“No podemos tapar una tragedia con una injusticia”: el alegato de la defensa de Villamide por el ARA San Juan

“No conocemos las causas del estrago: ¿cómo defenderse de lo que no se conoce? ¿Cómo atribuir responsabilidad, o siquiera insinuarla, cuando nadie sabe qué pasó?”. Con esa pregunta, el abogado Juan Pablo Vigliero condensó este jueves el argumento central de la defensa de Claudio Javier Villamide, el excomandante de la Fuerza de Submarinos para quien la Fiscalía pidió cinco años de prisión por la tragedia del ARA San Juan.

La exposición comenzó a las 9.15 en la sede del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, ubicada en la zona céntrica de Río Gallegos, y se extendió durante dos horas y 37 minutos. Fue un alegato por momentos técnico y meticuloso, pero también vehemente, acalorado y atravesado por preguntas dirigidas a los jueces. En su tramo final adquirió un tono emotivo que dejó expuesto el telón de fondo de este largo proceso: una tragedia que golpeó a 44 familias, conmovió a la Armada Argentina y mantuvo en vilo al país entero.

“Las familias deben ser compensadas, sin dudas. Los tripulantes fallecidos deben ser recordados y honrados, sin dudas, y las lecciones que dejó la tragedia deben ser aprendidas por la Armada”, sostuvo Vigliero. “Pero esto no justifica que frente a la Justicia se condene a personas inocentes”.

Los minutos previos al inicio estuvieron marcados por la tensión propia de una instancia decisiva. Era la última oportunidad de la defensa del ex oficial Villamide para exponer sus argumentos ante el tribunal antes de que el proceso avanzara hacia su desenlace.

Vigliero caminó varias veces por la sala mientras esperaba el ingreso de los magistrados. Se sentó, e inquieto volvió a ponerse de pie y recorrió otra vez el espacio frente al escritorio que compartía con la codefensora Magalí Crespo.

Cuando finalmente ocupó su lugar, todavía a la espera de los tres jueces presentes en la sala —el cuarto magistrado participaba de manera remota—, comenzó a tamborilear los dedos sobre el escritorio. Enfrente estaban ubicadas las dos querellas y la totalidad del equipo de fiscales. El abogado ensayó por momentos ligeras muecas de risa nerviosa, mientras Villamide permanecía a su lado con el cuerpo rígido y el semblante serio.

A las 9.15 ingresaron los jueces. Todos los presentes se pusieron de pie, como ocurre al comienzo de cada audiencia. Hubo una breve reverencia, el saludo protocolar y un nuevo silencio. Vigliero tomó un sorbo de agua, ordenó sus papeles y comenzó a hablar.

Sus primeras palabras no estuvieron dirigidas a las válvulas, los reglamentos ni las pruebas técnicas que dominarían buena parte de las dos horas y 37 minutos siguientes. Eligió comenzar con una reflexión sobre quienes atraviesan los tribunales en busca de una respuesta.

“Aristóteles hacía un paralelismo entre los médicos y los abogados: los médicos tratan enfermedades físicas y los abogados, las enfermedades del alma o de las personas. Y comparaba los hospitales con los tribunales: lúgubres, con pocos recursos, donde la gente va a fallecer o a morir”, expresó.

Luego miró hacia el estrado y continuó: “En los tribunales me imagino cómo la gente -los justiciables, o quienes esperan justicia- deambula también con sus pesares. Y en el medio, los jueces, ustedes, y nosotros, los abogados”.

La introducción funcionó como una advertencia sobre el tono que atravesaría toda la exposición: el reconocimiento del dolor provocado por la tragedia y, al mismo tiempo, la convicción de que ese dolor no podía reemplazar las reglas del proceso penal.

“Este es un proceso que trae tristeza, mucha tristeza, pero también, por momentos, genera injusticia”, concluyó antes de ingresar de lleno en los fundamentos de la defensa.

Villamide, excapitán de navío destituido por un Consejo de Guerra y máxima autoridad de la Fuerza de Submarinos al momento de la implosión ocurrida el 15 de noviembre de 2017, está acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por la muerte de los 44 tripulantes.

El Ministerio Público Fiscal, encabezado por Gastón Franco Pruzán, sostuvo durante sus alegatos que el ARA San Juan había zarpado en un “estado de alistamiento precario” y en deficientes condiciones de mantenimiento. Según esa teoría, Villamide y los otros tres ex altos mandos sentados en el banquillo permitieron que la nave cumpliera una misión que incrementó indebidamente los riesgos propios de la actividad submarina.

