“Este es un juicio que nunca se debió haber hecho”: la defensa de López Mazzeo pidió anular la acusación por el ARA San Juan

“La totalidad de la prueba que se produjo demostró que López Mazzeo es inocente de todos los hechos que se le imputaron” y “los imputados, junto con las familias, fueron víctimas de los juegos perniciosos de la política”.

Con esas dos afirmaciones, las más contundentes de su alegato, el defensor público Ricardo Gastón Morillo condensó este lunes su posición en favor del contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, uno de los cuatro ex altos mandos de la Armada juzgados por el naufragio del ARA San Juan.

La jornada comenzó a las 9 en la sede del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, ubicada en pleno centro de Río Gallegos. Morillo solicitó la nulidad de la acusación fiscal y la absolución de su asistido. De manera subsidiaria, y en caso de que los magistrados evalúen otro escenario, requirió que fuera absuelto por aplicación del principio in dubio pro reo, que obliga a resolver en favor del acusado cuando no existe certeza suficiente para condenarlo.

El abogado calificó el alegato del Ministerio Público Fiscal como “forzado” e “infundado”, cuestionó la utilización parcial de la prueba ventilada durante el debate y denunció la introducción de tres hechos que, según explicó, nunca habían integrado la imputación original.

Su argumento de fondo fue que las declaraciones recibidas desde el comienzo del juicio, en marzo, conformaron un conjunto probatorio vasto en favor de López Mazzeo. A lo largo de su exposición, remitió de manera permanente a los submarinistas, antiguos comandantes y especialistas técnicos que comparecieron ante el tribunal y que, de acuerdo con su lectura, coincidieron en que el buque estaba operativo, alistado y en condiciones de cumplir la misión asignada.

“Ni un solo testigo dijo en esta sala que el submarino no hubiese estado operativo y alistado para formar parte de la operación 4/17 del Comando de la Fuerza de Submarinos. Ni un solo testigo”, remarcó.

El cargo más alto de la estructura operacional

Al momento de la tragedia, López Mazzeo era comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada -COAA, según las siglas utilizadas por la fuerza-, el cargo más alto dentro de la estructura operacional.

Desde esa posición debía alistar, adiestrar y sostener los medios del poder naval para ejecutar los planes en vigor. Bajo su órbita se encontraban los principales componentes operativos, entre ellos el Comando de la Fuerza de Submarinos, encabezado entonces por el capitán de navío Claudio Javier Villamide, también acusado en el proceso.

Esa relación jerárquica resultó central tanto para la fiscalía como para la defensa. Los acusadores ubicaron a López Mazzeo como la máxima autoridad con facultades para supervisar el estado de los medios, controlar su alistamiento y evitar que una unidad sin condiciones suficientes fuera destinada a una operación.

Morillo, en cambio, procuró delimitar el alcance de esas funciones. Describió una organización piramidal basada en la especialización, la delegación funcional, la cadena de comando y el deber de los subordinados de informar cualquier novedad relevante.

Según los datos repasados durante el alegato, aproximadamente el 65% del personal de la Armada dependía de aquella estructura entonces a cargo de López Mazzeo: alrededor de 17.500 personas, decenas de buques, tres submarinos, aeronaves, helicópteros, medios terrestres, arsenales, talleres, depósitos y bases distribuidas en distintos puntos del país.

Para la defensa, esas dimensiones impedían atribuirle un conocimiento directo sobre cada desperfecto, mecanismo o trabajo pendiente de todos los medios bajo su órbita. Su intervención, explicó Morillo, se desarrollaba en el plano del planeamiento general, la distribución de recursos y la supervisión macrooperativa.

“El COAA no tiene competencia sobre un interruptor ni sobre una válvula. No tiene competencia sobre la tan charlada y debatida ECO-19”, afirmó ante los jueces.

La fiscalía interpretó esas mismas atribuciones de manera diferente. Consideró que la delegación funcional no lo liberaba de sus obligaciones de supervisión y lo situó en una "posición de garante" respecto de la seguridad de los tripulantes.

Qué le imputó la fiscalía a López Mazzeo

Los fiscales Julio Zárate, Lucas Colla, María Andrea Garmendia Orueta y Gastón Franco Pruzán pidieron cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua para López Mazzeo por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por la muerte de 44 personas.

La acusación individualizó tres núcleos de incumplimiento.

