La Cámara Federal de Apelaciones confirmó el rechazo al pedido de nulidad de Alberto Fernández sobre todo lo actuado por el juez Julián Ercolini, antes de que fuera apartado de la causa por presunta violencia de género contra Fabiola Yañez.
Con el voto de Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, dio por válidas todas las resoluciones que contiene el expediente, por lo que quedó en condiciones de avanzar hacia la siguiente etapa procesal.
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La defensa había solicitado que después de que la Cámara de Casación admitiera la recusación de Ercolini, debían declararse nulos todos los actos procesales realizados por ese magistrado.
La abogada Silvina Carreira enumeró allanamientos, secuestros de dispositivos, la extracción de información y la resolución del procesamiento por supuestos vicios en su origen.
Los votos
En su voto, el doctor Eduardo Farah expresó que la Casación “puso expresamente un límite a las consecuencias procesales del apartamiento decidido, consignando que ello era ‘sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos’”.
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Por su parte, Roberto Boico argumentó que la sentencia del tribunal superior “no solo desplazó al juez, sino que también definió de forma expresa que no debía producirse una retrogradación del proceso por la naturaleza del caso y por los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de protección de las mujeres y prevención de la violencia de género”.
En tanto, el camarista Martín Irurzun coincidió con sus pares y recordó que el expresidente no le pidió a la Casación que declarara la nulidad total del expediente, sino que pretendió que esa consecuencia fuera adoptada después, pese a que el tribunal revisor ya había dicho lo contrario.
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En el mismo fallo, Boico y Farah dieron mayoría para ordenar al nuevo juez del caso, Daniel Rafecas, que atienda el pedido de la defensa en relación a una serie de medidas de prueba que la defensa considera indispensables, y que habían sido denegadas por el juez anterior.
La causa
La investigación se inició a partir de una extracción de testimonios vinculada al expediente de Nación Seguros, al descubrir comunicaciones telefónicas entre la secretaria privada del Alberto Fernández, María Cantero, y la ex primera dama Fabiola Yañez. Incluía mensajes y fotos que describieron situaciones de presunta violencia de género.
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Ante este hallazgo, la Justicia dio lugar a una denuncia impulsada por Yañez y terminó dictando el procesamiento del exmandatario por lesiones leves reiteradas en dos oportunidades, lesiones graves y amenazas coactivas.
El delito de amenazas coactivas se basó en las supuestas presiones que Fernández habría ejercido sobre su exmujer para que no hiciera la denuncia, a cambio de asegurar el futuro económico de su hijo.
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La defensa argumentó que la investigación se originó a partir de chats obtenidos de manera irregular de un celular revisado en otra causa, sin una orden judicial específica, lo que consideró una “expedición de pesca”.
Hace casi un año, el fiscal Ramiro González pidió la elevación a juicio oral del expediente, pero la defensa interpuso una serie de recursos que impidieron avanzar con el trámite.
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