Los inversores de $LIBRA apelaron el fallo que los dejó afuera de la causa y ahora definirá la Cámara Federal

Los inversores que denunciaron haber sido estafados por el desplome de la criptomoneda $LIBRA apelaron la resolución del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi que los apartó del rol de querellantes, por el cual pudieron darle a la causa un impulso independiente al del Ministerio Público Fiscal. Ahora la discusión pasó a manos de la Cámara Federal porteña.

La controversia se originó a partir de una presentación de la defensa de Mauricio Gaspar Novelli, empresario cripto, lobista con llegada a Javier y Karina Milei y uno de los principales investigados en la causa.

Martínez De Giorgi hizo lugar a su planteo y ordenó desplazar a los damnificados Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo. El argumento judicial para dejar el caso sin querellantes se centró en que las pérdidas económicas ocurrieron en un mercado de alta volatilidad y riesgo, propio de las denominadas “memecoins”, y en la dificultad para acreditar de manera fehaciente la titularidad de las billeteras virtuales utilizadas para adquirir los activos.

Además, a criterio del juez, la causa $LIBRA busca determinar -en parte- si desde la Secretaría General de la Presidencia facilitaron reuniones en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos con los desarrolladores de $LIBRA a cambio de dádivas o sobornos. Estos son delitos que afectan a la administración pública, pero no generan un perjuicio directo, especial o singular sobre el patrimonio de los inversores, resolvió Martínez De Giorgi.

Frente a este escenario, los afectados presentaron sus recursos de apelación para revertir la medida. Marchetto, Vega, Paris y Quintero están representados por el equipo legal del diputado nacional Juan Grabois, a cargo del abogado Nicolás Rechanik. El inversor Martín Romeo, en tanto, presentó su propio recurso a través de su letrado, Nicolás Oszust.

El primer grupo sostuvo que su legitimación como querellante ya había sido reconocida previamente por la justicia -incluso, con un fallo de la Corte Suprema- y que la decisión de apartarlo prejuzga sobre el fondo del delito de estafa, que a criterio de los apelantes quedó virtualmente descartado.

Según su presentación, las pruebas reunidas en la causa, que incluyen peritajes oficiales e informes de organismos especializados en cibercrimen, documentan una maniobra coordinada que excede por completo la fluctuación normal de un activo financiero.

Los inversores representados por Rechanik expusieron que existió un acceso privilegiado a información reservada sobre el lanzamiento del token, lo que permitió a un grupo de billeteras virtuales realizar transacciones millonarias segundos antes de la difusión pública del proyecto, a través de la cuenta de X del presidente Javier Milei.

Por su parte, Martín Romeo calificó la resolución del juez como “arbitraria” y contraria a las constancias del expediente. Este inversor enfatizó que aportó actas notariales donde una escribana pública certificó la titularidad de su teléfono celular, el acceso a sus billeteras virtuales y las operaciones de compra y venta del criptoactivo. De este modo, rechazó la afirmación de Martínez De Giorgi respecto a que los damnificados solo presentaron enlaces de internet para justificar su condición de víctimas.

También echó por tierra la idea de que las pérdidas de los fondos respondan a la volatilidad del mercado: “El Magistrado confunde deliberadamente el riesgo orgánico de una inversión con un plan criminal milimétricamente orquestado” mediante “el tráfico de influencias, la infiltración de la Comisión Nacional de Valores (CNV)” y la “instrumentación de la figura del Presidente de la Nación como garante máximo de confianza (‘lavado de prestigio’)”, planteó el damnificado en su escrito.

Romeo también cuestionó con dureza que el juez les exija demostrar el origen de los fondos invertidos en $LIBRA para poder ser aceptado como querellante. Afirmó que el ordenamiento legal no impone a las víctimas de un delito contra la propiedad la obligación de auditar su propio patrimonio como requisito previo para acceder a la justicia. Añadió que la tecnología blockchain ofrece una trazabilidad matemática exacta que, combinada con las certificaciones notariales, despeja cualquier duda sobre la identidad de los operadores.

Por otra parte, los apelantes resaltaron ante la Cámara Federal que su participación en el caso resultó fundamental para el avance de la investigación. Señalaron que, gracias a sus presentaciones, el tribunal de alzada corrigió anteriormente el criterio para calcular los embargos sobre los imputados, ordenando que se contemplara al universo total de damnificados y no solo a quienes ya se encontraban presentados en el expediente.

En ese sentido, advirtieron que excluirlos dejaría el control de la causa bajo la única órbita del fiscal federal Eduardo Taiano, cuya labor en la pesquisa calificaron como “cuanto menos pasiva” durante los tramos más relevantes del proceso.

En este contexto es que tendrá que pronunciarse la Sala I de la Cámara Federal de Comodoro Py, integrada por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

Este último magistrado concursó para quedarse en ese cargo, al que llegó por traslado, y actualmente es uno de los tres candidatos que el Consejo de la Magistratura envió al Gobierno para concretar una designación definitiva, junto a la fiscal Cecilia Incardona y el juez Julio César Di Giorgio. El Poder Ejecutivo debe elegir entre uno de esos tres ternados y enviar su pliego al Senado de la Nación.