El primero estuvo relacionado con la demora en el ingreso del submarino a dique seco para realizar tareas de carenado. Según el Ministerio Público, López Mazzeo no respetó los plazos reglamentarios y doctrinarios previstos para ese mantenimiento y dilató el trámite para conservar operativa la unidad durante el segundo semestre de 2017.

El segundo reproche se vinculó con la información suministrada al Estado Mayor General de la Armada sobre las patrullas de control de los espacios marítimos y la utilización de recursos provenientes del área de Pesca. Los fiscales indicaron que no se comunicó adecuadamente que un submarino de la clase TR-1700 sería utilizado en esas actividades.

Por último, le atribuyeron haber afectado al ARA San Juan a la orden de operaciones COFLOMAR 14/17, firmada el 19 de octubre de 2017, cuando la nave todavía figuraba a más de 72 horas de apresto por reparaciones de tercer escalón -trabajos de mayor complejidad técnica, realizados en un arsenal y fuera del mantenimiento habitual de la tripulación- sobre sus periscopios en el Arsenal Naval Mar del Plata.

Los partes diarios incorporados al expediente señalaban que el submarino recuperó formalmente su condición operativa el 24 de octubre y zarpó al día siguiente. Para la fiscalía, sin embargo, la decisión de incluirlo en la planificación había sido adoptada cuando aún permanecía fuera de servicio y constituyó una “grave infracción” a los deberes de supervisión del COAA.

La teoría acusatoria planteó que López Mazzeo podía haber seleccionado otro medio o desafectado al submarino antes de la partida. Al no hacerlo, habría incrementado un riesgo no permitido mediante la asignación de una misión que combinaba un ejercicio de guerra antisubmarina y una patrulla de control de los espacios marítimos.

Durante el alegato del 23 de junio, la fiscalía sostuvo que el ARA San Juan cumplió aquella operación en un “estado de alistamiento precario” y con “deficientes condiciones de mantenimiento”. También afirmó que los mandos privilegiaron los objetivos operativos por encima de la seguridad de la tripulación.

Para los acusadores, a su vez, la acumulación de inspecciones postergadas, tareas pendientes, restricciones técnicas y antecedentes de ingreso de agua elevó indebidamente los riesgos propios de una actividad que ya resultaba peligrosa por su naturaleza.

Una acusación “forzada” e “infundada”

Morillo inició su respuesta cuestionando la validez del alegato fiscal. Recordó que toda acusación debe ser fundada, concreta, precisa, objetiva y no puede sorprender al imputado durante la última etapa del proceso.

A su criterio, ninguna de esas exigencias fue respetada.

El defensor reconoció que el Ministerio Público Fiscal enumeró las conductas que consideró constitutivas de incumplimientos, pero objetó que no hubiera explicado por qué la prueba producida durante el juicio permitía tenerlas por acreditadas ni cómo se relacionaban con el naufragio.

“¿Qué debió haber hecho la fiscalía? Debió haber pedido la absolución de López Mazzeo. ¿Y qué hizo? Formuló un alegato forzado, una acusación infundada”, planteó.

También acusó a los fiscales de apartarse del principio de objetividad que debe orientar su actuación. Desde su perspectiva, la fiscalía “priorizó criterios de eficacia basadas en criterios de condena y pena por sobre el principio de objetividad”,omitiendo testimonios, documentos y reglamentos que favorecían a los imputados.

“Al acusar no fue objetivo, y eso es un mandato y conforma la guía de actuación del Ministerio Público Fiscal”, expresó. “Omitió la totalidad de la prueba que se produjo en este juicio, como si este juicio no se hubiese desarrollado”.

El abogado calculó que durante el debate declararon cerca de cien testigos, gran parte de ellos ofrecidos originalmente como prueba de cargo, y planteó: “Casi el 90% de esos testigos fue prueba de cargo. Toda prueba de cargo que demostró lo contrario”.

Los hechos que la defensa consideró sorpresivos

El pedido de nulidad no se apoyó únicamente en la valoración de la prueba. Morillo denunció que la fiscalía incorporó en su alegato de clausura tres hechos que, según explicó, nunca habían formado parte del requerimiento de instrucción, de la imputación ni de la elevación de la causa a juicio.

Se refirió al supuesto ocultamiento de información sobre la participación del submarino en una patrulla de control del mar, a una presunta falta de transparencia respecto del uso de recursos del área de Pesca y a la inclusión del ARA San Juan en una orden de operaciones mientras todavía permanecía sometido a reparaciones.