Vigliero rechazó esa reconstrucción de manera terminante. Afirmó que el juicio no permitió establecer qué provocó la pérdida de control de la nave y sostuvo que tampoco se pudo demostrar qué conducta concreta de su defendido habría desembocado en la implosión registrada a las 10.51 de aquella mañana en el Atlántico Sur.

“Está probado que el submarino implotó. También está probado que no se pudo demostrar qué pasó”, planteó ante los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Giménez.

La distancia entre esos dos extremos -el ingreso de agua informado durante la madrugada y la destrucción del casco resistente varias horas después- ocupó uno de los principales tramos de su exposición final.

“Hay 120 minutos en los cuales no sabemos qué es lo que pasó”, dijo el defensor al referirse al período posterior al último intento de comunicación satelital de la nave.

Según consideró, el submarino debió perder el control antes de descender hasta superar la profundidad de colapso. Lo que no pudo determinarse, insistió, fue cuál fue el acontecimiento que provocó esa pérdida.

“¿Por qué se perdió el control? ¿El evento ocurrió antes e hizo que perdieran el control? No lanzaron la radiobaliza, una balsa ni hubo aceite. No soplaron los tanques.Hemos escuchado acá lo sencillo que era accionar esos mecanismos. No se hizo nada”, señaló.

Y continuó: “Evidentemente hubo algo que los atrapó, que los incapacitó. Pero no sabemos qué fue. Y si no sabemos qué fue, no podemos cargarle la culpa a nadie”.

El pedido de nulidad

Antes de avanzar sobre las cuestiones técnicas, Vigliero pidió que la acusación del Ministerio Público Fiscal fuera declarada nula. A su criterio, los fiscales no describieron con la precisión necesaria cuáles fueron las conductas concretas atribuidas a Villamide ni explicaron cómo se relacionaban con el desenlace.

“La acusación de la Fiscalía es nula”, comenzó.

Según su planteo, para ejercer correctamente la defensa era indispensable conocer cuál había sido el deber objetivo de cuidado presuntamente violado, qué omisión concreta se le reprochaba al imputado y de qué manera esa omisión había incidido en el estrago.

“Uno no puede defenderse de lo que no conoce”, repitió.

Vigliero argumentó que no bastaba con enumerar novedades técnicas, tareas pendientes o decisiones adoptadas durante los años anteriores al hundimiento. Para responsabilizar penalmente a Villamide, dijo, era necesario demostrar qué riesgo jurídicamente desaprobado había creado y cómo ese riesgo se había materializado en la muerte de los tripulantes.

“Si yo no conozco cómo desemboca el hecho, ¿cómo hago para determinar qué es lo que debió evitar?”, preguntó.

Después resumió: “Si es imposible hacer el recorrido hacia atrás, es imposible defenderse”.

El abogado también cuestionó la forma en que, según su visión, la Fiscalía presentó los testimonios y documentos producidos durante las 31 audiencias del debate iniciado el 3 de marzo.

Aseguró que el Ministerio Público “parcializó, tergiversó, seccionó y amputó” elementos de prueba documental y omitió aquellos tramos de las testimoniales que respaldaban la posición defensiva.

“El Ministerio Público no puede perseguir tozudamente solo para lograr un resultado, hacer estadística o ganar un juicio”, manifestó, y completó: “Acá están en juego personas concretas, la honra y la libertad de personas concretas”.

“La prueba es abrumadora”

De manera subsidiaria al planteo de nulidad, el abogado desarrolló la defensa de fondo. Su primera conclusión fue que el ARA San Juan se encontraba alistado y en condiciones de cumplir la misión de adiestramiento y patrulla de control de los espacios marítimos iniciada en la Base Naval Mar del Plata el 25 de octubre de 2017.

“En este proceso es abrumadora la prueba que impide el progreso de la acusación”, sostuvo.

A lo largo de las 31 audiencias del juicio declararon alrededor de 90 testigos, en su mayoría submarinistas con experiencia directa en la operación, el mantenimiento y la conducción de ese tipo de unidades. También comparecieron comandantes, oficiales superiores, responsables de arsenales, técnicos y especialistas que participaron en las distintas investigaciones realizadas después de la tragedia.

