Ordenan nuevas medidas de prueba en la causa donde se acusa a Francisco Adorni por falsear declaraciones juradas

El juez federal Daniel Rafecas ordenó este miércoles nuevas medidas de prueba sobre bienes y DDJJ de Francisco Adorni, diputado provincial y hermano del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la causa donde tiene un pedido fiscal de citación a indagatoria por supuesta falsedad en sus declaraciones juradas.

El magistrado requirió a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires que envíe a su juzgado la última DDJJ de Adorni. Además se cursó un oficio al Banco Provincia requiriendo información sobre todos los pagos desde 2024 a lo que va de 2026 de un crédito hipotecario.

También se pidieron informes al Registro de la Propiedad de la provincia de Buenos Aires para corroborar la titularidad de dos inmuebles que habrían ingresado a su patrimonio vía sucesión, informaron a Infobae fuentes judiciales.

Las medidas se ordenaron de manera previa a resolver si se da curso a un pedido de declaración indagatoria hecho el 18 de junio pasado por el fiscal federal Guillermo Marijuán en relación al delito de omisión maliciosa en las declaraciones juradas de Adorni entre 2023 y 2026.

En cuanto a la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, se trata de una parte de la pesquisa que está delegada en esa fiscalía donde ya se dispusieron medidas de prueba.

El reclamo de citación a indagatoria

Al pedir la declaración indagatoria de Francisco Adorni, el fiscal Marijuán advirtió que rectificó su declaración jurada después de que se abriera una causa judicial por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En esa corrección informó que posee $21 millones provenientes de una herencia que no había declarado antes ante la Oficina Anticorrupción.

La causa apunta a los movimientos patrimoniales de Adorni en su rol como funcionario: desde que asumió como Titular de la Unidad de Auditoría Interna, luego como Auditor Interno Titular de Defensa, y finalmente como presidente del Instituto de Ayuda Financiera (IAF). Para la fiscalía existen sospechas de ocultamiento de bienes y de sumas de dinero no declaradas.

Marijuán sostiene que Adorni presentó tres declaraciones juradas oficiales durante su paso por el Ministerio de Defensa y el IAF, entre febrero de 2024 y enero de 2026. En el dictamen donde se pidió la indagatoria se detalló que tras el inicio de la causa judicial, Adorni sumó rectificaciones para cada presentación obligatoria y llegó a modificar valores clave como el precio de su inmueble, la cantidad de dinero en efectivo y la existencia de nuevas cuentas bancarias y tarjetas de crédito.

“El funcionario omitió y falseó datos relevantes en sus declaraciones juradas patrimoniales correspondientes al período en que se desempeñó en el Ministerio de Defensa, ocultando sumas de dinero y cuentas bancarias y falseando montos sobre los que debía declarar con veracidad”, advirtió la fiscalía. Cada declaración jurada original fue corregida al menos dos veces, según la acusación.

Por ejemplo, la patrimonial inicial de 2024, firmada el 15 de febrero de ese año, describía un solo inmueble y un vehículo Chery Tiggo compartido con su esposa. Después, en mayo de 2026 (cuando la investigación ya había comenzado), Adorni declaró “haber tenido un millón de pesos en efectivo al inicio del mismo período”

A estos cambios le siguieron incorporaciones sucesivas de tarjetas, cuentas y valores. En su declaración rectificativa de Baja 2025 presentó, recién entonces, que tenía en su haber “dinero en efectivo por $24.500.000, de los cuales 21 millones correspondían a una herencia”. Además, se sumaron detalles de cuentas bancarias en pesos y en dólares tanto para él como para su esposa, así como nuevos instrumentos financieros.

En la última presentación rectificativa del 8 de junio de 2026, Adorni declaró varias cuentas y tarjetas adicionales, algunas a su nombre, otras a nombre de su cónyuge, que no figuraban en la documentación original presentada ante la Oficina Anticorrupción. La pesquisa identificó en total más de diez correcciones presentadas en distintos momentos, todas después de iniciada la auditoría patrimonial.

El hermano del ex jefe de Gabinete también es investigado en otra causa abierta en Comodoro PY por supuesta malversación de fondos en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y presuntas irregularidades con un préstamo de 40.000 millones de pesos.