“No son inocuos estos hechos”, advirtió, ya que “con ellos pretenden construir el elemento subjetivo del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pretenden construir el dolo con tres hechos que jamás fueron imputados a López Mazzeo”.

Los dos primeros puntos habían surgido durante la declaración del exoficial Javier Dutto Carcagno, quien al momento de la tragedia del submarino se desempeñaba como secretario privado del entonces jefe de la Armada, Marcelo Srur.

El testigo manifestó que López Mazzeo había ocultado información sobre la intervención del submarino en la patrulla y desobedecido una supuesta indicación relacionada con su utilización.

Después de esa declaración, el acusado pidió ampliar su indagatoria. Ante los magistrados , explicó el contenido de los mensajes navales examinados durante el debate y exhibió partes informativos que, según dijo, “se puso en conocimiento al almirante Srur respecto de la actividad que estaba realizando el submarino”.

Morillo diferenció también aquella explicación de una defensa frente a una imputación formal.

“López Mazzeo estaba dando explicaciones porque estaba contestando a un testigo que se había manifestado falazmente, pero no estaba contestando una imputación del Ministerio Público”, señaló.

Respecto de la inclusión de la unidad en la orden de operaciones, indicó que tampoco había integrado con la precisión necesaria la plataforma fáctica original. Como indicio, destacó que ningún testigo fue interrogado específicamente sobre si un submarino que atravesaba tareas de mantenimiento podía ser incorporado a una planificación futura.

La defensa aseguró que no existe ninguna norma naval que prohíba esa decisión. Lo vedado, explicó, es que una unidad zarpe sin haber recuperado sus capacidades operativas.

El ARA San Juan finalizó las reparaciones, volvió a ser informado como operativo el 24 de octubre y partió de Mar del Plata al día siguiente.

“No hubo ninguna irregularidad. El submarino fue alistado, estaba operativo y zarpó en condiciones”, aseveró Morillo.

Para el abogado, la introducción de esos tres hechos durante el alegato final violó el principio de congruencia, que exige correspondencia entre la imputación inicial, aquello por lo que el acusado fue llevado a juicio y las conductas sobre las que finalmente se solicita una condena.

“Es una acusación que violó el principio de congruencia y el derecho de defensa de López Mazzeo. No puede ser subsanada”, concluyó.

La decisión de zarpar y el rol del comandante Fernández

Dentro de la distribución de competencias de la Armada, Morillo también puso el foco en las atribuciones del comandante del submarino, el capitán de fragata Pedro Martín Fernández.

Según explicó, el Reglamento General del Servicio Naval reconocía al titular de la unidad el derecho y la obligación de determinar si el buque estaba en condiciones de zarpar.

Para la defensa, Fernández era quien tenía conocimiento directo sobre el estado del submarino, recibía los resultados de los controles previos y podía negarse a iniciar una navegación si consideraba que la seguridad no estaba garantizada.

Morillo aclaró que ese argumento no buscaba trasladar la responsabilidad hacia el comandante fallecido, sino delimitar las funciones correspondientes a cada nivel de la cadena de mando.

El defensor remarcó que el submarino terminó las reparaciones, recuperó su condición operativa y atravesó las verificaciones anteriores a su partida.

“Lo que sí prohíbe la Armada es que una unidad zarpe cuando perdió las capacidades operativas”, diferenció.

Según su postura, eso no ocurrió: el ARA San Juan fue informado como operativo el 24 de octubre de 2017 y zarpó al día siguiente bajo el visto bueno de Fernández.

El planteo que había formulado la defensa de Villamide

La nulidad reclamada por Morillo coincidió con la presentada la semana pasada por Juan Pablo Vigliero, defensor de Villamide, subordinado de López Mazzeo dentro de la estructura operacional.

Vigliero había cuestionado que la fiscalía no precisara cuál fue el deber objetivo de cuidado vulnerado por su asistido, qué conducta concreta debía desplegar ni de qué manera esa omisión incidió en la pérdida del submarino.

“Si yo no conozco cómo desemboca el hecho, ¿cómo hago para determinar qué es lo que debió evitar?”, había preguntado ante el tribunal.

