López Mazzeo, uno de los acusados del caso ARA San Juan: “Esto es un juicio contra los tripulantes y la capacidad de la Armada”

El contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo nunca concedió entrevistas. Siempre prefirió, según explica, que los documentos hablaran por él.

Tras haberse desempeñado como comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada -el máximo cargo operacional de la fuerza, desde el que tenía bajo su órbita “los fierros”, como se denomina en la jerga naval a los buques-, hoy, a los 66 años, atraviesa los últimos días del juicio oral por el naufragio del submarino ARA San Juan, en el que murieron sus 44 tripulantes.

Es conocido el conflicto que mantuvo con el entonces jefe de la Armada, Marcelo Eduardo Hipólito Srur, quien, mediante un “sumario exprés” de cinco días, suspendió a López Mazzeo del servicio al considerarlo “presunto infractor” de “faltas gravísimas” por no haber impedido la zarpada del submarino, supuestamente en deficientes condiciones de alistamiento.

López Mazzeo, actualmente imputado ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, entiende que aquella maniobra buscó ofrecerle a la política responsables por la tragedia. Sin embargo, el contralmirante retirado asegura que no existe ninguna prueba ni informe técnico que indique que el buque no estaba en condiciones de cumplir la misión.

A su criterio, “toda la acusación fiscal se contradice con la opinión y la documentación provista por el submarino”.

En ese sentido, también reivindica el profesionalismo de los tripulantes, responsables de efectuar las pruebas previas a la zarpada y de verificar que el submarino estuviera en condiciones de salir a la mar. A su entender, la acusación fiscal apunta de manera velada contra la propia dotación, que operaba el buque y que, a través de su comandante, debía definir si estaba apto para zarpar.

El oficial superior retirado considera que este juicio nunca debió realizarse, porque su objeto principal -determinar el estado de mantenimiento del submarino- ya había sido examinado tanto por la Comisión Bicameral del Congreso, entre 2018 y 2019, como por el Consejo de Guerra de 2021. Según señala, en ambas instancias se concluyó que el buque estaba en condiciones de cumplir la misión.

López Mazzeo cuenta que desde hace casi nueve años lleva adelante “un trabajo incesante para que la verdad salga a la luz” y para que “quede perfectamente claro el profesionalismo de los tripulantes”. Admite que ese proceso lo condujo a “un detenimiento de la vida personal”, porque “hasta que no se resuelva esto, uno no puede seguir adelante”.

Hace dos semanas, la fiscalía, encabezada por Gastón Franco Pruzán, reclamó que el ex jefe operacional fuera condenado a cinco años de prisión por los delitos de estrago culposo agravado por la muerte de 44 personas e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Para la acusación, López Mazzeo -junto con los otros tres ex altos mandos navales imputados- actuó de manera negligente al incorporar a una misión a un buque en malas condiciones, incrementando indebidamente el riesgo propio de la actividad militar, que luego se habría concretado en el resultado trágico.

En su alegato de cierre de este martes, su abogado, el defensor público oficial Gastón Morillo, solicitó la nulidad de la acusación al entender que no había contemplado ninguno de los testimonios producidos durante el debate oral, iniciado el 3 de marzo. También planteó que su defendido cumplió con todos los deberes a su cargo y que, además, no podía atribuírsele un estrago cuando aún se desconoce, en rigor, cuál fue la causa que llevó al submarino a perder el control hasta alcanzar la profundidad de implosión.

Con las últimas palabras de los cuatro imputados, previstas para este miércoles, el tribunal con sede en Río Gallegos quedará en condiciones de dar por concluido el debate. Los magistrados podrían adelantar el veredicto durante esa misma jornada.

A poco de esa decisión final, López Mazzeo dialogó de forma exclusiva con Infobae.

—¿Cómo viste el alegato de este martes de tu abogado, Gastón Morillo?

—Para mí, fue un excelente trabajo del defensor público oficial, muy sólido y apoyado en todos los argumentos que demuestran que la acusación no produjo pruebas a lo largo del juicio. Ese es el motivo por el cual pedimos la nulidad.

Además, la fiscalía, durante su alegato, incorporó dos imputaciones en mi contra que no figuraban entre las acusaciones iniciales, por lo que no pudimos defendernos de ellas en el debate oral.

—Tu abogado dijo que, por la acusación planteada por la fiscalía, parecía que el juicio no se hubiera realizado.

