La Corte Suprema dejó firme la decisión que reconoce a Juan Marchetto, Matías Paris y Alan Vega como querellantes en la investigación por la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA, que involucra a exdirectivos, figuras políticas y cientos de damnificados. La decisión, firmada por los tres jueces del tribunal, fue adoptada ante la falta de una sentencia definitiva en el caso.
La medida avala la participación activa de los tres particulares como acusadores en una de las causas judiciales de mayor repercusión del año.
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El recurso había sido presentado por Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, imputados como presuntos nexos entre el presidente Javier Milei y el empresario estadounidense Hayden Davis, titular de la firma Kelsier Ventures. Ambos imputados se opusieron judicialmente a la incorporación de los tres querellantes, quienes aseguran haber sido afectados por la operatoria de $LIBRA.
La causa investiga la posible intervención de Milei en la promoción y lanzamiento de la cripto denominada $LIBRA, desarrollada en 2025 por Kelsier Ventures. El caso cobró notoriedad después de que un mensaje en redes sociales del entonces presidente habría impulsado el valor del token hasta un alza del 1.200 por ciento. El precio descendió abruptamente después y la moneda virtual perdió la totalidad de su valor.
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El expediente, a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal federal Eduardo Taiano, detalla que unas 74.000 personas adquirieron $LIBRA, y que las nueve cuentas fundadoras lograron retiros por alrededor de 286 millones de dólares estadounidenses. En octubre de 2025, los imputados Novelli y Terrones Godoy recibieron embargos, luego de detectarse transferencias superiores a 2 millones de dólares procedentes de la compañía de Davis.
La investigación judicial tiene un correlato en el Congreso de la Nación Argentina, donde se formó una comisión especial para analizar los alcances y posibles responsabilidades políticas en el esquema con criptomonedas.
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La reciente decisión, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ratifica el derecho de Marchetto, Paris y Vega a intervenir en el expediente como parte querellante, y refuerza el reclamo de los afectados directos por la caída de $LIBRA, quienes buscan avanzar con reclamaciones económicas y la imputación de los principales responsables.
La comisión investigadora
Hace dos semanas, y luego de tres meses de investigación, la Comisión Investigadora del caso $LIBRA, que funcionó en el ámbito de la Cámara de Diputados, presentó su informe final en el que concluyó que el presidente Milei prestó una “colaboración imprescindible” en una presunta estafa con criptoactivos.
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Como consecuencia, la mayoría opositora que controló la comisión recomendó que el Congreso evalúe si el Presidente incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, tras considerar acreditada una serie de irregularidades políticas, administrativas y financieras vinculadas al polémico proyecto cripto que estalló en febrero de este año.
El informe final, de más de doscientas páginas, reconstruye reuniones, movimientos financieros, decisiones políticas y omisiones administrativas. Y concluye que la operatoria de $LIBRA “no fue un hecho aislado”, sino parte de un patrón que ya había comenzado meses antes con la moneda digital del proyecto KIP Protocol, también promocionada por el presidente.
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Según el informe, la investigación técnica —incluido el análisis de la blockchain— detectó flujos de fondos coincidentes en montos y fechas entre los operadores Novelli, Terrones Godoy (organizadores del Tech Forum), Hayden Davis (creador de Libra) y Sergio Morales (exasesor de la CNV). Para la Comisión, estos movimientos son compatibles con un “presunto acuerdo de cooperación destinado a monetizar la imagen del Presidente Milei” a través del lanzamiento de la criptomoneda.
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