La línea compartida por ambas defensas fue que no bastaba con enumerar novedades técnicas, tareas pendientes, restricciones o decisiones adoptadas antes del naufragio. Para fundar una condena, argumentaron, debía identificarse el riesgo prohibido creado por cada acusado y demostrarse cómo se concretó en el resultado.

Vigliero había resumido su postura con otra pregunta: “No conocemos las causas del estrago: ¿cómo defenderse de lo que no se conoce? ¿Cómo atribuir responsabilidad, o siquiera insinuarla, cuando nadie sabe qué pasó?”.

La prueba de los expertos y el estado del submarino

A lo largo de su alegato, el defensor público del ex COAA volvió de manera permanente sobre las declaraciones de los submarinistas, antiguos comandantes y especialistas técnicos que comparecieron durante el juicio.

Según remarcó, quienes poseían experiencia directa en la operación, el mantenimiento y la conducción de esa clase de unidades coincidieron en que el ARA San Juan estaba operativo, alistado y apto para cumplir la misión encomendada.

Entre los testigos mencionó al almirante retirado Alejandro Kenny, al contralmirante retirado Adolfo Trama y al capitán de navío retirado Jorge Rolando Bergallo, quienes integraron la comisión asesora creada por el Ministerio de Defensa después de la desaparición del buque.

También citó al capitán de navío retirado Arturo Guillermo Marfort, al ingeniero naval Jorge Bellino y a Gabriel Attis, quien presidía el Consejo Asesor del Arma Submarina cuando ese organismo recomendó programar el ingreso de la nave a dique seco durante el primer semestre de 2018.

Para la defensa, ese conjunto de testimonios consolidó dos afirmaciones: que las tareas pendientes no impedían la navegación y que ninguna fue identificada como causa concreta del naufragio.

Morillo defendió además el valor del Índice de Calificación del Estado del Material, conocido como ICEM. El último confeccionado antes de la misión asignó al submarino 4,25 puntos sobre cinco y lo ubicó en la categoría de “buque habilitado”.

La fiscalía había relativizado ese instrumento al considerar que contenía un componente subjetivo y reflejaba el estado general de la unidad en un momento determinado. La defensa admitió que el puntaje podía incluir apreciaciones, pero diferenció esa valoración de la conclusión acerca de si el buque estaba habilitado o no.

“El ICEM (...) es el único instrumento que utiliza la Armada y está reglamentado para calificar la operatividad o habilitación de una unidad submarina”, expresó.

También rechazó las dudas sobre las pruebas de sistemas y mecanismos efectuadas durante las 48 horas anteriores a la partida y recordó las declaraciones de ex tripulantes que dijeron haber intervenido en esos controles.

El carenado y el informe de Thyssen

Uno de los principales reproches contra López Mazzeo fue, en efecto, la postergación del ingreso a dique seco para realizar tareas de carenado.

El comandante del submarino había solicitado en marzo de 2017 que esos trabajos se efectuaran “en el corto plazo”. Un mes después, el Consejo Asesor del Arma Submarina -integrado por oficiales superiores submarinistas- recomendó programarlos para el primer semestre de 2018.

La fiscalía sostuvo que los plazos reglamentarios se encontraban vencidos. Citó las normas internas de la Armada, que contemplaban un intervalo de 24 meses, y el manual del fabricante alemán, que recomendaba 18 meses.

Según la acusación, López Mazzeo dilató el trámite para mantener operativo al submarino durante el segundo semestre de 2017 y permitir que cumpliera las navegaciones previstas.

Morillo respondió que los plazos no eran absolutos sino “flexibles” y dependían de la evaluación de los técnicos, la disponibilidad de infraestructura, las necesidades operativas y los límites presupuestarios.

“En este punto es necesario recordar la información que nos brindó López Mazzeo en su indagatoria: en 2017, 44 de 66 cascos tenían reprogramado el carenado y 11 unidades ingresaron a dique seco para carena. El último ingreso a dique del submarino había sido en 2015, por una junta en el tubo externo del lanzatorpedos, pero se hicieron trabajos. Cada vez que una unidad ingresa a dique seco se activa un protocolo de revisión general del casco y, si hubiesen surgido novedades serias, se habrían informado indefectiblemente. Nada de eso ocurrió”, afirmó el defensor público.