—Claro. Si después de cuatro meses de juicio y unos 90 testigos vuelven a repetir la misma acusación, que a su vez es una copia del auto de procesamiento, ¿para qué hicimos el juicio?

Por otro lado, insisto, los fiscales agregaron dos imputaciones que no estaban al principio. Por eso el presidente del tribunal -Mario Gabriel Reynaldi- les recordó que el principio de congruencia era una cuestión básica.

—¿Por qué pidieron la nulidad de la acusación?

—Porque la fiscalía no presentó un alegato acorde con lo que se desarrolló durante el juicio. Por eso el defensor oficial dijo que era como si el debate no se hubiera llevado a cabo. A eso se suma, de nuevo, el agravante de que incluyó dos imputaciones que no estaban en la acusación inicial. Yo no puedo defenderme de algo por lo que antes no había sido acusado.

La fiscalía seleccionó parcialmente la prueba y tergiversó sus resultados. Hizo una interpretación basada solo en una parte de los elementos incorporados. Si van a hablar del informe de los contralmirantes Trama y Kenny y del capitán de navío Bergallo, tienen que mencionar todo su contenido, no extraer una frase y ocultar el renglón siguiente, donde se dice que el submarino estaba en condiciones, para después arribar a una conclusión distinta.

—¿Con qué expectativas llegás al veredicto?

—No sabemos qué va a resolver el tribunal. Pero no hay un solo documento ni un testimonio que respalde la imputación fiscal. Por eso llego con la expectativa de una absolución.

Durante los cuatro meses de juicio, todos los testigos, incluidos cada uno de los propuestos por las querellas y el Ministerio Público Fiscal, declararon que el submarino estaba en condiciones de operar y cumplir la orden de operaciones; que ninguna de las novedades o pruebas pendientes afectaba su seguridad, y que nada de eso tuvo relación con el ingreso de agua del 14 de noviembre y el posterior principio de incendio.

Además, como dijo el defensor, estas mismas acusaciones, con los mismos testigos y la misma prueba documental, ya habían sido analizadas por el Consejo General de Guerra, mi juez natural, que determinó que el submarino estaba en condiciones.

—¿Considerás que esa cuestión quedó saldada durante el juicio?

—Totalmente. No hubo una sola prueba documental que indicara lo contrario. Los tres informes periciales dicen lo mismo, al igual que los 68 o 70 submarinistas que declararon. No hay forma de que la fiscalía pueda sostener una conclusión diferente.

—¿El Consejo General de Guerra era tu juez natural por tu condición militar?

—Sí.

—Sin embargo, fuiste crítico de la composición de ese tribunal.

—Sí, porque atravesamos tres meses de un Consejo de Guerra sin un solo marino entre sus integrantes. Fueron los testimonios recibidos los que llevaron al Consejo a concluir que el submarino estaba en condiciones, que era apto para la operación y que lo ocurrido no tenía relación con las novedades que presentaba.

Mi crítica se vincula con la falta de marinos que pudieran formular preguntas coherentes desde el conocimiento profesional. Un submarinista o un marino de superficie no preguntaría, por ejemplo, si con un submarino a 200 millas de la costa y a 40 metros de profundidad se puede hacer lo mismo que desde una torre de control cuando se verifica si un avión tiene desplegado el tren de aterrizaje.

—¿Cuánto influyó lo resuelto en el Consejo de Guerra sobre el proceso penal?

—No influyó. De hecho, el proceso penal continuó como si aquel procedimiento no hubiera existido y tomó de manera parcial algunas de sus conclusiones. Por ejemplo, se menciona que Claudio Villamide fue destituido, pero no fue destituido por el estado del submarino, que es el objeto de este juicio, sino por otra hipótesis.

En mi caso, fui sancionado por estar procesado en esta causa penal. Ahora la fiscalía pide que se me condene porque fui sancionado por el Consejo de Guerra a raíz de ese procesamiento.

El fiscal afirmó en su alegato que yo había sido condenado por el Consejo de Guerra. Primero, el Consejo no condena: sanciona. Segundo, la sanción estuvo relacionada con mi situación en el proceso penal. Respecto del estado del buque, el Consejo determinó que el submarino estaba en condiciones de operar.

—Tu abogado dijo que este juicio nunca se tendría que haber realizado. ¿Por qué?

—Porque todo lo que se vio durante el juicio ya había sido analizado tanto en el Consejo de Guerra y en la Comisión Bicameral del Congreso. Además, no existe una sola prueba documental que diga que el submarino no estaba en condiciones.

