El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi apartó este viernes a cinco querellas de la causa por el fallido lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA al hacer lugar a un planteo del acusado Mauricio Novelli, porque concluyó que no sufrieron un “perjuicio directo” en lo ocurrido ni tampoco acreditaron la titularidad de los tokens.
La investigación para determinar si hubo delito con el token que promocionó en su cuenta de X el presidente Javier Mieli seguirá adelante delegada en la fiscalía federal de Eduardo Taiano, aunque de quedar firme la medida los hasta ahora querellantes, todos inversores de la fallida criptomoneda, ya no tendrán acceso al expediente ni podrán pedir medidas de prueba.
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El magistrado hizo lugar a una “excepción de falta de acción” que presentó la defensa de Novelli y apartó como querellantes a Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae. La decisión podrá ser apelada ante la Cámara Federal porteña.
Los argumentos
Al hacer lugar al planteo de Novelli, el juez advirtió que “la legitimación para intervenir como parte querellante exige la acreditación de una afectación concreta, directa y suficientemente individualizada, derivada del suceso investigado, extremo que no se encuentra debidamente demostrado en el estado actual del proceso”.
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El fallido lanzamiento de $LIBRA ocurrió “en el marco de operaciones vinculadas a una ‘memecoin’, es decir, a un ‘activo digital’ inserto en un ámbito caracterizado por una regulación limitada, una elevada volatilidad y una valoración que depende esencialmente de las condiciones del mercado y de la percepción que los propios participantes le asignan”. Ello supone que quienes invirtieron asumieron “riesgos inherentes”, agregó.
Además el juez remarcó que “la información que hasta el momento han aportado” los querellantes “y las características técnicas de los medios empleados, no permiten tener por acreditada la titularidad de las billeteras virtuales que utilizaran para la compra de la criptomoneda en cuestión y el origen de los fondos utilizados para ello.”
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“En efecto, sus manifestaciones se han sustentado únicamente en links y en alegaciones relativas a la tenencia o administración de las claves privadas; extremos que, por sí solos, resultan insuficientes para demostrar su titularidad y, en definitiva, el derecho que invocan”, agregó.
Las constancias que aportaron “resultan indiciarias, pero no determinantes ni consistentes para establecer su titularidad. Como así tampoco el origen de los fondos allí existentes, que luego fueran empleados para la compra de $LIBRA”.
En la causa se investiga si el creador de $LIBRA, el estadounidense Hayden Davis, logró acercarse a Milei a través de Novelli y otros imputados -entre ellos su socio Manuel Terrones Godoy- y ello derivó en la difusión del proyecto por parte del Presidente. La sospecha gira en torno a un multimillonario pago hecho por Davis a los ahora investigados.
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Para el juez “la realización de una reunión en la que se habría acordado el lanzamiento de una memecoin, por cuya adquisición se pudieron haber producido pérdidas, y/o el presunto pago de sobornos en ese contexto, no configura la afectación directa a la que alude la norma” en lo referido a los inversores ahora desplazados como querellantes.
El planteo
Novelli, fundador de la academia N&W Professional Traders, organizador del Tech Forum y nexo entre empresarios cripto y la Casa Rosada, había solicitado desplazar a los denunciantes particulares bajo el argumento de que las pérdidas económicas fueron el resultado de la volatilidad propia de un mercado de riesgo no regulado y no de una estafa.
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Las querellas rechazaron la pretensión de apartarlas del caso y argumentaron que fueron víctimas de lo ocurrido con el posteo de Milei acompañado de la difusión del contrato para adquirir el activo. Según expresaron, “el aval del Jefe de Estado fue el ardid consumado”, una acción que generó un fenómeno de urgencia y ansiedad por comprar que nubló el juicio de los ahorristas.
La querella introdujo el concepto de “engaño estructural” para demostrar que el desplome de la criptomoneda no respondió a un vaivén natural de las finanzas digitales, sino a una puesta en escena delictiva compleja y coordinada. Según los denunciantes, los acusados no compitieron bajo las reglas del libre mercado, sino que “alquilaron” la estructura del Estado para fabricar una falsa apariencia de legitimidad.
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