magistrados: el mérito y la idoneidad deben prevalecer”, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires cuestionó distintos aspectos de los concursos para cubrir vacantes judiciales y advirtió sobre el margen de discrecionalidad que puede incidir en la conformación final de las ternas. En particular, puso el foco en casos de postulantes que, tras quedar relegados en los primeros órdenes de mérito, avanzaron numerosas posiciones en las etapas posteriores del procedimiento.

“El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires advierte que se encuentran próximos a ser designados magistrados cuya idoneidad resulta seriamente cuestionada por las irregularidades verificadas en los concursos llevados adelante por el Consejo de la Magistratura de la Nación”, expresó la institución a través de un comunicado.

Presidido por María Fernanda Mierez, el Colegio es una asociación civil de afiliación voluntaria fundada el 29 de julio de 1913. Entre sus objetivos estatutarios se encuentran promover el mejoramiento y la independencia del Poder Judicial, contribuir al progreso de la administración de justicia y defender los derechos de los abogados.

El pronunciamiento realizado por el directorio se apoyó, entre otros elementos, en una base elaborada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), que reconstruye el recorrido de distintos candidatos a través de las sucesivas instancias de selección. Entre las mayores variaciones registradas, la base identificó casos de postulantes que pasaron del puesto 50 al 23 y del 46 al 14 entre el primer orden de mérito y el resultado definitivo.

El cuestionamiento se inscribe en el propio funcionamiento de los concursos. La selección de jueces nacionales y federales está a cargo de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura y contempla, entre otras etapas, una prueba de oposición escrita, la evaluación de antecedentes profesionales y académicos, la posibilidad de formular impugnaciones y una entrevista personal.

Con las calificaciones del examen y los antecedentes se confecciona un primer orden de mérito. Una vez resueltas las impugnaciones, ese listado puede modificarse antes de las entrevistas. Cumplido el procedimiento, la Comisión eleva una propuesta al Plenario del Consejo, encargado de aprobar las ternas vinculantes que luego son remitidas al Poder Ejecutivo.

Buena parte de los reparos del Colegio se concentró, en efecto, en la entrevista personal y en el peso que esa instancia puede adquirir sobre las posiciones previas.

Para la entidad porteña, en diferentes concursos hubo “candidatos considerablemente relegados en el orden de mérito resultante de las pruebas de oposición y de la evaluación de antecedentes” que luego “avanzaron numerosas posiciones hasta quedar en condiciones de integrar las ternas y ser posteriormente propuestos”.

“Estas alteraciones se explican -agregó el comunicado del Colegio-, en buena medida, por la incidencia de la entrevista personal, prevista en el artículo 13 de la Ley 24.937 y en la reglamentación del propio Consejo, que no asigna a esa instancia un puntaje determinado ni establece límites cuantitativos a su incidencia sobre el orden de mérito surgido de la prueba de oposición y la evaluación de antecedentes”.

Luego agregó: “Su resultado puede así alterar significativamente la posición de los candidatos sobre la base de criterios necesariamente más subjetivos. La amplitud de esa discrecionalidad resulta aún más preocupante si se advierte que algunas de las entrevistas personales publicadas por el propio Consejo tienen una duración de apenas 15 o 20 minutos”.

Los datos de ACIJ e INECIP permiten, a su vez, observar en qué etapa se produjeron los movimientos y muestran que las variaciones no pueden atribuirse exclusivamente a la instancia de las entrevistas.

En la base aparecen, entre otros, los casos de José Guerrero y Juan Gaset Maisonave. En el Concurso N.º 417 -convocado para cubrir ocho juzgados nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal-, Guerrero pasó del puesto 50 en el primer orden de mérito al 23 en el resultado definitivo y luego fue nombrado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 1. En el Concurso N.º 421 -destinado a cubrir seis cargos de juez de Cámara en los Tribunales Orales en lo Criminal Federal N.º 2, 3, 4 y 5 de San Martín-, Gaset Maisonave pasó del puesto 46 al 14 y fue designado para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 5 de San Martín. Ambos integraron posteriormente ternas aprobadas por el Consejo, fueron seleccionados por el Poder Ejecutivo y recibieron acuerdo del Senado.

Además de las entrevistas, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires cuestionó los denominados “concursos múltiples”, que amplían la cantidad de postulantes que acceden a esa instancia. También objetó el uso de listas complementarias cuando, según afirmó, se apartan de las reglas de prioridad establecidas por el propio reglamento “respecto de los candidatos ya ternados y mejor posicionados en el orden de mérito”.

El pronunciamiento se conoce en un escenario marcado por el elevado número de vacantes judiciales. La institución recordó que a comienzos de este año el 37% de los cargos de jueces del Poder Judicial de la Nación estaba sin cubrir y valoró que se haya avanzado en la remisión de candidatos al Senado. Según consignó, el Ministerio de Justicia informó recientemente el envío de 203 pliegos para cubrir vacantes de jueces, fiscales y defensores oficiales, varios de los cuales serán considerados en las audiencias públicas convocadas para los días 12 y 13 de agosto.

Ese reconocimiento fue acompañado, sin embargo, por una advertencia: “El éxito no se mide por la cantidad de pliegos enviados, sino por la idoneidad de quienes sean designados, criterio que no debe ser sacrificado en acuerdos o intereses políticos en ninguna de las etapas del proceso de selección y designación de magistrados”.

En esa línea, la institución volvió sobre la Acordada 4/2026 de la Corte Suprema, mediante la cual el Máximo Tribunal impulsó un proyecto de reforma del Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados que permanece en evaluación dentro del Consejo de la Magistratura.

La iniciativa contempla, entre otros cambios, concursos anticipados, nuevas pautas para ponderar antecedentes, mecanismos para reforzar el anonimato de las pruebas de oposición y límites más precisos para la incidencia de las entrevistas personales. El proyecto comenzó a ser analizado en las comisiones de Selección y de Reglamentación del organismo y requiere la aprobación del Plenario para entrar en vigencia.

Al referirse a esa propuesta, el comunicado recordó que la Corte planteó la necesidad de “corregir disfuncionalidades sistémicas” y asegurar que el mérito y la idoneidad sean el “vector determinante de la selección de magistrados”. Entre las modificaciones promovidas figura limitar la incidencia de la entrevista personal a un máximo del 10% sobre el puntaje total.

“Este Colegio ya manifestó su apoyo a esa iniciativa y reitera la necesidad de avanzar en reformas que otorguen mayor objetividad, transparencia y previsibilidad a los concursos y reduzcan los márgenes de discrecionalidad capaces de alterar sustancialmente los resultados de sus etapas objetivas”, añadió el texto.

El directorio también proyectó la discusión sobre la próxima composición del Consejo, ya que el 20 de octubre serán elegidos los cuatro representantes de la abogacía que integrarán el organismo durante el período 2026-2030.

En ese marco, la entidad recordó “a sus socios y a toda la abogacía” la “especial trascendencia institucional de participar en esas elecciones”.