La defensa apoyó su posición en esos testimonios y en los informes técnicos incorporados al expediente. Vigliero enumeró a antiguos comandantes del ARA San Juan, exjefes de la Fuerza de Submarinos, integrantes de la Comisión Asesora creada por el Ministerio de Defensa después del hundimiento y oficiales que intervinieron en las tareas de mantenimiento y alistamiento.

Todos y cada uno de ellos “declararon bajo juramento”, reseñó.

Entre los testigos mencionó a los oficiales superiores Alejandro Kenny, Gustavo Trama, Jorge Bergallo y Arturo Marfort, cuyos informes concluyeron que las novedades y pruebas pendientes existentes al momento de la última zarpada no impedían que el submarino navegara ni anticipaban la tragedia.

“¿Por qué mentirían todos? ¿Por camaradería? ¿Todos?”, preguntó el defensor.

Luego ensayó su propia respuesta: “A lo mejor declararon todos lo mismo porque estaban diciendo la verdad”.

Vigliero destacó que varios de esos testigos revisaron durante las audiencias las planillas con el estado del material del submarino. Según señaló, ninguno concluyó que las 33 novedades y las ocho pruebas pendientes registradas antes de la partida comprometieran la seguridad náutica.

“¿Cómo desconocemos lo que dice esta tonelada de testigos?”, lanzó.

Para la defensa, uno de los errores centrales de la acusación consistió en equiparar la existencia de novedades con una falta de aptitud para navegar, en tanto “no existen unidades sin novedades”.

“Lo diferente es el calibre y la incidencia que esas novedades tenían”, explicó.

El abogado recordó también que el San Juan había realizado 24 navegaciones antes de su partida del 25 de octubre, llegó a Ushuaia el 4 de noviembre y pocos días después participó de un ejercicio de guerra antisubmarina junto con unidades de la Flota de Mar.

Ese ejercicio, realizado apenas unos días antes del desenlace, exigió el funcionamiento coordinado de los sistemas de inmersión, propulsión, detección y sigilo.

“Era un relojito suizo que funcionó, pasó por debajo de la Flota de Mar y cumplió su objetivo”, describió. “Esto ocurrió 72 horas antes. ¿Cómo podemos afirmar que no funcionaba o que era inseguro para navegar?”.

Los controles antes de zarpar

Otro tramo de la exposición estuvo dedicado a explicar el funcionamiento de las pruebas de 48 horas, el Índice del Estado del Material Naval -ICEM- y los mecanismos de control previos a cada navegación.

La Fiscalía había relativizado el alcance del ICEM y considerado que su calificación contenía un fuerte componente subjetivo. El capitán de fragata Pedro Martín Fernández, comandante del ARA San Juan, le había asignado en septiembre de 2017 un puntaje de 4,25 sobre 5, bajo la condición de “buque habilitado”.

Vigliero reconoció que existía cierto margen de valoración para establecer el puntaje, pero diferenció esa calificación de la decisión objetiva acerca de si cada sistema estaba habilitado o no.

“Lo que no es subjetivo es si el sistema, el mecanismo, el fierro, funciona o no funciona”, argumentó.

También defendió la realización de las pruebas de 48 horas previas a la zarpada. Esas tareas comprendían el control de 96 sistemas, 319 componentes y alrededor de 900 horas de trabajo, según describió.

“Las hacen los cabos de a pares, con un suboficial, para que se controlen entre ellos, porque se les va la vida”, afirmó. Ese control, relató, luego pasa a los distintos jefes de Cargo, cuyos resultados eventualmente son elevados al segundo comandante y desde ahí al titular del buque.

Para Vigliero entonces el funcionamiento de un submarino no podía reducirse a las decisiones de una sola persona. Por el contrario, suponía la intervención sucesiva de decenas de áreas, controles verticales y horizontales, y responsabilidades distribuidas entre la tripulación, el comandante de la unidad, la Fuerza de Submarinos, los arsenales y las autoridades superiores de la Armada.

“Un submarino no es una empresa individual. Es una empresa colectiva, mancomunada”, expresó. Luego agregó: “Para que un submarino salga al mar intervienen más de treinta dependencias y, al menos, tres mil efectivos: es la Armada entera”.

En esa estructura, afirmó, Villamide era “un eslabón más dentro de una organización”, ya que “el submarino no era de Villamide”.