“Tenemos un submarino que no ingresó en 2017 a dique seco para carena porque no reportaba una situación de emergencia, a pesar de tener vencidos los plazos reglamentarios. No había una situación que justificara romper con el -planeamiento- vigente. También es importante que el Consejo General de Guerra desestimó la acusación vinculada con el dique seco y sostuvo que no hubo negligencias en el proceso de alistamiento de la unidad”, agregó.

El término “imperioso”, empleado por el Consejo Asesor submarinista para promover el ingreso a dique para 2018, tampoco constituía -de acuerdo con el defensor- una categoría reglamentaria que significara que el submarino no podía navegar. La recomendación implicaba otorgarle prioridad presupuestaria dentro de la planificación de 2018.

Para respaldar esa posición, Morillo puso en valor el informe del fabricante alemán Thyssen, incorporado al expediente y analizado durante el debate. Según explicó, el documento señalaba que el carenado no determinaba por sí solo la seguridad náutica del submarino y que correspondía a cada Armada establecer sus propios estándares de mantenimiento y habilitación.

La defensa utilizó esa conclusión para sostener que el vencimiento de los plazos recomendados no convertía automáticamente al ARA San Juan en un buque inseguro ni le impedía navegar.

“¿Qué hizo López Mazzeo? Hizo lo que tenía que hacer: seguir el asesoramiento del Consejo del Arma Submarina y la gestión de la Fuerza de Submarinos con el Estado Mayor. Lo incluyó en el techo presupuestario para 2018”, manifestó.

Morillo recordó, además, que el Consejo General de Guerra no le atribuyó negligencias relacionadas con el proceso de alistamiento por la postergación de esos trabajos.

“Tiene que quedar claro: el ingreso a dique o los trabajos de carena no hacían a la seguridad náutica ni afectaban las condiciones de alistamiento del submarino”, insistió.

La implosión del ARA San Juan

El ARA San Juan implosionó el 15 de noviembre de 2017, a las 10.52, después de superar la profundidad de colapso de su casco resistente.

Morillo sostuvo que ese desenlace permitió arribar, de manera trágica, a una conclusión técnica respaldada por los expertos que declararon durante el juicio: el casco, las válvulas y sus componentes cumplieron con las prestaciones para las que habían sido diseñados.

“La tragedia permitió comprobar que el consejo estaba acertado, porque la implosión demostró que el casco resistente, como las válvulas y sus componentes, cumplieron con sus prestaciones de diseño. Esto, lamentablemente, fue así”, expresó.

Los recursos destinados al submarino

Para rechazar que su asistido hubiera desatendido el estado del buque, el defensor enumeró distintas decisiones adoptadas durante su gestión.

Afirmó que López Mazzeo canalizó recursos para reparar los periscopios, válvulas y antenas; gestionó contrataciones relacionadas con sensores de hidrógeno; incorporó el carenado dentro de la planificación de 2018 y autorizó partidas para ampliar la navegación hasta Ushuaia, a pedido del comandante Fernández “para levantar la moral” de la dotación y favorecer su adiestramiento.

También indicó que el presupuesto destinado a mantener operativas las unidades navales aumentó considerablemente -“en un 600%“- bajo su conducción.

“López Mazzeo intervino activamente y se trabajaba sobre un submarino operativo y habilitado”, manifestó. “Lejos de no cumplir con sus obligaciones, quedó demostrado que sí las cumplió”.

La defensa insistió en que la Fuerza de Submarinos poseía la especialización y el conocimiento directo sobre sus unidades. A su vez, el comandante y la tripulación intervenían en los mantenimientos de primer y segundo escalón y debían informar cualquier novedad capaz de afectar la navegación.

“No sabemos qué pasó”

La imposibilidad de reconstruir con certeza la secuencia final ocupó otro tramo central de la exposición.

Durante la madrugada del 15 de noviembre de 2017, el submarino informó un ingreso de agua por el sistema de ventilación, un cortocircuito y un principio de incendio en el tanque de baterías número 3. La última comunicación telefónica con tierra se produjo a las 7.19.

Durante el debate se analizaron distintas hipótesis sobre la posterior pérdida de control: una explosión por acumulación de hidrógeno, una inundación, una pérdida de propulsión, una falla crítica, un nuevo ingreso de agua durante una maniobra de snorkel o una combinación de factores.

Ninguna pudo establecerse de manera concluyente.

La fiscalía sostuvo que no era indispensable identificar el mecanismo final si se acreditaba que los acusados habían creado o mantenido un riesgo jurídicamente desaprobado que luego se materializó en el resultado.