Esa premisa fue una construcción de la instrucción penal y de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia: “No sabemos por qué naufragó, pero seguramente fue por el estado general del submarino”.

Sin embargo, ninguna de las novedades del buque pudo físicamente haber incidido en el ingreso de agua por el sistema de ventilación.

—No se sabe a ciencia cierta qué llevó al submarino a perder plano hasta la implosión, pero ¿descartás que el ingreso de agua haya tenido relación con las novedades que presentaba el buque?

—Es físicamente imposible que haya tenido relación con esas novedades. Físicamente imposible.

—¿Y, en ese marco, qué valor le das al informe que hizo el comandante Pedro Martín Fernández sobre la patrulla de julio, donde registró un ingreso de agua por el mismo sistema de ventilación?

—Él registró el ingreso, lo informó y la unidad era responsable de su reparación. No existió una solicitud de obra correctiva que no hubiera sido ejecutada.

El razonamiento sería válido si el buque hubiera presentado una solicitud de obra correctiva que después no se hubiera cumplido, pero eso no ocurrió. El capitán Villamide explicó con claridad que había abordado esa cuestión con el capitán Fernández.

—¿Por qué el carenado del ARA San Juan fue programado para 2018?

—Porque así lo aconsejaron los 17 submarinistas con mayor experiencia. Lamentablemente, después se verificó que el comportamiento del casco y de sus válvulas fue el correspondiente a su diseño, porque el submarino implosionó por debajo de los 700 metros de profundidad.

Eso demuestra que el asesoramiento del Consejo del Arma Submarina y las coordinaciones realizadas para efectuar el carenado durante el primer semestre de 2018 no habían incrementado el riesgo.

—En tu segunda declaración indagatoria dijiste que 44 de los 66 cascos de la Armada tenían reprogramado el carenado.

—Sí, porque la reprogramación no afecta la seguridad. Ese es el grave error conceptual en el que incurren las acusaciones.

El carenado es un mantenimiento preventivo destinado a preservar el casco a lo largo de la vida útil de la unidad. Reprogramarlo no implica que el buque se vuelva peligroso o inseguro.

—Pero, por un lado, estaban los reglamentos, que entonces fijaban ciclos de 24 meses, y por otro la situación operativa concreta de esos 44 cascos reprogramados.

—Los 24 meses corresponden a una situación ideal. Reprogramar un carenado no significa que el buque pase a ser más peligroso o inseguro.

El grave error es asociar automáticamente la demora en el carenado con un aumento del riesgo. Durante el juicio se demostró que ese concepto era equivocado y, lamentablemente, también quedó acreditado por la forma en que implosionó el submarino.

—Como excomandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, ¿qué escenario prevés para el funcionamiento futuro de la fuerza si la Justicia considera que esa demora puede dar lugar a un reproche penal?

—No lo sé, pero sería grave, porque esta Armada y todas las armadas del mundo funcionan de la misma manera.

Pero además, ¿cómo podrían reprochar penalmente el carenado por considerar que afectó la seguridad si ya se demostró que no incrementó el riesgo? La imputación no es técnica ni fácticamente válida. Eso quedó probado.

—La querellante Valeria Carreras dijo en su alegato que este no era un juicio contra la Armada, sino contra cuatro de sus integrantes. ¿Tenés una opinión al respecto?

—No coincido. Este es un juicio a los procedimientos, a los tripulantes del ARA San Juan, a la organización y a la capacidad técnica de la propia Armada. Si 17 submarinistas sostienen que el carenado podía prorrogarse porque no afectaba la seguridad, y la querella afirma lo contrario, entonces lo que se está juzgando no es únicamente mi desempeño, sino también la capacidad técnica de los 17 submarinistas más experimentados para recomendar una prórroga de 14 meses.

—¿Por qué afirmás que también es un juicio contra los tripulantes del submarino?

—Porque la organización jerárquica de la Armada se sostiene sobre dos pilares: la especialización y la obligación de informar al superior. La información fluye de abajo hacia arriba para la toma de decisiones. Así funciona la cadena de mando. La supervisión se ejerce personalmente, pero también mediante los informes y reportes.

Si los tripulantes realizaron la prueba de 48 horas y certificaron que el submarino estaba en condiciones seguras para zarpar -una prueba que requiere más de 900 horas-hombre, con doble verificación y control-, ponerlo en duda equivale a cuestionar que hicieron la prueba, que la hicieron correctamente o que informaron con veracidad.