El comandante de la unidad

La defensa volvió luego sobre uno de los debates centrales de todo el juicio: cuál era el margen de autonomía del comandante Pedro Fernández para determinar si el submarino estaba en condiciones de zarpar y para resolver las emergencias ocurridas durante la navegación.

Para la Fiscalía, el énfasis puesto por las defensas en la responsabilidad del comandante constituye un intento de trasladar hacia una persona fallecida los deberes de supervisión que correspondían a la cadena de mando.

Vigliero rechazó esa interpretación. Afirmó que no buscaba descargar toda la responsabilidad en Fernández, sino explicar la distribución reglamentaria de funciones dentro de la Armada.

“Ser el primer responsable no significa ser culpable de todo lo que pase”, indicó.

Según sostuvo, Fernández y su tripulación eran quienes conocían de manera directa el estado de la unidad, realizaban los mantenimientos de primer y segundo escalón -los que no requieren la intervención de un arsenal- y transmitían las novedades hacia la Fuerza de Submarinos.

Además, remarcó que el comandante conservaba la facultad de negarse a zarpar si consideraba que el buque no reunía las condiciones necesarias.

En apoyo de ese argumento, Vigliero recordó el testimonio del capitán de navío Sebastián Andrés Marcó, submarinista con casi tres décadas de trayectoria, quien había sido jefe de Navegación y jefe de Comunicaciones del ARA San Juan en distintos momentos de su carrera. Al momento de la tragedia comandaba el ARA Salta, era el único otro comandante de un submarino operativo de la Armada y mantenía una relación de camaradería y amistad con el capitán Fernández.

Ambos habían zarpado desde Mar del Plata el mismo 25 de octubre de 2017: Fernández puso proa hacia Ushuaia para cumplir la que sería la última misión del ARA San Juan, mientras que Marcó se dirigió a la zona de El Rincón, frente a Puerto Belgrano, para realizar ejercicios de adiestramiento con el ARA Salta.

Durante el juicio, Marcó relató una experiencia personal que, para la defensa, demostraba el margen efectivo que tenía un comandante para negarse a navegar cuando consideraba que su unidad no reunía las condiciones necesarias. Explicó que, durante una oportunidad anterior, se presentó ante el entonces comandante de la Fuerza de Submarinos y le manifestó que el buque bajo su mando no podía zarpar. La decisión fue aceptada y no recibió posteriores sanciones ni represalias.

“Si el comandante se planta y dice que no zarpa, no zarpa”, resumió Vigliero.

Y añadió: “¿Qué es esto de que habría reprimendas si un submarino no zarpa?”.

La válvula ECO-19

Uno de los pasajes más extensos estuvo relacionado con la válvula ECO-19, el mecanismo del sistema de ventilación señalado como la vía por la que ingresó el agua de mar al tanque de baterías número 3 durante la noche del 14 de noviembre.

La válvula debía permanecer cerrada mientras la nave estaba en navegación. Sin embargo, durante el debate se discutió una prueba de homogeneización de atmósfera realizada en julio de 2017, para la cual el comandante Fernández habría ordenado abrirla.

La Fiscalía consideró que ese antecedente debió activar mayores controles por parte de Villamide. La defensa respondió que no se pudo determinar si el ingreso de agua de noviembre se produjo por una falla del mecanismo, por una obstrucción, por una apertura deliberada o por un error de operación.

“Si funcionaba mal, ¿funcionó mal selectivamente dos veces en dos años?”, preguntó Vigliero.

Y enumeró las alternativas que todavía permanecen abiertas: “¿Lo obstruyó algo? ¿Un alga? No lo sabemos. ¿Se abrió para hacer una prueba? No lo sabemos. ¿No la cerraron correctamente? No lo sabemos”.

De acuerdo con el defensor, no existía ninguna Solicitud de Obra Correctiva (SOC) que advirtiera a Villamide sobre una falla persistente de la ECO-19. La válvula había sido instalada durante la reparación de media vida y se encontraba dentro del ciclo establecido para su mantenimiento.

“El evento trágico de la válvula no le es oponible a Claudio Villamide”, aseveró su defensor.

Además, planteó que el mecanismo se encontraba fuera de la competencia funcional directa del comandante de la Fuerza de Submarinos.

“No hay nada que Claudio Villamide hubiera podido hacer para evitar el desenlace de la válvula ECO-19, que estaba puesta a nueva y que estaba dentro del plazo para su recorrido”, concluyó.