Morillo rechazó esa tesis.

“Todos los testigos confirmaron que no sabemos qué pasó. No se sabe cuáles fueron las causas del naufragio”, afirmó. “Y si no sabemos qué pasó, es imposible determinar cómo vincular el resultado con alguna conducta que se pueda imputar a López Mazzeo”.

El defensor diferenció el caso de otros precedentes mencionados por la acusación, entre ellos las tragedias de Cromañón, Once y LAPA, donde sí había podido reconstruirse el mecanismo que produjo el resultado.

“No tenemos causa. No sabemos qué pasó”, reiteró.

A su entender, tampoco pudo excluirse un acontecimiento fortuito ni un eventual error humano. Sin una explicación sobre la pérdida de control, agregó, no era posible establecer qué conducta concreta de López Mazzeo habría evitado el desenlace.

“Ninguno de los trabajos pendientes de mantenimiento tuvo relación con alguna de las hipótesis del naufragio. Entonces, ¿qué estamos discutiendo?”, preguntó.

En otro pasaje de su exposición, el abogado aseveró: “Este es un juicio que nunca se debió haber hecho. (...) López Mazzeo y ninguno de los imputados es responsable de ninguno de los hechos imputados: son inocentes, y eso se demostró en el juicio”.

Luego remató: “Los acusadores han tratado de comprobar que tienen responsabilidades penales (...) pero se demostró que cumplieron con sus deberes”.

El perfil de López Mazzeo y “los juegos perniciosos de la política”

En el tramo final, Morillo se apartó de los reglamentos, los programas de mantenimiento y las órdenes de operaciones para referirse personalmente a su defendido, a quien conoció recién cuando la causa quedó radicada ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz.

Relató que el trabajo de la defensa y el desarrollo de las audiencias le permitieron conocer a un oficial de “extensa trayectoria”, alta capacitación y profundo conocimiento de la estructura naval. El abogado destacó además que López Mazzeo no había alcanzado el cargo operacional más alto de manera fortuita, sino después de más de cuatro décadas dentro de la institución.

“López Mazzeo no vino del cielo para ser comandante de Adiestramiento y Alistamiento. Estuvo más de 40 años en la Armada hasta que llegó a ser COAA”, expresó.

También ponderó la formación de Villamide, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa, los restantes imputados, y aseguró que las carreras dentro de la fuerza se construyen sobre la experiencia y el mérito profesional.

Morillo reconoció el dolor atravesado por las familias de los 44 tripulantes, pero afirmó que el proceso también tuvo consecuencias sobre los acusados. En ese contexto, vinculó la situación de ambos grupos con las decisiones adoptadas después de la tragedia.

“López Mazzeo y todos los imputados aquí, junto con las familias, fueron víctimas de los juegos perniciosos de la política”.

El defensor recordó las actuaciones disciplinarias impulsadas mientras todavía se desarrollaba la búsqueda del submarino, el sumario iniciado dentro de la Armada y la posterior intervención del Consejo General de Guerra bajo el ámbito del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Según su lectura, aquella instancia no pudo atribuirle a López Mazzeo responsabilidad por las condiciones de alistamiento del ARA San Juan. Las sanciones que recibió, añadió, estuvieron relacionadas con cuestiones disciplinarias diferentes y no con el mantenimiento del buque ni con las causas de su pérdida.

También buscó desvincularlo del destrato, la falta de información y las tareas de inteligencia denunciadas por familiares después de la desaparición.

“López Mazzeo no cometió ninguno de los hechos que le imputaron. Tampoco es culpable del destrato, del espionaje ni de la desinformación que los familiares denunciaron acá”, indicó.

Antes de concluir, Morillo reiteró que el juicio había producido “pruebas contundentes” a favor de su asistido y que ninguna permitía vincularlo con el naufragio.

“López Mazzeo es inocente. Acá quedó probado”, afirmó el defensor público al cerrar su exposición.

Luego, la defensora pública Leticia Diez, representante de Alonso y Correa, también pidió la nulidad de los alegatos de cierre de la fiscalía al considerar que el Ministerio Público omitió y tergiversó la prueba producida durante el debate.

Para este miércoles están previstas las últimas palabras de los cuatro acusados, instancia tras la cual el tribunal podrá cerrar formalmente el juicio y eventualmente adelantar el veredicto.