También se están juzgando los procedimientos y los instrumentos de verificación de la Armada. Por ejemplo, se relativizó el Índice de Calificación del Estado del Material, el ICEM. Como se vio en el debate, si bien puede contener una cuota de evaluación personal, el resultado final no depende solamente de un número: el comandante informa si el buque está habilitado o no. Es un procedimiento reglamentado que le permite evaluar la aptitud de su unidad. (La última evaluación ICEM del submarino fue realizada en septiembre de 2017: el comandante Pedro Fernández le asignó una calificación de 4,25 sobre 5 y consignó que el buque estaba “habilitado” para operar).

—Por otro lado, las querellas señalaron que, aunque la decisión final de zarpar correspondía al capitán del buque, la estructura vertical de la fuerza le dejaba poco margen para oponerse.

—Eso es absolutamente falso. En tres oportunidades, durante mis dos comandos de buques y cuando fui comandante de división, se decidió no zarpar.

Un comandante podía decirme: “Se rompió tal cosa, no puedo salir”. La respuesta era sencilla: no podía zarpar. A nadie se le ocurriría obligarlo a hacerlo. La Armada no funciona de esa manera, y mucho menos en tiempos de paz.

—¿Por qué asumiste personalmente la conducción del caso SAR si el reglamento establecía que debía hacerlo el comandante de la Fuerza de Submarinos?

—Con la magnitud de los medios internacionales involucrados, no podía no hacerme cargo. ¿Lo iba a dejar a él y yo qué iba a hacer? ¿Sentarme y decirle: “Más vale que usted lo encuentre”? ¿O asumir la operación de búsqueda y rescate y conformar el Estado Mayor que armamos, con más de 4.000 personas y más de cinco países? ¿Cómo iba a dejar solo al comandante de la Fuerza de Submarinos? El trabajo de búsqueda, aunque resultó malogrado porque ya no había posibilidades de rescatarlos, fue ponderado por todos los países.

—¿Creés que la Armada reconoció internamente ese trabajo?

—No.

—¿Qué recordás del momento en que, el 22 de noviembre, recibiste de la Marina de los Estados Unidos la información sobre el evento hidroacústico compatible con una implosión?

—Que las posibilidades de sobrevida eran prácticamente nulas.

La decisión que tomé fue duplicar todos los cálculos para ofrecerles a las familias la certeza de que no estábamos abandonando a los tripulantes.

El cierre del caso SAR lo dispuse el 30 de noviembre, después de haber superado el ciento por ciento de las posibilidades de sobrevida. También había más de 1.500 personas desplegadas en el mar y mantenerlas ahí implicaba riesgos.

—¿Por qué se te acusó de ocultarle información al entonces jefe de la Armada, Marcelo Srur?

—No lo sé, porque la información siempre fue entregada. Él fue quien le ocultó información a la política al decirles que el submarino tenía un problema de comunicaciones, cuando nosotros ya habíamos lanzado la operación SUBMISS -de búsqueda y rescate del submarino-. También le dijo al secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, el licenciado Horacio Chighizola, que había “un 70 por ciento de probabilidades de encontrar al buque” porque presentaba un problema de comunicaciones, aun cuando nosotros ya habíamos realizado dos vuelos sin detectar la nave en superficie.

—¿Por qué la búsqueda de los restos del submarino terminó en manos de una empresa privada?

—La Armada, por sí sola, no tiene capacidad para realizar ese tipo de búsquedas. No contaba con los medios necesarios. Sin embargo, el 5 de diciembre de 2017, la Armada del Reino Unido nos había ofrecido ese tipo de vehículo para explorar o descartar la zona que aún faltaba revisar: los cañadones. El resto de la plataforma ya había sido técnicamente descartado, porque habíamos logrado identificar objetos de menor tamaño que el submarino en cada una de esas áreas. Los cañadones eran los únicos sectores a los que no podíamos ingresar por falta de medios idóneos, que fueron los que después utilizó Ocean Infinity.

La Marina británica nos ofreció esos medios el 5 de diciembre. Yo se lo informé a Srur ese mismo día y, el 7, me suspendió del servicio. Nunca se avanzó con ese ofrecimiento. No me consta por qué.

—¿A qué se refirió tu abogado en su alegato de clausura cuando dijo que los acusados y las familias fueron víctimas de “los juegos perniciosos de la política”?

—Fue una evaluación que hizo sobre el manejo posterior a la pérdida de contacto con el submarino.