El carenado y las limitaciones técnicas

Vigliero también respondió a los cuestionamientos por la demora en el ingreso del submarino a dique seco para realizar el carenado.

La Fiscalía había destacado que Fernández solicitó en marzo de 2017 concretar esas tareas vencidas y que Villamide requirió que fueran programadas para mayo de 2018.

La defensa indicó que Villamide dio curso al pedido y realizó todo lo que se encontraba dentro de sus atribuciones. También destacó que una veintena de expertos consideraron que la postergación del carenado no afectaba la seguridad para navegar.

“Fernández requirió entrar a dique y Villamide pidió el dique. Era todo lo que estaba obligado a hacer”, señaló el abogado.

La misma lógica aplicó para la autolimitación de la profundidad a cien metros, establecida a raíz de una prueba pendiente sobre el sistema principal de refrigeración.

Según Vigliero, esa restricción no convertía al submarino en una unidad insegura, sino que fijaba un margen dentro del cual podía operar con seguridad en una misión de patrulla y adiestramiento.

“Era una autolimitación preventiva de un submarino que no iba a ir a la guerra”, explicó.

También repasó la situación de los equipos de control de atmósfera, los canisters de cal soda, las candelas de oxígeno, las radiobalizas, las balsas, los trajes de escape y los sistemas de comunicación. En todos los casos, afirmó que los elementos reglamentarios se encontraban a bordo o que las observaciones formuladas no tenían relación causal con el estrago.

“Los equipos de comunicación funcionaban”, sostuvo. “El SITREP se transmitió por alta frecuencia. ¿Cómo tenía problemas de comunicación si se comunicó hasta el último momento?”.

La incidencia crítica

El mensaje de situación -SITREP- enviado por el San Juan a las 6 del 15 de noviembre fue, de hecho, otro de los elementos utilizados por la defensa.

El reporte informó que había ingresado agua por el sistema de ventilación al tanque de baterías número 3, que se había producido un cortocircuito y un principio de incendio, y que el circuito de baterías de proa había quedado fuera de servicio.

También comunicó que la nave continuaba “en inmersión propulsando con circuito dividido”, sin novedades respecto del personal.

Para Vigliero, ese contenido mostraba que, al momento de su emisión, la tripulación mantenía el control del submarino.

“El SITREP dice lo que era necesario decir en las circunstancias en las que fue emitido, y punto”, expresó.

El abogado dijo que el submarino podía navegar con un circuito de baterías dividido y recordó los testimonios según los cuales el sistema estaba preparado para esa contingencia.

También defendió el mensaje enviado por Villamide a la 1.32, mediante el cual suspendió la patrulla y ordenó regresar a Mar del Plata, en superficie o inmersión según la factibilidad que evaluara el comandante.

Según explicó, la fórmula respetó el margen de decisión de Fernández, quien era la persona ubicada en mejores condiciones para decidir cómo enfrentar el temporal y la avería.

“¿Qué mejor que un comandante de Fuerza que respete la libertad de acción del comandante de la unidad?”, preguntó.

“El diario del lunes”

A lo largo de la exposición, Vigliero mencionó en varias oportunidades lo que denominó “el síndrome del diario del lunes”: el sesgo que se produce cuando las decisiones adoptadas antes de una tragedia son evaluadas con conocimiento del resultado.

Ese razonamiento fue aplicado, especialmente, a la decisión del comandante Fernández de regresar a inmersión después de haber ventilado el submarino.

La defensa recordó que los submarinos de la clase TR-1700 fueron diseñados principalmente para navegar bajo el agua y que permanecer en superficie en medio de una tormenta también podía representar un riesgo para la tripulación.

“¿Por qué debía estar arriba y no abajo, si el comandante tenía la convicción -seguramente compartida por sus oficiales y suboficiales más antiguos- de que debía ir a inmersión?”, planteó.

Para Vigliero, no podía sostenerse que el San Juan debió permanecer necesariamente en superficie, ni afirmarse que el desenlace habría sido distinto.

“Los juicios no se llevan adelante con emociones y las sentencias no se escriben con lágrimas”, dijo en uno de los pasajes más enfáticos. “Los juicios se llevan adelante con pruebas”.

Una fuerza de elite

La preparación de la tripulación ocupó otro tramo importante. Vigliero recordó que los submarinistas deben atravesar una formación exigente y superar pruebas específicas, entre ellas el ejercicio de escape desde una estructura sumergida.

