Casación ordenó tramitar un hábeas corpus para buscar a hijos de desaparecidos nacidos en cautiverio

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revocó el rechazo de un hábeas corpus presentado para esclarecer el paradero de personas desaparecidas durante la última dictadura militar y localizar a sus hijos nacidos en cautiverio, cuya identidad podría haber sido sustituida. De forma unánime, el máximo tribunal ordenó que el juzgado de origen continúe la tramitación del expediente y convoque a la audiencia oral prevista por la legislación vigente.

La resolución, dictada este jueves por los camaristas Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, hizo lugar al recurso interpuesto por Ricardo Sergio Baravalle y Estela Gualdero, quienes habían reclamado información sobre sus familiares desaparecidos en 1976.

En rigor, la presentación fue realizada el 27 de agosto pasado, al cumplirse cincuenta años de la desaparición de Ana María Baravalle y su pareja, Julio César Galizzi, secuestrados cuando la mujer cursaba un embarazo de cinco meses. El reclamo también comprendió a María del Carmen Gualdero, desaparecida el 7 de junio de 1976, mientras estaba embarazada de ocho meses y medio.

Además de conocer el destino de los adultos, los familiares solicitaron localizar e identificar a sus hijos, que habrían nacido durante el cautiverio. En el expediente se los menciona como Camila o Ernesto Galizzi Baravalle y García Gualdero, respectivamente.

Con ese objetivo, requirieron información a las autoridades nacionales, la apertura de archivos públicos y privados y estudios genéticos sobre personas nacidas entre junio de 1976 y febrero de 1977. También propusieron solicitar documentación a organismos como la CONADI, el Banco Nacional de Datos Genéticos, el Equipo Argentino de Antropología Forense y Abuelas de Plaza de Mayo.

Sin embargo, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 10, a cargo de Julián Ercolini, rechazó inicialmente la acción al considerar que los hechos ya eran investigados en causas penales y que el hábeas corpus no constituía la vía adecuada.

El 1 de septiembre, el magistrado desestimó la presentación sin darle trámite y ordenó remitir copias de las actuaciones a los juzgados que intervenían en investigaciones relacionadas con las desapariciones. También se declaró incompetente respecto de un pedido más amplio destinado a identificar a otros niños eventualmente apropiados durante el gobierno militar.

La decisión fue confirmada ese mismo día por la Sala I de la Cámara Federal, mediante el procedimiento de consulta previsto en la Ley 23.098, que regula la acción de hábeas corpus. Los familiares interpusieron entonces un recurso de casación, cuya concesión fue denegada el 17 de septiembre. Frente a esa decisión, presentaron una queja ante la Sala IV, que hizo lugar al planteo el 28 de septiembre y habilitó la revisión del fallo.

En su presentación, los recurrentes sostuvieron que las investigaciones penales en curso no sustituían al hábeas corpus como vía para esclarecer el paradero de las víctimas. También cuestionaron que se hubiera equiparado la situación de los adultos desaparecidos con la de sus hijos nacidos en cautiverio y que la acción fuera rechazada sin celebrar previamente la audiencia oral prevista por la ley.

Durante el trámite ante Casación, el fiscal general Javier Augusto De Luca respaldó la decisión recurrida y consideró que las medidas solicitadas debían evaluarse en las investigaciones penales existentes.

Al examinar el caso, el camarista Gustavo Hornos postuló que el artículo 43 de la Constitución Nacional contempla expresamente el hábeas corpus en situaciones de desaparición forzada, interpretado como el “el instrumento jurídico idóneo para garantizar el derecho de los accionantes a obtener la información que reclaman por parte de las autoridades públicas”.

En esa línea, explicó que las investigaciones penales buscan determinar responsabilidades por delitos, mientras que el hábeas corpus permite reclamar información sobre el destino de las víctimas. Por eso, remarcó que se trata de “procesos concurrentes y complementarios, que presentan diferencias sustanciales en cuanto a su objeto, trámite y alcance”.

El magistrado también rechazó que el tiempo transcurrido impidiera recurrir a esta garantía. Recordó que la desaparición forzada constituye un delito permanente mientras no se determine el destino de la víctima y vinculó ese criterio con los hijos nacidos en cautiverio.

“La posible privación de su identidad y sustitución de su filiación importan una restricción ininterrumpida de su libertad que mantiene plena y estricta actualidad, proyectándose en cada acto en que las autoridades omiten su búsqueda o emiten y renuevan instrumentos registrales con datos adulterados”, sostuvo.

Por otra parte, Hornos cuestionó que los familiares no hubieran sido convocados a una audiencia antes del rechazo. Según expresó, “la omisión de celebrar la audiencia vulneró las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio”. En consecuencia, propuso revocar las decisiones anteriores y disponer la convocatoria urgente de los solicitantes.

Su colega Borinsky, por su parte, centró su voto en el procedimiento seguido por el juzgado de primera instancia. Advirtió que “el caso presenta una cuestión procesal insoslayable, que sella la suerte del recurso, en tanto la acción fue rechazada in limine, sin que se llevara a cabo el trámite que la ley 23.098 prevé para este tipo de denuncias”.

El juez explicó que el rechazo inicial solo resulta procedente cuando la denuncia no encuadra en los supuestos contemplados por la legislación vigente. Sin embargo, aquí se habían denunciado desapariciones forzadas y la posible privación actual de identidad de personas nacidas en cautiverio.

En esas condiciones, afirmó: “Frente a una denuncia de tales características, correspondía que el magistrado llevara a cabo el trámite de la acción de habeas corpus previsto en la ley 23.098”.

Al revisar las actuaciones, observó que “no se advierte que el juez haya dispuesto las diligencias que prevé la ley 23.098, ni que haya convocado a la audiencia oral prevista en su art. 14, con la presencia de los accionantes y de su asistencia letrada, antes de resolver”.

Para Borinsky, esa omisión afectó las garantías de quienes promovieron la acción. “Al prescindir de esas instancias, la decisión privó a los accionantes de la oportunidad de ser oídos y de fundar la prueba que consideran conducente para establecer el paradero de sus familiares”, expresó.

Finalmente, Carbajo adhirió a los fundamentos y a la solución propuesta por el juez Borinsky. Así, con los tres votos, Casación revocó las resoluciones anteriores y ordenó devolver el expediente al Juzgado Federal N.º 10, que deberá continuar la tramitación del hábeas corpus según los artículos 14 y 17 de la Ley 23.098.