El caso se utilizó políticamente en la disputa entre los dos principales partidos de entonces, que intentaron atribuirse mutuamente la responsabilidad por la tragedia.

—¿Considerás que fuiste utilizado como un fusible?

—En cinco días, dos abogados de la Armada dijeron que éramos responsables por no haber impedido la zarpada. Veinticuatro horas después, todos los medios de comunicación anunciaban que habían aparecido “los dos responsables de la tragedia”.

—Fuiste muy crítico de la instrucción de la jueza Marta Yáñez por la falta de pericias.

—Sí. Algunas de esas pericias se hicieron parcialmente recién durante el juicio.

Durante la instrucción, nosotros presentamos 89 puntos de pericia respecto de lo que luego se debatió en este juicio: cada equipo, sus componentes, las responsabilidades, obligaciones y tareas de sus integrantes. Ninguno fue considerado. La instrucción tuvo fallas muy graves.

Por otra parte, repito lo que la jueza de instrucción les dijo a mis abogados el 10 u 11 de diciembre de 2017, en Caleta Olivia: “A mí la Marina me entregó dos cabezas; ahora quiero saber si hay más”. Creo que ese comentario es revelador.

—Después de todos estos años y de haber revisado la documentación, ¿tenés alguna hipótesis sobre lo que pudo haber ocurrido entre el último contacto del buque y el horario de la implosión, a las 10:52?

—No puedo formular una hipótesis sin contar con un informe técnico elaborado por quienes tienen capacidad para hacerlo. Sería hablar sin respaldo, y no lo hago.

Para plantear una hipótesis es necesario establecer un método científico que determine cuáles son los puntos por investigar y cómo deben analizarse.

Eso también les habría permitido a las querellas transmitirles cierta tranquilidad a los familiares. Sin embargo, salvo la querella de Luis Tagliapietra, las demás no solicitaron pericias.

—¿Entendés a los familiares que decidieron querellarte?

—Sí, los entiendo perfectamente. Pero creo que fueron muy mal orientados, en el mejor de los casos. Acá les atribuyo mala praxis a los abogados y a las autoridades de la Armada de entonces.

Pensá que llegaron a asignarles la responsabilidad de determinar la posición del submarino durante la búsqueda. Es decir, les transfirieron la responsabilidad de encontrarlo, al punto de embarcar videntes y dirigirse a un área en la que era cinemáticamente imposible que estuviera el buque. Eso es perverso.

En lugar de sentarse con ellos y decirles: “Miren, los entendemos y los comprendemos, pero no vamos a buscar en esa zona porque el submarino no puede estar allí”, iban 200 millas más al norte con un vidente y un péndulo.

—¿Qué implicaron para vos estos casi nueve años?

—Un trabajo incesante para que la verdad salga a la luz y quede perfectamente claro el profesionalismo de los tripulantes. Porque, como dije antes, se los está acusando veladamente de haber sido imprudentes o de haber sido malos profesionales.

Si ellos informaron que el buque estaba en condiciones de cumplir con la tarea y se sostiene que no lo estaba, indirectamente se les atribuye la responsabilidad. Pero, como no pueden responsabilizarlos a ellos, se la atribuyen a quienes estábamos en tierra.

Tené en cuenta que toda la acusación fiscal se contradice con la opinión y la documentación provistas por el propio submarino.

—¿Qué significó en términos personales ese trabajo “incesante”?

—Un detenimiento de la vida personal, repitiendo una y otra vez, en distintos ámbitos, lo mismo que estoy diciendo ahora. Lo declaré ante la Comisión Bicameral, en el Consejo de Guerra, durante la instrucción, ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia y acá, en el juicio oral de Río Gallegos.

—¿Qué significa “un detenimiento de la vida personal”?

—Que hasta que esto no se resuelva, uno no puede seguir adelante.

—¿Te gustaría agregar algo?

—Que estoy tranquilo desde el primer momento porque hicimos las cosas como correspondía y adoptamos todas las medidas necesarias, incluso antes de que vencieran los plazos para activar el protocolo de búsqueda y rescate.

También quiero destacar que la información provista por el submarino coincide con las conclusiones de los informes elaborados un año y medio después. Todos determinaron que el ARA San Juan estaba en condiciones de cumplir la tarea asignada.

Los testigos también coincidieron en que las novedades registradas no afectaban la seguridad y que el ingreso de agua por el sistema de ventilación no tenía relación con las tareas o pruebas que se encontraban pendientes.