Según los antecedentes repasados en el juicio, 21 de los 44 tripulantes tenían alrededor de 18 años de experiencia en la especialidad.

“Era una tripulación experimentada, preparada, sin ninguna duda”, señaló.

También remarcó la trayectoria del comandante Fernández, quien tenía 20 años de servicio submarinista y había pasado por los distintos cargos de la especialidad antes de asumir la conducción del San Juan.

La defensa argumentó que, salvo prueba en contrario, debía presumirse que la tripulación operó correctamente los mecanismos.

“Nadie se va abajo si no sabe que va a volver a subir”, expresó con respecto a la decisión de ir a inmersión tras el incidente en el sector de baterías.

En otro momento recordó las palabras del capitán de navío retirado Jorge Bergallo, padre del segundo comandante del submarino, Jorge Ignacio Bergallo. “Tiene un hijo abajo y no tiene venganza”, afirmó Vigliero, antes de evocar que el testigo había dicho que su hijo “murió haciendo lo que le gustaba” y que la actividad submarinista “es una actividad de riesgo”.

“La gente quiere culpables”

Hacia el cierre, el tono del alegato cambió. Después de más de dos horas de planillas, reglamentos, informes técnicos, válvulas, circuitos eléctricos y responsabilidades funcionales, Vigliero se apartó del escritorio y habló sobre la dimensión humana del proceso.

Afirmó que la investigación penal estuvo precedida por una instrucción deficiente que elevó las expectativas de las familias y construyó imputaciones que, a su entender, no encontraron respaldo durante el debate.

“Sé que es difícil, porque la gente no quiere la verdad: la gente quiere culpables. Gracias a Dios, otro es el deber de los jueces, que son la última frontera que nos queda", expresó el abogado.

Luego remarcó que la obligación del tribunal no era satisfacer una demanda social, sino resolver el caso mediante la Constitución, la prueba y las reglas del debido proceso.

“El deber de los magistrados no es agradar a la gente -afirmó-. El primer deber está en la Constitución: cumplirla y asegurar la supremacía constitucional”.

También cuestionó que, para aceptar la teoría de la acusación, fuera necesario suponer una actuación coordinada de oficiales, técnicos y testigos destinada a ocultar el estado real del submarino.

“Los que fallecieron también eran marinos”, dijo, y “lo que se hundió fue una unidad de la Armada”, por lo que “esto también es un juicio a la Armada”.

Y cerró: “Yo sostengo que todo lo que ha hecho Villamide lo ha hecho según los reglamentos de la Armada, sin apartarse ni un ápice, y que se comportó de acuerdo a la regla naval, la normativa y los usos y costumbres del mar”.

El “Ulises contemporáneo”

El último tramo estuvo dedicado personalmente a Villamide, quien permaneció sentado junto a sus abogados con semblante serio durante toda la audiencia.

Vigliero lo describió como un hombre que había cumplido con aquello que la institución esperaba de él, pero que después de la tragedia fue abandonado por la misma Armada a la que había dedicado su vida.

“Villamide también es como un Ulises, en su propia odisea”, dijo.

Recordó el Consejo General de Guerra que concluyó con su destitución en 2021, las dificultades que atravesó durante la instrucción judicial y los cuestionamientos que debió enfrentar desde la desaparición de la nave.

“La Armada de entonces le dio la espalda, lo dejó en manos del Estado Mayor Conjunto y de la política, y la política lo destituyó”, sostuvo.

Según la metáfora elegida por el defensor, Villamide, “este Ulises contemporáneo”, atravesó durante casi nueve años una sucesión de obstáculos, como el personaje de Homero “que quiere volver y se va encontrando con desafíos”, señaló.

La voz del abogado se volvió más pausada. Dijo que conocía a Villamide y a su familia, que había aprendido a conocerlo durante los años de trabajo compartido y que su equipo asumió la defensa “a cambio de nada”.

Finalmente se dirigió a los jueces.

“Les pido que, en un caso en el que es abrumadora la evidencia que impide avanzar, le permitan a este Ulises volver a su casa para encontrar un poco de tranquilidad”, expresó.

Y concluyó: “No podemos tapar una tragedia con una injusticia. Este hombre es inocente”.

La defensa pidió que Claudio Javier Villamide sea absuelto libre de culpa y cargo.